El PSOE advierte a Intervención de un posible “quebranto patrimonial” por el aumento del gasto en conciertos sanitarios
El PSOE, a través de la diputada Patricia Hernández, se ha dirigido a la interventora general del Gobierno de Canarias, María del Pino Martínez, con el objetivo de reclamar medidas preventivas para evitar “un posible quebranto patrimonial” en las cuentas autonómicas como consecuencia de la aplicación de la última medida acordada por el Servicio Canario de Salud (SCS) en relación con los conciertos sanitarios, la que permite que las clínicas privadas puedan disponer de tres pacientes por habitación frente a los dos que recoge la normativa en vigor.
En un escrito registrado el pasado 24 de abril en la sede de la Consejería de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, Hernández pone en conocimiento de la interventora la carta firmada por el director del SCS, Conrado Domínguez, el pasado 5 de abril, un día antes de que acabara el plazo que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, había concedido en marzo de 2018 a los centros concertados para que se adaptaran a la orden de homologación de 2006. Un decreto que establece las condiciones que deben reunir las clínicas privadas para poder suscribir contratos con la administración pública, entre ellas la limitación de las dos camas por habitación.
En ese escrito, Domínguez comunica a los directores de las áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife, así como a los empleados públicos del servicio de Inspección y Conciertos, que deben “demorar” la entrada en vigor de esa orden del consejero ante la saturación de los hospitales públicos del Archipiélago y la necesidad de aumentar las derivaciones a las clínicas privadas.
El PSOE explica que esta medida supone “un incremento inmediato del gasto previsto para las entidades asistenciales concertadas”, así como “un grave incumplimiento del ordenamiento jurídico al intentar modificar una orden departamental por vías ilegítimas”. El principio de jerarquía normativa recogido en la Constitución Española establece que solo una norma posterior puede derogar una norma anterior de igual rango. La carta difundida por el SCS no tiene categoría de orden, decreto o disposición, por lo que no puede modificar la orden de homologación firmada por su superior jerárquico, el consejero de Sanidad, en marzo de 2018.
El escrito remitido por el PSOE advierte a la alta funcionaria de las responsabilidades en las que pueden incurrir los empleados públicos que desarrollan funciones interventoras y “que no hayan salvado su actuación” en un expediente “mediante observación escrita de la improcedencia o ilegalidad” de un acto o resolución con implicaciones económicas para la comunidad.
La diputada socialista alude también al Real Decreto 700/1998, de 1 de julio, que hace referencia a los expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en la Ley de Hacienda Pública Canaria.
“Un escándalo”
Patricia Hernández ha calificado de “escándalo” la carta remitida por el director del SCS a los directores de área y empleados públicos. La diputada socialista recuerda que el requisito de dos camas por habitación se fijó en 2006 y que el actual consejero, José Manuel Baltar, lo modificó en medio del concurso, dio a las clínicas privadas un plazo de doce meses para que se adaptaran y les permitió homologarse “sin cumplir”.
Una vez adjudicado, “les empezó a pagar el doble de lo que se pagaba hasta ese momento, de forma intolerable, y lo justificó diciendo que mejoraban las condiciones”. “Ahora, por la puerta de atrás y de tapadillo, les deja meter más camas pero paga a precio de oro a la privada. ¿A que a nadie se le ocurriría meter una cama más en las habitaciones del Hospital Doctor Negrín o de La Candelaria? Pues lo que está pasando es aún más grave porque el precio que se paga (a los centros concertados) es exactamente el doble que el año pasado”, concluye.
