La renuncia de su abogada retrasa el juicio contra Suárez Gil por el arsenal

Suárez Gil, a su salida del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

José Miguel Suárez Gil, expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ha vuelto a pisar este martes los tribunales. Tras haber permanecido una temporada en paradero desconocido, sin responder a las citaciones de al menos dos juzgados de la capital para comparecer en las causas penales en las que está implicado, el empresario se ha presentado al juicio que debía celebrarse en su contra en el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por tenencia ilícita de armas.

Sin embargo, la vista ha tenido que ser suspendida al quedarse Suárez Gil sin un abogado que pudiera defenderle después de que Elisabeth Cardona presentara su renuncia la pasada semana. El letrado de oficio asignado al empresario ha alegado que no ha tenido tiempo para preparar el juicio, ya que su nombramiento se produjo este mismo lunes. El señalamiento ha quedado aplazado hasta el 26 de noviembre.

Según ha podido saber Canarias Ahora, la renuncia de Cardona está relacionada con una solicitud que realizó Josefina Navarrete, exesposa de Suárez Gil , tras la suspensión, por incomparecencia del procesado, de la vista fijada para el pasado 22 de septiembre por el quebrantamiento continuado de la orden de alejamiento. Entonces, Navarrete pidió que se dedujera testimonio a la abogada al considerar que pudo incurrir en fraude procesal por haber contribuido a que el empresario eludiera los requerimientos judiciales, ya que aparecen empadronados en el mismo domicilio (la abogada es pareja del hijo de Suárez Gil).

El empresario debía ser juzgado este martes por el arsenal encontrado en su domicilio en un registro policial efectuado después de que fuera detenido en enero de 2011 tras encañonar a su entonces esposa, Josefina Navarrete, con una pistola cargada y con una bala en la recámara. La Fiscalía pide tres años de prisión por un delito de depósito de armas. Navarrete, que es acción popular en este caso, reclama dos años por tenencia de armas prohibidas, otros dos por depósito de municiones y un año y seis meses por la tenencia de armas sin licencia.

Según consta en el escrito de acusación de la fiscal Evangelina Ríos, Suárez Gil guardaba en su domicilio tres pistolas (una Browning de calibre 7.65 mm, otra Astra de 6.35 y una Pisto Regi modelo Giralda), tres rifles (uno de la Fábrica de Armas de Oviedo, un Oewfg Stevr 1886 y un avancarga marca Norberto Arizmendi), una carabina (de calibre 22 mm) y una escopeta de caza (de cañones yuxtapuestos de la marca Eduardo Schilling) que no disponían de licencia.

El arsenal requisado al conocido empresario también incluía armas prohibidas: un rifle con bayoneta plegable sobre el cañón de la marca Beretta, cuatro silenciadores plenamente operativos y una defensa eléctrica no operativa porque carecía de seguro.

Suárez Gil tenía además 2.202 cartuchos de diversos calibres y marcas, que se conservaban en perfecto estado y que estaban plenamiente operativos.

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