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El primer informe canario de la Agenda 2030 reconoce que el Archipiélago está “muy lejos” de cumplir sus objetivos

Casas en Las Palmas de Gran Canaria

Toni Ferrera

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El primer informe de progreso de la Agenda Canaria 2030, publicado esta misma semana, admite que el Archipiélago todavía tiene mucho que recorrer para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que deberían cosecharse dentro de poco más de seis años. El documento es revelado poco después de conocerse que el Gobierno regional de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) ha prescindido del órgano creado por el Ejecutivo autonómico anterior, conformado por el Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), pensado en impulsar en específico estas actuaciones.

El documento reconoce que Canarias “llegó tarde”, a finales de 2019, a esta carrera de la Agenda 2030, un programa que cuenta con 17 propósitos, como poner fin a la pobreza, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, lograr igualdad de género o promover el crecimiento económico sostenido. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que pedía a todos los países miembros implantar las medidas necesarias para ello.

Las Islas, así, están “muy lejos” de lograr esos objetivos mencionados, pues no fue hasta 2021 cuando se aprobó la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, presentada a finales de año en un acto en los Jameos del Agua, en Lanzarote. Durante 2022, incide el texto, los esfuerzos se han centrado en diseñar y poner en funcionamiento la estructura de gobernanza y rendición de cuentas. Entre otras cosas, fue creado el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, pensado en servir como cauce de participación de la ciudadanía

El informe apunta que un total de 19 entidades del sector público de Canarias atendieron a la petición del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible para elaborar el análisis de progreso de la Agenda 2030 en el Archipiélago: cinco de los siete cabildos insulares (El Hierro, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote) y 13 de los 88 ayuntamientos (Adeje, Agaete, Arico, El Rosario, Fasnia, Ingenio, Moya, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tejeda, Tías, Valleseco y Villa de Mazo). El escrito matiza que esta “baja participación no debe interpretarse como sinónimo de inacción o desinterés”, ya que hay corporaciones que no contestaron al Consejo, pero sí están avanzando en este sentido, y que “el contexto de policrisis” que marcó la legislatura anterior “tampoco ha favorecido”.

No obstante, el texto pone en negro sobre blanco que también existe una “falta de compromiso y liderazgo político” en Canarias para llevar a cabo actuaciones de la Agenda y que “no son pocas las personas con puestos de responsabilidad en las corporaciones locales que han trasladado la falta de capacidad institucional para poder atender ejercicios de planificación con un mínimo de solvencia”.

De las respuestas ofrecidas por las instituciones que han participado en el informe, al menos el 50% ha desarrollado acciones de sensibilización entre su ciudadanía para dar a conocer la Agenda canaria 2030, tan solo el Gobierno canario y tres cabildos realizaron actuaciones de formación y capacitación y, por otro lado, solo cuatro administraciones cuentan con sus propios indicadores para la medición de los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, por lo menos desde el sector público, el documento refleja que aún queda mucho por caminar.

En este contexto, en el que Canarias está “muy lejos” de dar cumplimiento a los 17 propósitos, el Gobierno canario de CC-PP ha decidido prescindir de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, órgano que dependía de la Viceconsejería de Presidencia y que tenía encomendada la “promoción y realización de investigaciones sobre el desarrollo sostenible de las Islas, así como apoyo técnico al presidente [del Archipiélago] en la coordinación de las políticas” en este ámbito. También, tal y como indica la memoria de las cuentas canarias para 2023, “se alineará con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, los que estipula la Agenda 2030.

Ahora, no obstante, el Ejecutivo regional ha creado la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos. También dependerá de la Viceconsejería de Presidencia. Pero, en este caso, sus competencias están centradas en la “coordinación y seguimiento de los proyectos estratégicos que se aprueben por la Presidencia del Gobierno”. Ni una sola mención en concreto a los ODS o a la Agenda en cuestión. 

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