El Gobierno canario se desentiende de su concurso ilegal de ambulancias
El Gobierno de Canarias ha decidido declarar desierto este mes de octubre uno de los lotes del concurso para el servicio público de ambulancias 2008-2013 que en 2012 fue anulado en su integridad por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), el de la isla de La Palma.
La medida tomada por la Consejería de Sanidad el 3 de octubre pasado sirve de respuesta a la orden de ejecución de una sentencia de 19 de octubre de 2012 que declaró ilegal la adjudicación del servicio a Ambulancias García Tacoronte, empresa que debió ser excluida en la apertura de sobres de las ofertas por no subsanar errores en la tramitación de su aval.
La única mercantil competidora agraviada, Transportes Sanitarios de La Palma, sí fue descartada de ese lote cuyo montante ascendía a 18 millones de euros para el periodo 2008-2013. En la vía contenciosa, la Sección Primera de la Sala del TSJC le dio la razón a la demandante y obligó a la empresa pública del 1-1-2, Gestión para la Seguridad y la Salud de Canarias (GSC), a retrotraer el concurso a ese momento, y por tanto hubiese quedado como la única aspirante a la prestación del servicio.
Desde que en diciembre de 2012 el juzgado ordenara a Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) ejecutar la sentencia, las medidas tomadas desde la Consejería de Sanidad, de la que depende la empresa pública, han sido ordenar formalmente la ejecución de la sentencia en febrero de 2013, cuya medida inmediata, nueve meses después, fue reunir a la Mesa de Contratación y proponer esta que se declarara desierto el concurso.
Esa propuesta se realizó el 28 de noviembre de 2013, a un mes escaso del vencimiento del contrato con Ambulancias García Tacoronte para el periodo 2008-2013, que sigue prestando el servicio en La Palma por medio de una prórroga como a la que también han accedido otras empresas adjudicatarias en otras islas y servicios, hasta 2017, ya que la Consejería de Sanidad no tiene en su agenda sacar un nuevo concurso público que actualice las prestaciones de este.
La propuesta de declarar desierto el concurso fue impugnada por la mercantil recurrente, que de nuevo llevó al juzgado a ordenar a la administración sanitaria la ejecución de sentencia, en marzo de 2014. La respuesta definitiva de este capítulo de la polémica trama de las ambulancias en las Islas ha sido la declaración formal de dejar desierto un concurso público ya vencido y del que se ha beneficiado una empresa que no debió acceder al servicio, causando perjuicio a su contrincante.
Transportes Sanitarios de La Palma ya ha presentado ante el número 5 de lo contencioso de Las Palmas de Gran Canaria el correspondiente incidente de inejecución de sentencia, y aporta al caso una pericial en la que cuantifica el lucro cesante desde 2008 a 2013 en 4,9 millones de euros.
