Preocupante inacción ante la necesidad de aumentar las restricciones y de revisar la estrategia de vacunación

A lo largo de la semana pasada, mientras los signos de inicio de una cuarta ola de la pandemia se han sucedido día tras día, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dado muestras de una inacción preocupante que debería ser superada cuanto antes.

En efecto, desde el pasado lunes la incidencia acumulada de casos ha subido en España 11 puntos hasta situarse en 138,6 casos por 100.000 habitantes, una situación de riesgo medio según el semáforo de indicadores aprobado en su día. Varias comunidades autónomas (Asturias, Catalunya, Madrid, Navarra y Euskadi) están ubicadas en riesgo alto, y las ciudades de Melilla y Ceuta en riesgo muy alto, es decir, por encima de los 250 casos. Más aún, según los datos del viernes pasado, la incidencia acumulada subió en 14 comunidades y en la ciudad de Ceuta. Las únicas comunidades que no reflejaron un aumento con respecto al día anterior fueron Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Melilla (que mantuvo no obstante una incidencia altísima).

Sin embargo, en su reunión del pasado lunes, cuando la tendencia al aumento de los casos ya era evidente, el Consejo Interterritorial decidió no modificar las medidas restrictivas para el periodo de Semana Santa aprobadas con anterioridad, cuando estábamos en una situación epidemiológica muy diferente, es decir en la fase de descenso de la tercera ola. Ante la posibilidad de que se planteara un cierre de las actividades económicas no esenciales a partir de las 20:00h, sondeado por la ministra de Sanidad, varios consejeros y presidentes autonómicos se manifestaron en contra, en lo que en nuestra opinión es una posición de gran miopía ante el avance de los repuntes de la pandemia que observamos en España y en el resto de Europa. Particularmente enfática fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para quien “no hay que tocar lo que funciona (sic) mientras no suba preocupantemente el virus”. Afirmaciones hechas como si ese día, con 222 casos por cien mil habitantes, Madrid no fuese la comunidad autónoma con la incidencia más alta, tan solo superada por Melilla y Ceuta, y no aportase uno de cada 4 a 5 fallecimientos en todo el territorio nacional. Lamentablemente, al final de cuentas, la propuesta de la ministra ni siquiera llegó a plantearse.

Lo único en lo que parece haberse avanzado algo es en la revisión del semáforo de indicadores de riesgo aprobada este viernes por la Comisión de Salud Pública, según la cual se debería cerrar el interior de los bares en aquellos territorios donde la incidencia supere los 150 casos por cien mil habitantes y las comunidades deberían aplicar las medidas de un determinado nivel antes y no después de llegar a él. Esta revisión está bien orientada y hubiera sido muy necesaria antes de la Navidad. Pero todavía deberá ser aprobada, en su caso, por un próximo pleno del Consejo Interterritorial donde algunas comunidades ya han manifestado que se opondrán. Aun así, carecería de fuerza normativa: no pasaría de ser una mera recomendación que las autoridades autonómicas podrían o no aplicar. Todo esto resulta muy decepcionante habida cuenta de la gran cantidad de evidencia acumulada sobre el riesgo de contagio por aerosoles en interiores mal ventilados.

Por si fuera poco, el Consejo Interterritorial decidió mantener su decisión previa de limitar la administración de la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 65 años. Esta limitación resulta particularmente incomprensible cuando aproximadamente la mitad de las personas mayores de 80 años y la totalidad de las comprendidas entre 65 y 79 que no tengan patologías de riesgo seguían sin estar vacunadas, unos grupos de edad que, como es sabido, tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de enfermar, ser hospitalizados y fallecer que las personas de edades inferiores a quienes sí se les está administrando la vacunación.

Esta limitación, como se ha señalado reiteradamente, contradice el criterio de la OMS y de la Agencia Europea del Medicamento, así como la práctica de la mayoría de los países, y debería eliminarse cuanto antes. De hecho, a partir de ahora el criterio dominante para priorizar la aplicación de las vacunas debería ser la edad empezando por las personas más mayores y siguiendo con las de edades inferiores en función de las dosis disponibles. Sobre todo, porque, como las últimas informaciones parecen indicar, el ritmo de suministro de estas, si bien se incrementará durante las próximas semanas, todavía tardará un tiempo en alcanzar un volumen que permita vacunar a la velocidad deseada, algo que, según los portavoces de la Comisión Europa, sucederá solamente a partir de mediados de mayo, cuando empiece a llegar el grueso de las dosis de la vacuna de Janssen.

Si algo ha quedado claro a estas alturas es que la gestión de la compra y distribución de vacunas realizada por la Comisión Europea no ha sido capaz de cumplir los objetivos planteados, en especial con la vacuna de AstraZeneca. Sin duda las causas de todo ello son complejas y una parte de la responsabilidad recae en la farmacéutica AstraZeneca, cuya estrategia de producción y distribución está siendo muy cuestionable. Pero también ha habido oscurantismo y falta de transparencia en aspectos esenciales de los contratos e insuficiente capacidad de supervisión de las cadenas de fabricación y distribución por parte de la Comisión Europea. Tampoco ha existido un liderazgo proactivo que lleve a incrementar la disponibilidad de dosis terciarizando la producción de vacunas y/o abriéndose a considerar una suspensión temporal de las patentes.

A ello habría que añadir la débil gobernanza y la gran ineficacia de la Unión Europea en materia de sanidad internacional, caracterizada por la ausencia de criterios epidemiológicos comunes para la realización de PCR o la imposición de cuarentenas capaces de ordenar y uniformar los desplazamientos de ciudadanos comunitarios entre los distintos Estados miembros, así como la llegada de viajeros procedentes de países terceros.

La inhibición de la Comisión en este crucial asunto ha producido que cada Gobierno haya implementado sus propias medidas, a menudo contradictorias entre sí, lo que ha generado una gran confusión en la población, sobre todo en la de los países receptores, parte de la cual está viendo limitados sus movimientos dentro de su propio país, sin que esas limitaciones rijan para ciudadanos comunitarios en ocasiones procedentes de regiones europeas con peor situación epidemiológica. No puede desconocerse el efecto desmoralizador de las escenas del llamado turismo de borrachera y de las reiteradas fiestas ilegales que, un día sí y otro también, se ofrecen en los medios sin que, al parecer, los poderes públicos hayan sido capaces de impedirlas de forma efectiva hasta este momento.

En este sentido, creemos que, para asegurar la protección de la salud y en ausencia de normas o recomendaciones comunitarias, el Gobierno español debería plantearse establecer una cuarentena obligatoria a todos los viajeros procedentes de países o regiones con incidencias acumuladas superiores a 250 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días.

En resumen, llegamos a la Semana Santa en una situación complicada cuya evolución será probablemente desfavorable si no se cambia la dinámica de pasividad e inacción que parece haberse instalado en nuestras autoridades sanitarias centrales y autonómicas que, una vez más, impide anticiparse a la evolución desfavorable de la incidencia. No basta con reconocer tres meses después el error cometido al pretender salvar la navidad (con su enorme impacto en salud y en el número de fallecidos) y no rectificar ahora la estrategia cuando vuelven a aparecer serios signos de repunte.

Recordemos, además, que la proporción de población vacunada sigue siendo muy reducida (poco más del 5,3% de la población ha recibido las dos dosis). Y que eso no basta para frenar una nueva ola. Y tampoco olvidemos que si, tal como explicó el pasado jueves la ministra Darias, la variante británica da cuenta ya de al menos el 50% de los nuevos casos (aunque en varias comunidades se supera de largo esa cifra), eso significa que el potencial de expansión de esta nueva variante, de dos a tres veces más contagiosa que la anterior, sigue siendo muy grande.

Estos dos elementos, que probablemente seguirán operando durante las próximas cuatro a seis semanas, obligan a insistir, por muy fatigados que estemos o muy impopulares que resulten las acciones, en la necesidad de reforzar las medidas no farmacológicas de contención de la transmisión al interior de las comunidades autónomas. En particular, la restricción de la movilidad, las medidas de protección individual y una severa limitación de las actividades no esenciales en espacios cerrados, sobre todo en aquellos donde es más difícil guardar la distancia y hay que quitarse la mascarilla.

Y apuntan claramente también a que es imperativo realizar más cribados selectivos e identificar mejor la dinámica de contagio de las nuevas variantes, para seguir haciendo un diagnóstico precoz y un efectivo aislamiento de los positivos asintomáticos.

Se trata de sostener el esfuerzo necesario para propiciar una mayor conciencia y sensibilidad ante una situación que sigue siendo de riesgo. Desarrollar una mejor comunicación y una mayor pedagogía social con mensajes claros y basados en la situación epidemiológica real es una línea de acción imprescindible. Y una vez más llamamos la atención sobre los incomprensibles vacíos de información agregada que se producen durante los fines de semana y los días de fiesta. De hecho, en esta Semana Santa sería importante contar con datos diarios de evolución de la pandemia, lo que sin duda contribuiría a mantener una alta conciencia del riesgo que se enfrenta.

La primera obligación de nuestros gobernantes es decir la verdad y actuar en consecuencia, poniendo el interés de la mayoría por delante de cualquier otra consideración. Consideramos que cada día que pasa sin revisar el plan de vacunación para inmunizar a las personas de los tramos de edad arriba mencionados y sin restringir las actividades no esenciales en espacios cerrados aumenta los riesgos, facilita la expansión del virus y allana el camino hacia la cuarta ola. Las consecuencias ya las conocemos. Actuemos cuando todavía hay margen.