Los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias cargan contra fondos de inversión, grandes tenedores y hoteleros

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha celebrado este miércoles que el Gobierno de España vaya a aprobar un observatorio de la vivienda turística, pero solicita que en los estudios se haga una clara diferenciación entre las viviendas que están en manos de pequeños propietarios particulares y los edificios completos. En opinión de esta organización, la entrada de fondos de inversión en este negocio está desvirtuándolo y es la causa de la “expulsión masiva de residentes y gentrificación de los barrios”.

Según la presidenta de ASCAV, y también de la recién creada Federación de Asociaciones de Propietarios de Viviendas de Alquileres Vacacionales y Temporales (FAPAVAT), Doris Borrego, “un modelo turístico tradicional, sostenible, integrador y creador de riqueza para la sociedad como es la vivienda vacacional en manos de pequeños propietarios ha sido pervertido sobre todo por la llegada de grandes fondos de inversión, comprando edificios completos y convirtiéndolos en pseudo-hoteles”.

La organización recuerda que diferentes asociaciones, como la propia ASCAV, llevan años alertando de un fenómeno de invasión en las grandes ciudades y centros turísticos, que finalmente se ha convertido en un problema grave, puesto que este modelo, sí significa la expulsión masiva de residentes y gentrificación de los barrios.

Bajo unas normativas autonómicas creadas para dar cobijo a pequeños propietarios de viviendas vacacionales, “se han colado dichos pseudo-hoteles”, evadiendo normativas de aplicación real, como son las de los apartamentos turísticos con normativas mucho más restrictivas y exigentes, denuncia ASCAV. “Incluso han comprado y compran suelo residencial, solicitan licencia de obra de viviendas, para, una vez construidas, comercializarlas como viviendas vacacionales. Y ha sido posible, con el beneplácito de las autoridades competentes”, incide la organización presidida por Doris Borrego.

La organización expone que actualmente no existe ninguna normativa que diferencie entre los propietarios particulares de viviendas vacacionales y dichos fondos de inversión, grandes tenedores e incluso cadenas hoteleras, que no sólo se acogen a normativas de aplicación a los propietarios particulares, sino que “están causando una expulsión masiva del pequeño inversor, familias españolas ahorradoras que llevan años viviendo de un complemento a sus pensiones o salarios precarios”.

Sin una clara diferenciación entre las dos modalidades, no tendrá ningún sentido crear un observatorio, puesto que seguirán “los tiburones y los boquerones en la misma pecera”. “Sin dicha diferenciación este observatorio que se pretende aprobar, no servirá para nada más que expulsar a la sociedad española del negocio del turismo y servir en bandeja y engordar a los grandes players del turismo”, indica ASCAV.

Así, añade, está ocurriendo en ciudades como Madrid, Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria, donde incluso se han erradicado prácticamente todos los propietarios particulares, permitiendo sólo edificios completos de vivienda vacacional.

ASCAV defiende que la vivienda vacacional siempre has sido un producto alojativo complementario que ha permitido a la sociedad participar directamente en el turismo, familias ahorradoras y pensionistas que invirtieron en su día para gozar de un poquito más de bienestar. “En ningún caso son ellos los que han creado el problema de gentrificación o turistificación de las ciudades y pueblos”, subraya.

“El turismo es de todos”, señalan FAPAVAT y ASCAV, que aseguran defender y luchar por que esos propietarios particulares no pierdan su lugar ni sus ingresos.