Otro favor al PP del juez García Castellón

Hola, 

¿Qué tal tu semana? Espero que tú y tu familia estéis bien, a pesar de las pésimas noticias de estos últimos días. 

Yo estoy horrorizado. Consternado ante lo que está pasando estos días en Palestina e Israel: ante la sangrienta matanza de civiles por parte de Hamás; ante la nueva e indiscriminada venganza puesta en marcha por Israel. Me siento impotente también, en la vigilia de una segura invasión de la franja de Gaza por parte del ejército israelí que solo va a traer aún más muertos inocentes. Incapaz de hacer nada para evitar una masacre, otra más.

Me es más sencillo empatizar con el dolor de esta guerra frente a otras porque conozco Palestina. Viajé allí en diciembre de 2016. Y cuando ves con tus ojos las consecuencias directas de una ocupación que ya dura más de medio siglo –y de la que emana toda la violencia posterior, que no empezó hace una semana– es muy difícil no ponerse en la piel de una población arrollada por una de las injusticias más sangrantes de la historia reciente. La usurpación de sus casas y sus tierras, la permanente vulneración de sus derechos más elementales, o el abandono casi total de la comunidad internacional, que allí tolera el pisoteo sistemático de las resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional –mientras blande esos mismos argumentos ante otros conflictos, en un hipócrita doble rasero moral–.

Un ejemplo reciente. Hace unos meses, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen tachó de “crímenes de guerra” los ataques rusos contra las infraestructuras civiles de Ucrania. “Los ataques con el claro objetivo de dejar sin agua, electricidad y calefacción a hombres, mujeres y niños con la llegada del invierno son actos de puro terror y tenemos que llamarlos así”, decía Von der Leyen, con toda la razón. ¿Cómo definir entonces la decisión que ha tomado Israel de cortar la electricidad, el agua y los alimentos a los dos millones de personas que viven en Gaza, y a las que el ministro de Defensa israelí califica de “animales humanos”? No escucharás a Von der Leyen calificar de “puro terror” o “crimen de guerra” esta actuación. El viernes estuvo en Israel, donde dio un respaldo cerrado al gobierno israelí. 

Me niego también a justificar o minusvalorar los terribles asesinatos de Hamás, su brutal actuación. Esta organización terrorista representa lo opuesto a un futuro o una solución para el pueblo palestino. Es un horror que existe y se alimenta de la putrefacción que ha supuesto convertir Gaza en un enorme campo de concentración.

Hace unas horas, el presidente de Israel, Isaac Herzog, acusó a los palestinos de Gaza de ser responsables colectivos de los crímenes de Hamás por no haberse rebelado contra su gobierno. Es una manera de convertir a todos ellos, a dos millones de personas, en cómplices de los asesinatos de Hamás. También una manera de justificar todos los asesinatos de civiles palestinos que están por llegar. Es la misma lógica siniestra que aplica Hamás. 

En elDiario.es contamos con varios de los mejores especialistas en Oriente Medio de toda la prensa española. Te recomiendo, si no los has leído ya, este artículo de Olga Rodríguez, una periodista que ha recibido numerosos premios por sus reportajes de Gaza y por su cobertura de la Guerra de Irak. O los que está publicando Iñigo Sáenz de Ugarte, que durante un tiempo fue corresponsal en Israel. O este otro de Enric González, que también fue corresponsal en Jerusalén. O este de Javier Valenzuela, que fue corresponsal en Beirut. Y también esta columna del periodista israelí Gideon Levy, que escribe en el diario progresista Haaretz y es una de las pocas voces críticas, dentro del país, con la ocupación de Palestina y el belicismo del gobierno ultra de Benjamin Netanyahu.

Pero hoy no quiero hablarte solo de Gaza, Palestina o Israel. Hay otros compañeros en elDiario.es que están más cualificados que yo. Mi carta de hoy va de otro tema. Del enésimo favor al Partido Popular por parte del juez Manuel García Castellón.

La Kitchen, al banquillo

Es probable que ni siquiera seas consciente. Es probable que esa fuera la intención. Pero justo este viernes, al final de la mañana, en mitad del puente del 12 de octubre, la Audiencia Nacional decidió mandar al banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy. El exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, el director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, el famoso comisario Villarejo y otros altos cargos y agentes de la Policía Nacional serán juzgados por el espionaje a Luis Bárcenas.

Supongo que recuerdas los datos básicos de esta historia. El Gobierno del PP usó todo el poder del Estado, los fondos reservados y a la propia Policía Nacional, para tapar su corrupción. Para espiar al extesorero del partido e intentar destruir las pruebas que guardaba, que supuestamente implicaban a Mariano Rajoy.

Para ello, sobornaron al chófer de Luis Bárcenas para que le espiara, a cambio de 2.000 euros al mes en dinero de los fondos reservados y la promesa (que cumplieron) de una plaza en la Policía Nacional. Y esto fue solo una parte de la operación. Para la historia tragicómica de España queda ese asalto que protagonizó un confidente de la Policía disfrazado de cura, que secuestró a la familia de Bárcenas con una pistola de fogueo, al grito de “¡dónde está el puto pen drive!”.

La operación kitchen fue un éxito. Al menos para el PP. Consiguieron encontrar el escondite de la mochila donde Luis Bárcenas guardaba esas pruebas comprometidas para el partido y destruir todo lo que había allí. Dejaron al extesorero sin munición. 

Todo esto pasó hace una década. Diez años ya. Y la instrucción de este caso de corrupción es el ejemplo perfecto de algunas de las cosas que no funcionan en la Justicia de este país. 

Para empezar, quién es el juez que ha llevado la investigación hasta hoy: Manuel García Castellón. Un juez que debe casi la mitad de su carrera, 17 años de sueldo, a dos nombramientos discrecionales de gobiernos del PP.

García Castellón llegó a la Audiencia Nacional en 1993. Primero como juez de refuerzo: una plaza que suele decidir el CGPJ de forma discrecional. Después como sustituto de Baltasar Garzón, en el Central número cinco, cuando este juez se presentó en las listas del PSOE. Más tarde como titular del Central número seis.

Pero siete años después, García Castellón abandonó ese juzgado. Guardándose la plaza para más tarde, eso sí. En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar le ascendió a uno de los puestos más cotizados y mejor pagados de la administración de Justicia: juez de enlace en Francia.

En un lugar donde se trabaja poco y se gana mucho, una suerte de embajada judicial. Actualmente el sueldo supera los 130.000 euros anuales.

En el BOE aún se puede consultar el nombramiento de García Castellón a este dulce destino en Francia. Lo firma una persona que sale mucho en esta historia. Tal vez te suene: el entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

Dato importante: en aquel momento, García Castellón apenas se manejaba en francés.

En París estuvo doce años. Cuando llegó el gobierno de Zapatero no lo quisieron cambiar –explican fuentes de aquel Ejecutivo– para que no volviera rebotado a la Audiencia Nacional. Y en el año 2012, recibió un segundo nombramiento. Otro del siguiente gobierno, del Partido Popular: juez de enlace en Italia, por nombramiento del Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy.

Tampoco sabía italiano. ¡Era sin duda el candidato ideal!

Tener al titular del juzgado número seis de instrucción de la Audiencia Nacional conociendo Europa tenía sus ventajas. Mientras estaba allí, el Consejo General del Poder Judicial podía nombrar a un sustituto provisional. Casi a dedo. Hubo un momento, durante el gobierno del PP, en que tres de estos seis juzgados centrales de la Audiencia Nacional tenían a sus titulares de jueces de enlace en el extranjero. Y así el Poder Judicial, que controlaba el PP, podía nombrar a los jueces que quisiera en estos delicados puestos. 

Ese fue el caso, por ejemplo, de Pablo Ruz. Que fue el instructor de la Gürtel con prórrogas de seis meses en el central número cinco. Hasta que le dio por ordenar un registro en la sede del PP… y ya no le renovaron. 

Todo iba bien (para el PP) hasta que uno de estos jueces –Eloy Velasco– se mosqueó, y empezó a remover algunos de los casos de corrupción más inquietantes para el PP. Es en ese momento cuando se produce una clarificadora conversación entre el expresidente de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana, que fue grabada por la investigación judicial, en noviembre de 2016.  Y donde ambos políticos planean cómo quitarse de encima al incómodo juez Velasco. 

La frase es tan brutal que si alguien la pusiera en el guión de una película parecería una exageración. Pero es un entrecomillado literal.

¡Que venga el titular, coño! Dicho y hecho.

Apenas unos meses después de que Zaplana y González tuvieran esta  conversación fue justo eso lo que ocurrió. Tras 17 años en París y Roma, Manuel García Castellón pidió la vuelta a Madrid, a su juzgado de instrucción en la Audiencia Nacional. Lo que en la práctica suponía presentarse voluntario a un descenso laboral. Como expliqué en su momento, en este otro artículo: El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más.

¿Puede un juez que ha sido favorecido con nombramientos discrecionales del Partido Popular investigar los casos de corrupción de este mismo partido con una mínima apariencia de imparcialidad? ¿Alguien que ha cobrado 17 años un altísimo sueldo en puestos elegidos a dedo por el PP?

Desde su vuelta a la Audiencia Nacional, los hechos son los que son.

García Castellón es el juez que desimputó a Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid. El marrón se lo comerán todos los demás, incluyendo su pobre jefa de prensa, a la que piden varios años de prisión. Esperanza Aguirre fue dopada a todas las elecciones autonómicas, con financiación ilegal –a todas, desde el tamayazo de 2003–. ¡Pero ella no sabía nada! 

García Castellón es también el juez que archivó la causa contra Cristina Cifuentes, acusada de los delitos de prevaricación y cohecho por adjudicar un contrato en la Asamblea de Madrid a uno de los donantes en B del Partido Popular. Cifuentes también formaba parte de la dirección de Fundescam, la fundación opaca del PP de Madrid que usó el partido para recibir donativos ilegales y pagar después parte de los gastos de campaña a la Gürtel. Tampoco tiene ninguna responsabilidad.

García Castellón es también el juez que desimputó a María Dolores de Cospedal y a su marido del caso Kitchen. Tampoco quiso investigar más, a pesar de los audios que demuestran que la entonces secretaria general del PP se reunió con Villarejo para ver cómo parar “la libretita” de Luis Bárcenas. Lo que finalmente acabó pasando poco después de aquellas reuniones, con Villarejo como protagonista de la operación.

Unos audios que también demuestran que María Dolores de Cospedal mintió ante el propio García Castellón, en la Audiencia Nacional, cuando aseguró que no había encargado nada al comisario.

García Castellón es el juez que ha instruido el caso Kitchen, un caso que, en resumen, va de cómo el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó a la Policía para borrar pruebas contra Mariano Rajoy. Pero lo ha hecho sin citar siquiera como testigo al máximo responsable de ese gobierno, y máximo beneficiado de esa ilegal operación: el propio Mariano Rajoy.

No es que no lo cite como testigo o imputado –como le han pedido las distintas acusaciones–. Es que ni siquiera le pone por su nombre en sus autos. “Ninguna diligencia permite sostener” –asegura el juez– “que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”. Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.

En palabras de la Fiscalía Anticorrupción, en el caso Kitchen, sobre García Castellón: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”. Una línea roja, para proteger a Mariano Rajoy. 

García Castellón es también el juez que ha estado dilatando esta investigación judicial, sin que esté muy claro el porqué. Porque hace ya más de dos años –en el verano de 2021– desde que García Castellón dio por concluida la investigación de la Kitchen. Y hace ya más de ocho meses que la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones presentaron su petición de penas para todos los imputados. El último paso –mandar al banquillo a los acusados– lo ha dado al fin este viernes. Poco después de que la Fiscalía le apremiara para que lo hiciera de una vez. 

Como consecuencia de tanto retraso, el fiscal de Anticorrupción que llevaba este caso no llegará al juicio. Miguel Serrano ha pedido el traslado a otra plaza. Es sin duda una buena noticia para todos los imputados.

García Castellón el viernes también comunicó otra decisión: rechaza que el PP se haga cargo de las indemnizaciones por el espionaje a Bárcenas, como pedía la acusación del PSOE. Si alguno no puede pagar, tendrá que asumirlo la administración. Es decir, todos los españoles con nuestros impuestos.

García Castellón, tan cuidadoso siempre con el PP, es el mismo juez que ha intentado todo tipo de causas contra los dirigentes de Podemos. Casi todas han quedado en nada, tras varios reproches de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Intentó acusar a nueve dirigentes de este partido: solo sigue abierta una rocambolesca historia contra Juan Carlos Monedero basada en acusaciones sin pruebas de un exdirigente del servicio secreto venezolano que quería evitar su extradición a EEUU.

Mientras busca terrorismo independentista, o las cosquillas a Podemos, García Castellón ignora otros asuntos que sí le deberían de ocupar

García Castellón es también el mismo juez que mantiene desde hace tres años una investigación secreta por “terrorismo” contra Tsunami Democràtic, la web que usaban para organizar sus protestas los independentistas –en contra del criterio de la Fiscalía, que cree que terrorismo allí no hay–. Problema: que si no es terrorismo, no sería competente de esta historia la Audiencia Nacional, así que García Castellón lo tendría que dejar en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Mientras busca terrorismo independentista, o las cosquillas a Podemos, García Castellón ignora otros asuntos que sí le deberían de ocupar. Las otras operaciones parapoliciales que puso en marcha el Ministerio del Interior durante los años de Jorge Fernández Díaz. Empezando por la “operación Catalunya”, contra los líderes independentistas. O las campañas contra Podemos de esa misma “policía patriótica”. En estos temas, prefiere no indagar.

García Castellón es también el juez especialista en comunicar sus decisiones más polémicas en los días en los que casi nadie mira. Algo que ahorra muchos problemas al Partido Popular.

El archivo de la investigación de la Kitchen fue el 29 de julio de 2021: el penúltimo día antes del cierre de la Justicia por vacaciones de verano. 

La desimputación de Aguirre, el 14 de octubre de 2022: el viernes del puente del 12 de octubre del año pasado.

Y ahora sienta en el banquillo al exministro de Mariano Rajoy. A uno de sus colaboradores más cercanos. Jorge Fernández Díaz fue su mano derecha en los años en los que Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas. La noticia llega otra vez el viernes del puente del 12 de octubre.

Con la cantidad de días que tiene el año, ¿a ti no te extraña tanta casualidad? 

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leer esta larguísima carta hasta el final. Espero que tengas un buen fin de semana y ojalá los próximos días tengamos buenas noticias que comentar. 

Mil gracias también por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo, 

Ignacio Escolar