La presión humana desborda parajes naturales en Gran Canaria y pone en riesgo a especies endémicas

Varias personas en el barranco de Azuaje un domingo.

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

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Sin espacios en los aparcamientos cercanos al Roque Nublo, visitantes que han decidido recorrer los parajes del emblemático monumento natural de Gran Canaria estacionan sus vehículos al borde de carriles estrechos. El paisaje árido contrasta con el verdor fruto de las lluvias invernales que han dejado imágenes de barrancos en los que discurre el agua y embalses por encima de su nivel habitual. Las estampas dibujadas en el parque rural y en otros entornos, como la Reserva Natural Especial de Azuaje, el barranco de Los Cernícalos o Los Tilos de Moya, suponen un aliciente para numerosas personas que los fines de semana deciden recorrer sus senderos y, al mismo tiempo, una alternativa de ocio ante las restricciones impuestas en la isla por la pandemia de coronavirus. La asociación La Vinca Ecologistas en Acción ha mostrado su preocupación ante el riesgo de que puedan resultar afectadas especies endémicas y ha alzado la voz para que el Cabildo de Gran Canaria incremente la vigilancia y el control de unos espacios “saturados más que otros años”. Una percepción que la Corporación Insular confirma: “Hay un desborde exagerado de personas”, asegura Inés Jiménez, consejera de Medio Ambiente, una circunstancia que achaca “a la realidad actual”. 

Mario Marrero, miembro de la asociación ecologista, asegura que esta situación se repite desde las lluvias de octubre y, con mayor detalle, explica que en el barranco de Azuaje, ubicado entre los municipios de Moya y Firgas, existen unas normas recogidas en el Plan Director que se están incumpliendo, en referencia al uso recreativo del espacio. El documento establece que la zona debe estar limitada a una “capacidad de carga adecuada para la conservación de los recursos naturales y culturales”. Marrero explica que en esta zona existen “plantas únicas en el mundo”, con reductos singulares de laurisilva, colonias de delfinos o hábitats de rupícolas en las laderas del barranco. La asociación también destaca la existencia de restos de fósiles y la presencia de agua por su cauce que forman charcas en las que se han detectado “algas únicas”. En suma, toda una serie de singularidades que el colectivo teme que puedan estar en riesgo si no se controla la afluencia de personas. “Allí es fácil ver gente paseando con perros y ahora entramos en periodo de cría de aves; es incompatible la presencia de animales domésticos sueltos”, añade Marrero.

La asociación matiza que su petición no va encaminada a prohibir el acceso a espacios naturales protegidos: “Queremos que la legalidad existente para el espacio se respete y eso debe hacerlo el Cabildo, que es el responsable de su custodia, conservación y mejora, en colaboración con los ayuntamientos”. En este sentido, considera fundamental que la ciudadanía tenga acceso a información del uso recreativo de estos parajes y, al mismo tiempo, reclama mayor presencia de agentes de medio ambiente. “Si nos bañamos en los charcos de Azuaje con protectores solares, contaminamos las aguas, a la microfauna y flora. Si no cuidamos estos espacios, los perderemos”, alerta Marrero.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria reconoce que esta situación preocupa mucho a la Corporación Insular y explica que ya han mantenido reuniones con diferentes ayuntamientos, como Firgas y Moya, y con la Delegación del Gobierno, institución de la que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Archipiélago, para aumentar el número de agentes que vigilen los espacios naturales. “Nosotros tenemos 20 agentes de medio ambiente para toda la isla”, señala Jiménez, que están ubicados en los puntos en los que se han detectado mayor número de afluencia de personas. Junto al órgano estatal, intentan multiplicar el control y la vigilancia para “evitar masificaciones en espacios protegidos y que los vehículos no aparquen en los márgenes de las carreteras, algo que genera inseguridad”.

Pero Jiménez también reconoce que en la situación actual, con la isla en nivel de alerta 3 y restricciones de aforo y toque de queda, “es complicado tomar medidas” en los espacios naturales. En algunas áreas recreativas, como San José del Álamo, han decidido cerrar el acceso porque “es imposible” controlar el aforo y llevar a cabo acciones de desinfección del espacio al ser un lugar abierto. “No tenemos capacidad de controlar que entren o no y por eso cerramos”, recuerda la consejera. También recuerda que los ayuntamientos piden más efectivos porque con la Policía Local es insuficiente; de hecho, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Telde pidió a la Corporación Insular que clausurara el barranco de Los Cernícalos “porque parecía una romería los fines de semana, pero no podemos porque es un espacio privado y porque implicaría privar a la población de un entorno natural, después de las restricciones que ya han sido impuestas”, explica Jiménez.

Tanto la asociación como la consejera coinciden en señalar que el incremento de la afluencia hacia espacios naturales protegidos durante los fines de semana es consecuencia de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia. “Con la falta de oferta de ocio de los ciudadanos por la crisis sanitaria, se ha visto saturado el espacio natural de una forma más intensa que en otros años”, manifiesta Marrero; “se pone de moda ir al campo, ver la naturaleza, pero es algo que se produce por la pandemia”, secunda Jiménez. A esto se suman las lluvias y las nieves invernales, que suponen un atractivo cada año que suele provocar un incremento de visitantes, “pero no hasta el punto de ocupar un carril entero de la carretera. Usuarios habituales que hacen ejercicio o senderismo por el barranco de Azuaje alucinan con la cantidad de gente que hay”, señala el miembro de la asociación La Vinca Ecologistas en Acción.

La consejera de Medio Ambiente asegura que “la incertidumbre y la preocupación” por la masificación de visitantes a estaciones naturales no es algo exclusivo de Gran Canaria; también le consta que “en Tenerife o en La Palma viven la misma realidad”. De hecho, en febrero el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tramitó 22 propuestas de sanción durante el dispositivo puesto en marcha durante el último fin de semana de enero ante la previsible afluencia masiva de personas en determinados espacios naturales protegidos de Tenerife, en concreto, en Chinyero (Santiago del Teide) y en el Parque Rural de Teno-Punta de Teno (Buenavista del Norte). El dispositivo se desplegó en estas zonas ante el riesgo de afección a la floración de los almendros.

Como medidas paralelas, además de incrementar la vigilancia, Jiménez dice que el Cabildo está “haciendo un trabajo de campo para potenciar los senderos y que se diversifiquen las rutas” y recuerda que existen tres partidas de 1,3 millones de euros que están en ejecución para mejorar la señalética con carteles homologados, que debe discurrir por tramos de titularidad pública o privada. “Podrían estar mejor señalizados, pero no somos los peores de Canarias en materia de senderos”, remarca la consejera. También reconoce que en estos momentos “es difícil apelar a la responsabilidad individual ante las restricciones ya impuestas” y explica que “una cafetería se puede cerrar, pero el campo difícilmente lo podemos cerrar porque no tenemos esa capacidad”. Queda “esperar a que se normalice la situación para tomar medidas más definitorias”, concluye.

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