Aplazadas las jornadas que iban a reunir a la cúpula judicial con el investigado director del Servicio Canario de Salud

La Consejería de Sanidad ha aplazado las jornadas sobre Derecho e Investigación que inicialmente tenía previsto celebrar los días 16 y 17 de septiembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria con la participación del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, como encargado de abrir el acto con la ponencia inaugural, y de destacados miembros de órganos judiciales que previsiblemente habrán de pronunciarse en distintas fases procesales sobre el denominado caso Mascarillas, en el que figura como investigado el alto cargo sanitario.

Según han confirmado a este periódico fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad, la celebración se pospone hasta el mes de diciembre. Atribuyen la decisión a motivos “organizativos y de agenda”. Hasta esta semana pasada, la única baja confirmada era la de Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Constitucional.

El acto oficial de inauguración del año judicial en Canarias se celebrará el 16 de septiembre a las 12.30, la misma fecha y hora a las que estaba programada una mesa de debate con la presencia de Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas; Antonio Doreste, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y uno de los directores técnicos de las jornadas financiadas por la Consejería de Sanidad, y Vicente Garrido, exfiscal superior de las Islas.

Esa mesa sucedía a una ponencia de veinte minutos a cargo del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado canario Manuel Marchena, sobre el tratamiento penal de la confidencialidad de la historia clínica. Según informa la dirección técnica de las jornadas, una de las razones para posponer la cita ha sido, precisamente, la imposibilidad de Marchena, ponente estrella de estas jornadas, de acudir en la fecha prevista en un principio por su coincidencia con otro acto, vinculado “con unos premios”. Fuentes oficiales del Supremo no han podido precisar a este periódico detalles de la agenda del magistrado para ese día.

La Fundación Instituto de Investigación de Sanitaria de Canarias, el organismo adscrito a la Consejería de Sanidad que organiza estas jornadas, destaca que en la cita se abordarán “los aspectos técnicos legales vinculados a la actividad desarrollada por los investigadores de Ciencias de la Salud”. El objetivo, añade, es “celebrar dos jornadas de trabajo a través de ponencias y mesas de debate que combinarán los aspectos tanto técnicos como legales que influyen en los procesos investigadores en el ámbito sanitario”.

“Estamos al margen de cualquier polémica”

La abogada María Belén García, que junto a Antonio Doreste (magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC) y Concepción Morales (magistrada suplente del TSJ de Madrid) se han encargado de la dirección técnica de estas jornadas, explica que la idea surgió en septiembre del año pasado y la organización arrancó en enero. “Son muchísimos meses de trabajo, esto no se organiza en tres días”, ha dicho respecto a la polémica suscitada por la coincidencia en un mismo acto del director del SCS y de destacados miembros de la judicatura en plena investigación del caso Mascarillas. En su querella, la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales en la actuación de Domínguez y de otros dos imputados (la exdirectora de Recursos Económicos del organismo autónomo, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González) por el polémico contrato de cuatro millones de euros para la adquisición por parte del SCS de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a su destino, los hospitales del Archipiélago. Si la causa llega a juicio, el alcance de las penas por esos delitos conduciría a celebrar la vista en la Audiencia Provincial y la sentencia podría ser recurrida ante el TSJC primero, ante el Supremo después y ante el Constitucional por último. Más allá de estas instancias, solo quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

García ha precisado que las ponencias de las jornadas fueron cerradas entre abril y mayo, meses antes de que se conociera la imputación de Conrado Domínguez en este procedimiento.

“Somos juristas totalmente autónomos. Hemos tenido libertad absoluta para elegir a los ponentes y estamos al margen de cualquier polémica”, ha afirmado la letrada, que sostiene que la Consejería de Sanidad solo ha intervenido en una de las ponencias de las jornadas, la vinculada con la investigación sanitaria, y que el resto ha sido coordinado por la dirección técnica. “Hemos contactado con los ponentes y han sido ellos mismos los que han decidido qué ponencias van a dar. El formato va a ser media hora de ponencia y media hora de debate. Hemos participado nosotros nada más”, ha redundado García, que ha lamentado que se trate de “manchar unas jornadas que tienen un interés muy importante para el futuro de la investigación médica y tecnológica en Canarias”.

La ponencia inaugural a cargo de Conrado Domínguez, sobre el futuro de la investigación en Canarias, estaba prevista desde febrero, ha explicado. “La da él como la podía dar cualquier otra persona. Nada tiene que ver con el resto de las ponencias, ni la agenda, ni el programa. No ha intervenido en absolutamente nada. Hemos hecho nuestro propio desarrollo técnico y jurídico”, ha dicho la abogada, que considera “injustas” las críticas hacia un evento que “ha costado mucho esfuerzo” y que no se puede “reducir a 15 minutos de ponencia”, en alusión a la charla del director del Servicio Canario de Salud que abre las jornadas.

García ha destacado que en el acto se abordará la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, “desconocida” incluso para muchos juristas; la modificación del Estatuto de los Trabajadores relativa a la contratación por investigación; la gestión de los fondos europeos Next Generation, o el tratamiento penal de los expedientes médicos.

Antonio Doreste, expresidente del TSJC y miembro de la dirección técnica de las jornadas, ha declinado hacer declaraciones para Canarias Ahora. “No atiendo a periodistas”, ha dicho el magistrado, que ha remitido al gabinete de prensa del TSJC.