Nueva Canarias impugnará una medida de los Presupuestos del Gobierno de Clavijo para 2026 que afecta a plataneros de La Palma

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, anunció este viernes la presentación de un voto particular para frenar la disposición adicional 46 bis incorporada al dictamen de los Presupuestos de Canarias para 2026 del Gobierno de Fernando Clavijo (CC), después de que la Mesa del Parlamento rechazara su petición de emitir un informe jurídico sobre la legalidad de la enmienda relativa a las ayudas al plátano en La Palma.

En un comunicado, el diputado del grupo nacionalista advirtió de que la disposición incluida, con los votos de los grupos que sostienen a Clavijo (CC, el PP, la ASG y la AHI), pone en riesgo la seguridad jurídica y patrimonial de más de 5.000 agricultores plataneros de La Palma que pueden verse obligados a devolver las ayudas recibidas.

El portavoz considera que la disposición es “palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea (UE)”, prueba de ello es que en ella acuerdan no requerir el informe de la Dirección General de Asuntos Europeos.

Luis Campos avanzó la decisión de registrar, el próximo lunes, un voto particular contra la disposición adicional 46 bis, incorporada al dictamen del Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, después de que la Mesa de la Cámara haya rechazado la solicitud de NC-BC de emitir un informe jurídico sobre la legalidad de la enmienda relativa a las ayudas al plátano en la isla palmera.

La Mesa desechó la solicitud de la formación, según Campos, al considerar que este órgano “no tiene competencias para emitir informes de legalidad” sobre enmiendas incorporadas al PL. No obstante, afirmó que NC-BC, conforme al artículo 136 del Reglamento, puede formular un voto particular que será defendido en el pleno del próximo martes, previa a la votación final de la ley.

Aseguró que el citado voto se fundamentará en los mismos argumentos jurídicos expuestos en la solicitud rechazada y cuyo eje principal es que la disposición adicional 46 bis es “palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea” que regula estas ayudas de Estado. Una normativa que, como explicó el portavoz, es de obligado cumplimiento para todas las administraciones estatal y territoriales.

Campos subrayó que la maniobra impulsada por el gabinete de Clavijo y culminada por CC, el PP, la ASG y la AHI no solo vulnera las reglas de la UE sino que además “pone en peligro” a más de 5.000 plataneros palmeros.

“Los productores cobrarán ahora, pero con el enorme riesgo”, insistió en su advertencia, “de tener que devolver las ayudas con intereses cuando la Comisión Europea verifique que no se han respetado los reglamentos europeos”.

El diputado nacionalista insistió en que la decisión de NC-BC tiene un objetivo principal y es que “estamos defendiendo la seguridad jurídica y patrimonial” de los agricultores plataneros de La Palma. “No vamos a permitir que sean expuestos a un riesgo gravísimo solo para sacar adelante una medida políticamente oportunista e incompatible con el derecho europeo”, señaló.

Recordó que la maniobra de CC, el PP, la ASC y la AHI para la incorporación de esta medida inicialmente se hizo mediante el registro de una enmienda (116) en lugar de ser incluida en el articulado del proyecto de ley que el gabinete de Clavijo remitió al Parlamento. “El fin, evitar deliberadamente los informes preceptivos de legalidad de los órganos de la comunidad (Servicios Jurídicos, Secretarías Generales y Comisión de Secretarios)”, tal y como expuso Luis Campos.

A lo que se sumó, añadió en su exposición, que una posterior enmienda in voce (P-50) de los mismos grupos añadía un nuevo apartado cuyo objetivo era suprimir incluso el informe obligatorio de compatibilidad con las normas europeas de competencia que debe emitir la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE, tal y como establece el decreto 100/1999.

Para NC-BC “estamos además ante un intento sin precedentes de anular los controles diseñados para garantizar que las ayudas públicas cumplan la normativa europea”. Es un procedimiento, para los nacionalistas progresistas, muy peligroso para los agricultores por ser ilegal.