Fragmentos informativos

¿Cuántos grupos térmicos se crearán en cada isla, con qué combustible se alimentarán, cuál será su ubicación?; ¿se va a desmantelar la central de Las Salinas en Fuerteventura, y Candelaria en Tenerife? ¿Se va a reforzar, sin embargo, la central de Jinámar? ¿Qué peso tienen las restricciones urbanísticas en cada lugar? No son detalles menores.  

Durante la última semana, la ciudadanía canaria ha visto cómo los principales periódicos de las islas publicaban información fragmentada e incompleta de la adjudicación a las empresas seleccionadas en el proceso de concurrencia competitiva para la instalación de grupos térmicos alimentados de combustibles fósiles, todo ello acompañado de la opinión del Gobierno canario. Es un tema de enorme trascendencia, no sólo por saber qué territorios y núcleos de población van a ser los damnificados por estas instalaciones contaminantes, sino también por una cuestión que nos alarma a muchos: que mientras avanza el cambio climático, Canarias no encuentre otro camino que el de reforzar sus equipos térmicos alimentados por combustibles fósiles. Persisten múltiples interrogantes sin respuesta oficial.

Se puede justificar que, al ser el proceso de concurrencia competitiva un procedimiento administrativo, conlleva una serie de pasos reglados con limitaciones informativas, y que ahora toca las alegaciones de las empresas adjudicatarias, y son las ellas las que deben disponer de la información que les afecta directamente. Vale que la prensa haya obtenido estas informaciones y las airee, es su papel; vale que el Gobierno canario tenga su opinión al respecto y la filtre. Pero, y la opinión pública, ¿en qué papel queda? Es como si de repente desaparecieran los derechos de información para la mayoría y los poderes fácticos, empresas, Gobierno y prensa se adueñaran de un proceso que nos atañe a todos, y la ciudadanía se ve relegada a espectador de un proceso decisivo para el presente y el futuro del archipiélago. 

Estamos conociendo datos sensibles y de gran trascendencia social no por vías institucionales, sino a través de filtraciones o declaraciones indirectas. Esta situación revela un problema de fondo: falta de transparencia en un asunto que marcará la vida de las islas durante décadas. Un grupo térmico no es una infraestructura inocua ni comparable a un simple emplazamiento industrial: implica emisiones, impacto acústico, efecto sobre la salud de las comunidades cercanas y condiciona la planificación territorial. Por ello, la ubicación exacta, su concentración por islas, su proximidad a áreas pobladas o su integración en centrales existentes son factores decisivos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. 

La falta de información, en este caso, se suma a un proceso tardío y con muchas dudas sobre su idoneidad, que muchos pensamos que nunca debió empezarse, por ser un torpedo en la línea de flotación de la transición energética canaria.  

Así, la información que llega no incluye la explicación de cómo estos grupos van a compatibilizarse con el avance imprescindible de las renovables, mucho nos tememos que el Gobierno canario está improvisando sobre esta cuestión ¿Se está considerando la entrada en funcionamiento de Salto de Chira para ajustar el número de nuevos grupos previstos en Gran Canaria? ¿El Gobierno canario ha tirado la toalla sobre la posibilidad de nuevas centrales de bombeo?¿Cómo se pretende compatibilizar estos grupos con las decenas de baterías stand alone previstas instalar en las islas? ¿Resolverán estos grupos el problema actual de un 16% de los vertidos de renovables? Cada una de estas cuestiones tiene profundas implicaciones ambientales, sociales y económicas. 

La transición ecológica que necesita Canarias no puede construirse sobre decisiones opacas ni sobre una narrativa donde la sociedad aparece ante hechos consumados. La planificación energética es una cuestión estructural: determina la calidad de vida, el tipo de desarrollo económico, el uso del territorio, la salud pública y la orientación real del cambio de modelo. 

Por ello, exigimos que se haga público el contenido completo de esta fase de adjudicación del proceso de concurrencia competitiva. Esta asimetría informativa no sólo es injusta: contradice los principios de participación y transparencia que deberían guiar cualquier política energética moderna. 

Si queremos una transición ecológica socialmente legitimada, el primer paso es simple y urgente: transparencia. La opinión pública canaria merece conocer con exactitud qué se está decidiendo en su nombre.