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Más de 9.000 menores con problemas de desarrollo aún esperan por una red pública de atención temprana en Canarias

El Archipiélago es la única Comunidad, junto a Ceuta y Melilla, que no cuenta con esta red desarrollada. En abril se aprobó la Ley de Atención Temprana, pero los procesos electorales no han permitido apreciar avances

Los recursos actuales son insuficientes. “Mi hija de 8 años, con un trastorno en el habla, solo recibe media hora a la semana de logopedia”, lamenta una madre. A una familia le cuesta como mínimo unos 200 euros que su hijo o hija pueda contar con recursos para su desarrollo, explica otro padre

Las familias que integran la Plataforma de Atención Temprana, que lucha por una mejor calidad de vida para los menores, reprochan a la anterior consejera de Políticas Sociales que no aparezcan 5 millones prometidos para desarrollar esta red. Ella asegura que el dinero fue transferido a los cabildos

El director de Dependencia, Miguel Montero, explica que esta promesa se traduce en unas 52 plazas más, pero está muy lejos del compromiso de CC y afirma que se está agilizando la convocatoria de ayudas a las asociaciones

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Canarias es la única comunidad sin tener desarrollada aún una red de atención temprana pública.

Canarias es la única comunidad sin tener desarrollada aún una red de atención temprana pública.

Canarias se encuentra a la cola desde hace décadas en la prestación de servicios sociales, pero si hay algo en lo que esta región siempre se ha caracterizado por estar a años luz de otras comunidades es en la atención temprana a menores que presentan algún tipo de problema en el desarrollo. Las familias aún esperan por una red pública que garantice un diagnóstico precoz y permita prevenir para que no se potencien en el futuro las dificultades que pueden detectarse en la infancia como trastornos en el habla, déficit de atención, problemas emocionales… Diferencias que no siempre están relacionadas con una discapacidad y que, de actuar a tiempo, puede evitarse que se desarrollen y conseguir que estas personas sean autónomas. 

Se trata de una realidad que viven en el Archipiélago más de 9.000 menores, según cuantifica la Plataforma de Atención Temprana, formada por familias que luchan por una mejor calidad de vida para sus hijos e hijas y por lograr políticas efectivas desde la administración pública. Desde el pasado mes de abril, Canarias cuenta con una ley específica para desarrollar esta atención, aunque los procesos electorales no han permitido que se puedan apreciar avances. 

Los recursos actuales son insuficientes. “Mi hija de 8 años, con un trastorno en el habla, solo recibe media hora a la semana de logopedia”, lamenta Ana Olmeda, una de las madres que integran la plataforma. A una familia le cuesta como mínimo unos 200 euros que su hijo o hija pueda contar con recursos para su desarrollo, explica otro miembro de la plataforma, Miguel Llorca. Por ello, piden que la red permita una detección precoz desde el parto y que exista apoyo sanitario, educativo y social de forma pública y gratuita, como sucede en otras comunidades autónomas. 

Hay mucha falta de pedagogía con este tema ya que se confunde muchas veces con la discapacidad y no todos los niños con una dificultad específica en su desarrollo presentan una discapacidad como tal. De hecho, un 50 o 60% no la tiene, señala Ana Olmeda y, de ahí, la importancia de la atención temprana. La idea es que con esta red de recursos estos menores lleguen a la vida adulta siendo personas autónomas. Cuando hablamos de atención temprana además muchas veces olvidamos que hay muchos menores en riesgo de padecerlo porque sufren violencia intrafamiliar, han sufrido en el parto, se encuentran en situación de exclusión social….hay numerosos factores además de genéticos. 

Los familiares lamentan la falta de reglamentos y de ficha financiera para poder desarrollar la ley. Miguel Llorca, que además es coordinador del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, destaca que una unidad básica de atención temprana debe estar compuesta por un psicólogo, un fisioterapeuta psicomotricista, un terapeuta ocupacional, un logopeda y un trabajador social. La plataforma contaba con que a finales de este año habría, al menos, dos unidades ya listas en Canarias, de las once con las que debe contar esta comunidad: tres en cada isla capitalina y una en el resto. Sin embargo, tendrán que seguir esperando durante un tiempo, meses que son fundamentales para estos menores. 

Desde la asociación Adislan, cuyo Servicio de Atención Temprana trabaja con 100 familias con menores entre 0 y 6 años en Lanzarote, recuerdan que es imprescindible invertir en ir más allá de las nociones tradicionales de discapacidad. “Se ha pasado de un tipo de intervención basada en el menor, a uno más amplio en el que participa la familia y el entorno”. Afirman que los primeros años de vida son cruciales y determinantes para la evolución y desarrollo integral de la persona y que esta atención temprana potencia el desarrollo y bienestar de los menores, pero también las habilidades de su familia y permite prevenir la dependencia en el futuro.

¿Dónde han ido a parar los 5 millones prometidos?

Los familiares se encuentran decepcionados porque no saben a dónde han ido a parar los cinco millones prometidos por el Gobierno de Coalición Canaria para el desarrollo de esa red pública amparada por la norma. El compromiso lo adquirió la entonces consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, con las familias, pero no entienden por qué no han visto mejoría con esa partida.  

El actual director de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero (Podemos), considera que la exconsejera Cristina Valido mintió a la plataforma, ya que ha revisado todos los convenios y la documentación de la Consejería y su conclusión es que esas partidas de más que se han destinado este año se traducen en 52 plazas más en centros de La Palma (36 plazas) y Fuerteventura (16) que suman 272.064 euros. Por otro lado, otros 113.000 euros han ido para la Fundación Sagrada Familia. En total, unos 400.000 euros es lo que ha supuesto de más el presupuesto para atención temprana. 

Cristina Valido, por su parte, explica que sí es cierto que de 56 millones consignados para servicios sociales anunció que cinco irían a este fin, pero insiste en que esta cuantía no podía ser destinada a la red pública de atención temprana porque aún está en fase de creación y “la estrategia está iniciándose”. Explica que el Gobierno no tiene “los servicios, no subvenciona la atención temprana sino que son los cabildos los que conciertan a través de entidades” y añade que, por ello, ese dinero solo podía destinarlo a las corporaciones insulares. Según la exconsejera, se reunió con la FECAI para que se decidiera en qué emplear esos millones en función de las necesidades, de acuerdo a tres líneas que asegura que se consensuaron: ayudas al transporte a los centros, actualizar los precios de los recursos que prestan atención a la discapacidad y dependencia o financiar los servicios de atención temprana que prestaban las entidades. “No tiene los mismos recursos una isla como El Hierro que Gran Canaria, por ejemplo, y a través de los convenios los cabildos decidieron”. 

La actual consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval (PSOE), ha comparecido además en el Parlamento de Canarias esta semana para dar explicaciones sobre la Ley de Atención Temprana, y sostuvo que esta consejería, cuando estaba en manos de CC, apenas realizó para este fin una concesión de 500.000 euros para este año. Por ello, se comprometió a aumentar las partidas para 2020 y a que la mesa técnica para desarrollar la ley esté en funcionamiento antes del plazo límite de seis meses. Y es que, esta atención dispone de tres pilares fundamentales en el que Sanidad lleva el mayor peso, pero debe coordinarse con Educación y Servicios Sociales. Por su parte, el director de Dependencia ha subrayado que se está agilizando la convocatoria de ayudas a las entidades y que espera activar ya en las próximas semanas. 

Aunque Canarias es la comunidad más atrasada en este aspecto de todo el país, la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales (AENEE) lleva años realizando advertencias que son ignoradas por toda España, donde los menores aún tardan en ser atendidos. Ana Olmeda explica que, aunque se entiende por atención temprana los recursos que se prestan a menores con dificultades de entre cero y seis años, la edad debería ampliarse ya que una vez pasada esta edad la atención depende de Educación y los recursos son escasos. A ello se le añade que entre los cero y tres años lo mejor para los niños o niñas con algún tipo de dificultad es que se relacionen, pero tampoco hay una red de escuelas infantiles públicas. 

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