Crónica

El grupo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife a la oposición: “Usted a nosotros no nos fiscaliza”

“Usted a nosotros no nos fiscaliza; quien nos fiscaliza a los concejales del grupo de gobierno son los servicios jurídicos de esta casa y la intervención municipal. Usted hace oposición, que es una cosa distinta”. De este modo se expresó en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Carlos Enrique Tarife Hernández, primer teniente de alcalde, concejal de Gobierno del Área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos y líder local del Partido Popular. Sus palabras, que no fueron ni siquiera matizadas por su socio en el gobierno, se dirigían a la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, que encabeza el grupo municipal más nutrido de la Corporación por haber sido la lista más votada en las últimas elecciones locales de 2023.

Desde que a finales del año pasado el grupo de gobierno recibiera un duro cachetón de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se mascullaba la venganza. Coalición Canaria y el PP no han encajado con deportividad esa derrota judicial que les insta a ser más escrupulosos, no solo con el reglamento de funcionamiento de la Corporación, sino también con la obligación de respetar los derechos constitucionales de los concejales y concejalas con quienes comparte responsabilidades municipales.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse al anterior mandato, el tan accidentado mandato de 2019-2023, que incluyó no solo la pandemia por COVID-19, sino también una polémica moción de censura que acabó con el primer gobierno municipal sin la presencia de Coalición Canaria en el poder. Cuando Patricia Hernández (PSOE) alcanzó la alcaldía tras ganar las elecciones, todos supimos que la oposición había sido maltratada durante los últimos cuarenta años de democracia. Entre otras cosas, no existía la figura del liberado, es decir, uno o varios concejales de los grupos de oposición dedicados exclusivamente a su trabajo municipal con salario del Ayuntamiento, como ocurre en todos los grandes municipios de España.

Coalición Canaria había perdido la alcaldía y el poder, y su cabeza de lista, José Manuel Bdermúdez, se quedaba en el paro, sin oficio ni beneficio. Así que la primera petición de CC fue que se reformara el reglamento para que se permitiera a los líderes de los partidos de oposición dedicarse en exclusiva a ese cometido. El PSOE y su socio, Ciudadanos, accedieron, como no podía ser de otro modo, dada la práctica habitual en todos los ayuntamientos de cierto tamaño, como el que tiene el de la capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 208.000 habitantes.

Sin embargo, la pandemia y, en su contexto, la maquinación operada desde fuera del Ayuntamiento para devolver el poder a CC mediante la renuncia de un concejal de Ciudadanos y su sustitución por una tránsfuga que cambió de inmediato de bando, dio al traste también con la reforma del reglamento. Sin embargo, la promesa de Hernández se mantuvo tan viva que trascendió a aquella escaramuza para llegar como propuesta de nuevo reglamento al actual mandato. Así las cosas, con la socialista en la bancada de la oposición a pesar de haber ganado las elecciones, Coalición Canaria y el PP sacaron adelante la reforma del reglamento conteniendo no solo la liberación de concejales de la oposición, sino también aspectos que nadie pensó que fueran a ser inicialmente conflictivos, como el número de preguntas permitidas a la oposición en los órganos de control y en el pleno. Y, sobre todo, cuántas preguntas a formular y a contestar de modo oral o de modo escrito. Y ese ha sido el detonante del nuevo escándalo.

La designación de José Alberto Díaz-Estébanez como portavoz de Coalición Canaria ya hacía prever conflictividad en los plenos, es decir, en aquellas sesiones abiertas al público, con retransmisión vía telemática o con la presencia de medios informativos. Díaz-Estébanez es uno de los más conflictivos y provocadores operarios de Coalición Canaria, para quien trabaja de modo ininterrumpido desde 1993, bien como cargo electo o bien como cargo de libre designación cuando las urnas no le han sido propicias. En 2023 regresó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de nuevo como concejal de Hacienda, el mismo puesto desde el que firmó el pago del pelotazo de Las Teresitas, que costó prisión al que fuera su alcalde, Miguel Zerolo, y que a él le pasó rozando.

Díaz-Estébanez es un hooligan incontrolable al que su partido deja hacer aunque descalifique sus modales en la intimidad. Y en un enfrentamiento con Patricia Hernández, no iba a ser un moderado. 

Él es el directo responsable de la condena al Ayuntamiento por vulnerar los derechos de la oposición limitando y corrigiendo el número de preguntas y respuestas a contestar por escrito u oralmente en los órganos de control y en el pleno que pueden formular los partidos de la oposición. Impuso su criterio en un grupo de WhatsApp del que forman parte los grupos de la oposición y el secretario de la Corporación. Él decidió que debía ser el elegido para interpretar el reglamento de funcionamiento a su antojo, y el TSJC le hizo saber a él y al alcalde que no es así.

Vulneración de derechos fundamentales

“No es comprensible desde ningún parámetro válido de interpretación jurídica que se confunda una norma de mínimos (mínimo 5 orales) con una supuesta facultad del Alcalde para restringir el Estatuto Jurídico del Concejal, su derecho fundamental de participación política y su función como fiscalizador de la acción del gobierno que es a la vez derecho y obligación ante los ciudadanos que representa. Proceder como se ha procedido supone que es el poder el que controla a la oposición y no al revés, algo insostenible en un Estado social y democrático de Derecho”, dice literalmente la sentencia del TSJC.

Y por si esa amonestación fuera poca, la Sala de lo Contencioso-Administrativo le recuerda que es el propio Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) de ese Ayuntamiento el que deja muy claro que “al menos la mitad de las preguntas deberán ser respondidas de forma oral en el Pleno”, lo que, a su entender “no se puede inducir racionalmente que el alcalde está facultado para cambiar las preguntas de orales a escritas contraviniendo así el artículo 102.4 de la LEMUC y el artículo 97.7 del ROF y en contra de la mayor efectividad del derecho fundamental de participación política de los concejales”.

Lejos de aprender la lección, el grupo de gobierno en Santa Cruz de Tenerife decidió que esa resolución judicial no debía afectar a su trato a la oposición. Y una concejala del PP, en concreto Alicia Cebrián, responsable de Deportes, decidió que podía tomarse la justicia por su mano en una comisión de control en la que debía contestar por escrito el requerimiento en tal sentido de la oposición. En concreto se le había pedido algo tan técnico y tan poco político como datos sobre el cepillado del césped artificial en los campos de fútbol dependientes del Ayuntamiento. Ella por su cuenta decidió que era una pregunta que podía contestar oralmente, y a ello se puso a relatar campo por campo cómo ha sido el cepillado del césped artificial, como quien canta los números del gordo de Navidad.

La oposición montó en cólera y la portavoz socialista llegó a acusar a la concejala de pretender tratar a la oposición como si fuera el personal de servicio a disposición de su familia, que debe ser de muchos posibles. La llamaron clasista y algunas otras lindezas más, lo que ofendió enormemente al Partido Popular y a Coalición Canaria.

Y de aquella bronca, la del último pleno.

“Ninguna mala acción queda sin justo castigo”, dijo el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, para enmarcar el debate que se abrió llegado el punto de asuntos de urgencia del más reciente pleno de la Corporación. Se refería al enorme cabreo que parece haber suscitado en las filas del grupo de gobierno, particularmente en el del Partido Popular, el ya referido rifirrafe entre su concejala de Deportes y la portavoz socialista.

Así que, sin ni siquiera encomendarse al secretario del pleno, que se lo desayunó allí mismo, el grupo de gobierno se remangó y se metió en el charco de que se debatiera en asuntos de urgencia una moción oral según la cual se debía votar la suspensión del reglamento municipal de funcionamiento del pleno y otros órganos de control. Sin un solo papel, sin una propuesta alternativa: lisa y llanamente dejar en suspenso el reglamento porque no opera a favor del grupo de gobierno. No le gusta el que hay, pero mucho menos le gusta que con ese reglamento en la mano, la justicia le haya hecho un feo. Así que, lo mejor es cargarse el reglamento y, de paso, acabar no solo con la polémica del número de preguntas orales o escritas puede formular la oposición, sino de paso, lo que verdaderamente está en el fondo de la cuestión: retirarle los concejales liberados. Salvo que se avengan a las imposiciones que el grupo de gobierno quiera hacer porque, como recuerdan sus portavoces permanentemente, tienen la mayoría, los catorce votos necesarios para que todo vuelva a ser como siempre que ha gobernado Coalición Canaria.