Tras la muerte del dictador Francisco Franco, se asistió en España a una eclosión de movimientos y partidos políticos empeñados en la recuperación de las libertades y en la implantación de un sistema democrático, desbordando ampliamente en ambos objetivos la tímida apertura anunciada por el Gobierno de Carlos Arias Navarro. La sustitución de este por Adolfo Suárez, en julio de 1976, supuso un cambio significativo, en la medida en que se empezó a fraguar la “ruptura pactada”, en virtud de la cual la oposición democrática renunciaba a su pretensión de romper con la monarquía heredera del franquismo para aceptar el tránsito hacia un sistema democrático dirigido por algunos políticos franquistas que estaban convencidos de la inevitabilidad del proceso.
Probablemente la coyuntura del momento ayudó a explicar estas evoluciones: caída de las dictaduras hasta entonces vigentes en Europa, fuerte movilización social, modernización económica y social de la sociedad española, desprestigio del franquismo... La democratización de España fue acompañada de la descentralización en la organización territorial del Estado. Salvo los dos breves periodos republicanos, la historia contemporánea de España solo había conocido el régimen centralista, agudizado durante el franquismo. La confluencia de los nacionalismos periféricos con la izquierda política se fue perfilando durante la II República para decantarse en la propia Guerra Civil y consolidarse en la larga dictadura. La recuperación de la democracia se asocia en el imaginario popular con el restablecimiento de la autonomía en Euskadi y Cataluña. La identificación del franquismo con el centralismo extendió las reivindicaciones autonómicas al conjunto del territorio: si Euskadi y Cataluña encabezaron nuevamente las movilizaciones en favor del autogobierno (en el caso vasco con el trágico acompañamiento del terrorismo), en esta ocasión las demandas descentralizadoras se extendieron al conjunto de las comunidades españolas con inusitada intensidad.
Este panorama general tuvo su reflejo en Cantabria. En la región, no obstante, se produjo una polémica en torno a la ubicación de Cantabria en el mapa autonómico por configurar. Durante la dictadura no hubo ninguna institucionalización de las regiones; la única circunscripción oficial era la provincia, con las diputaciones provinciales al frente como órgano administrativo, siempre subordinadas al mandato del Gobierno central. La división regional, de alcance puramente testimonial, incluía a Cantabria en Castilla y León (o Castilla La Vieja en la terminología de la época), macro-región con hasta 11 provincias ciertamente heterogéneas desde muchos puntos de vista.
La difusión de una sensibilidad regionalista cántabra, separada de Castilla, tuvo una premisa inicial en la percepción del estancamiento que sufría Cantabria en las últimas décadas. Se insitió desde las primeras propuestas de regionalización uniprovincial en el retroceso que experimentaba la economía de Cantabria en el conjunto nacional: del 6º puesto en renta per cápita en 1960 se había pasado al 15º en 1975. Es esta situación la que explica en buena parte el surgimiento y rápido crecimiento de ADIC (Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria), que en poco tiempo consiguió extenderse por la provincia, desde una definición apolítica (entendida no como rechazo de la política, sino de la identificación con una ideología determinada), promoviendo la idea de un abandono permanente de Cantabria por parte de la Administración del Estado, a la que se habría sumado la tradicional apatía de los cántabros.
Desde este punto de partida, se planteó como primera reivindicación un concierto económico que permitiera a Cantabria administrar sus recursos; en una suerte de apelación a las “balanzas fiscales” sin emplear el término, se insistió en que en Cantabria salía mucho más dinero del que entraba, de manera que los recursos de la región servían para el desarrollo de otras comunidades, y sobre todo para el enriquecimiento de ciertas elites. La idea era que no es admisible que a las regiones más ricas (Euskadi o Cataluña) se les añada un concierto económico que no haría sino incrementar la fractura con las menos favorecidas, además del efecto negativo que tenían para Cantabria los privilegios otorgados a una región limítrofe.
Con todo, la reivindicación no tuvo un perfil puramente económico; la apelación a las señas de identidad de un pueblo que hundía sus raíces en la mas lejana historia completó la voluntad de diferenciación. También en este ámbito ADIC cumplió un papel esencial, difundiendo la historia, las costumbres, el folklore, los rasgos, en suma, que contribuían a hacer de Cantabria una región muy diferente de Castilla, y, por supuesto, también de sus vecinas del Norte (algunas propuestas de regionalización en los primeros momentos barajaron la posibilidad de una vinculación a Asturias, e incluso, aunque en mucha menor medida, al País Vasco).
La reivindicación económica se difundió con suma fluidez, facilitada por la extensión numérica y cualitativa que alcanzó ADIC en poco tiempo, y por la decidida voluntad de apoyar causas populares defendidas en las distintas comarcas de Cantabria, desde el rechazo a la central nuclear de San Vicente de la Barquera hasta la defensa de Agua de Solares, amenazada por las denuncias relacionadas con el cumplimiento de las normas sanitarias, pasando por el apoyo a las diversas fábricas y empresas en dificultades, con numerosos puestos de trabajo en peligro. En un momento en que la crisis económica hacía mella en toda España, el sector industrial cántabro no era ajeno a las dificultades, a lo que habría que añadir un sector primario cada día más frágil a causa de la precariedad inducida por la propia estructura del sector y por sus dificultades para modernizarse en un marco progresivamente más competitivo.
Tras las primeras elecciones generales, el 15 de junio de 1977, a la generalización de las reivindicaciones autonomistas en toda España no se sustrae Cantabria. De entrada, se intensificó el debate en torno al propio nombre de la comunidad (Cantabria frente a La Montaña o provincia de Santander) y sobre todo respecto a la conveniencia de que la deseada y poco menos que inevitable autonomía fuera concedida a Cantabria como región en solitario y no en el marco de Castilla y León. La labor de ADIC fue clave en ambos debates, difundiendo una conciencia regional bajo el nombre de Cantabria y fundamentada en dos aspectos fundamentales: la necesidad de gestionar los recursos de un territorio abundante en ellos y esquilmado según esta interpretación desde el centralismo madrileño, y la recuperación de una identidad que supuestamente el pueblo cántabro hacía suya, aunque estuviera adormecida por la acción de esos mismos poderes: se partía de la consideración de que la pérdida de señas propias de identidad y el desdibujamiento de una conciencia de pertenencia a una entidad diferenciada convertía a los ciudadanos en población mucho más fácil de manejar, como había sucedido durante el franquismo.
En los meses posteriores a las elecciones del 15 de junio la decantación de las posiciones en torno a la autonomía de Cantabria fue clara: la opción de una autonomía como región uniprovincial fue ganando terreno, alentada por importantes movilizaciones (manifestación en agosto del 77, festivales musicales…). Sobre todo la izquierda hizo de la autonomía un elemento central de su arsenal reivindicativo, agudizado por la actitud titubeante de una UCD (Unión de Centro Democrático) indecisa ante la posibilidad de la integración en Castilla y León, auspiciada desde la dirección central del partido, y desde la organización de la región vecina. La respuesta a la demanda mayoritaria fue la creación de ACECA (Asociación Cantabria en Castilla), cuya actividad no fue mucho más allá de la publicación de anuncios en la prensa regional y del despliegue de argumentos que aludían a la historia común, a la complementariedad de las economías respectivas y a la debilidad presupuesta a una comunidad autónoma escasa en superficie y población como sería Cantabria.
En la conformación de posiciones políticas en relación con la organización territorial que se ha dibujado en España, las propuestas defensoras de un amplio grado de descentralización, identificando esta con un acercamiento del poder a la ciudadanía (al pueblo) y por tanto con un grado mayor de democratización se fueron identificando con la izquierda. De esta manera, el PSOE y en mayor medida aún las organizaciones extraparlamentarias, (Partido Comunista de España, Partido del Trabajo de Cantabria y Organización Revolucionaria de Trabajadores) fundamentalmente, fueron deslizándose paulatinamente hacia una mayor demanda autonomista, también después de unas ciertas dudas iniciales.
Dicha defensa de la autonomía presentó, sin embargo, matices de considerable importancia. Mientras que para las fuerzas extraparlamentarias la autonomía se convirtió en un tema susceptible de marcar diferencias con las fuerzas mayoritarias, poniendo especial énfasis en la profundización del autogobierno, el PSOE, por ejemplo, sin mostrar un excesivo entusiasmo, vinculó la consecución de la autonomía a una mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras; ignoró los componentes identitarios de la reivindicación, y se alejó de la pretensión de crear un regionalismo/nacionalismo a imitación de los nacionalismos vasco o catalán, en la medida en que se consideró que son producto de los intereses de las burguesías respectivas. Por su parte, determinados planteamientos de izquierda criticaron con dureza el regionalismo representado por ADIC; consideraron que se trataba de un “social-chauvinismo” tradicional y populista, ante el que los partidos de izquierda deberían contraponer una propuesta autonómica al servicio de las clases populares; de otra manera, sería la burguesía que ha mandado tradicionalmente en Cantabria la que seguiría imponiendo sus políticas y sus intereses en la región.
Con estos debates como telón de fondo, comenzó el recorrido institucional. Los congresistas y senadores elegidos por Cantabria el 15 de junio se constituyeron en Junta de Parlamentarios. Igualmente, se formó el Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria, en el que se integró un amplio espectro de fuerzas políticas y sindicales. Sin duda, el acto de mayor repercusión convocado por este organismo fue la manifestación por la autonomía celebrada en Santander el 27 de agosto de 1977. Además de por su carácter masivo (la asistencia fue estimada por la prensa entre 15.000 y 20.000 personas), el evento pasó a la historia por la agresión sufrida por el diputado del PSOE Jaime Blanco a manos de policías nacionales. El caso alcanzó amplia repercusión nacional. No obstante, la heterogeneidad de las fuerzas presentes y las disputas sobre cuestiones a veces secundarias provocaron la disolución del organismo.
El siguiente paso institucional se dio con la aprobación por parte de la Junta de Parlamentarios de Cantabria del manifiesto leído en el Día de la Montaña-Día de Cantabria de agosto de 1978. La firmeza expresada en favor de la autonomía se vio rebajada por la división de opiniones existente en el partido mayoritario de dicha Junta: la UCD. Sin duda, un hito fundamental en el proceso hacia la autonomía de Cantabria fue la creación del Partido Regionalista de Cantabria en el otoño de 1978. Las razones de la creación del partido se fundamentaron en la negativa del Gobierno de UCD a iniciar el proceso de la preautonomía de Cantabria. Cegada esa vía, quedó abierta la posibilidad de que una mayoría de ayuntamientos de la región se pronunciara en favor de la autonomía, reiniciando el proceso.
Desde ADIC se manifestó que no había una confianza grande en que los partidos mayoritarios alzaran la bandera autonomista con convicción, y las posiciones de ADIC como mera asociación se revelaron limitadas, en parte por la propia oposición de los partidos a que adquiriera protagonismo. Efectivamente, el PRC obtuvo un resultado notable en las elecciones municipales de 1979, a los pocos meses de su fundación. Desde sus concejalías, impulsó los pronunciamientos de los ayuntamientos cántabros, dado que la normativa establecía la necesidad de reunir el apoyo de dos tercios de las corporaciones de la región, que supusieran el 50% de la población. El proceso se completó con gran rapidez y un grado de acuerdo ciertamente notable, sobre todo teniendo en cuenta las encendidas polémicas sostenidas en los años anteriores entre partidarios y detractores de la autonomía uniprovincial. A ello contribuyó, sin duda, el “compromiso autonómico”, firmado por el PSOE, PCE, PRC, PTC, ORT y Partido Carlista, en virtud del cual los concejales elegidos por estas formaciones se pronunciarían a favor del Estatuto.
Los partidos mayoritarios coincidieron en la elección de la vía establecida por el artículo 143 de la Constitución para acceder al autogobierno: desde el PTC y el MC se instigaba a una mayor ambición, que pasaba por explorar la vía del artículo 151; se exigía en este caso el pronunciamiento de 3/5 de los municipios para dar paso a un referéndum que requería una mayoría de votos del censo. La dificultad de cumplir tales requisitos, en una coyuntura en la que la “fiebre” autonomista parecía ir cediendo respecto a los primeros años de la transición en medio de un creciente desencanto entre la ciudadanía cántabra y española, fue el argumento esgrimido por los partidos mayoritarios para optar por la vía del artículo 143.
También manifestaron su oposición al modelo de Estatuto escogido por los tres partidos parlamentarios que formaron parte del órgano encargado de elaborarlo ADIC y algunos grupos que enarbolaron la bandera del nacionalismo, lo que también hizo la asociación impulsada por Miguel Ángel Revilla, y que tuvo roces importantes con el que sería posteriormente presidente del Gobierno cántabro, hasta el punto de apartarlo temporalmente de la asociación. El Frente de Rechazo al Estatuto, constituido el 25 de febrero de 1980, que pretendía una mayor profundización del autogobierno, incluía al Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses, Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses, Asociación de Amas de Hogar y Consumidores, Asociación de Afectados por la Vivienda, Consejo Cántabro de la Juventud, Sindicato Cántabro de Trabajadores, Sindicato Unitario, Partido Carlista, Joven Guardia Roja, Unión de Juventudes Maoístas, Movimiento Comunista de Cantabria, Partido del Trabajo de Cantabria y ADIC. Varios centenares de personas se manifestaron el 26 de abril para mostrar su rechazo y expresar su reivindicación de carácter nacionalista.
El proceso de elaboración del Estatuto fue largo y no exento de avances, retrocesos, controversias e incoherencias por parte de las fuerzas políticas responsables de su aprobación, particularmente el partido mayoritario en Cantabria y en España en la época, UCD.
El 10 de septiembre de 1979 la Comisión Mixta (Asamblea de parlamentarios y diputados provinciales) comenzó los trabajos de redacción del Estatuto. En la primera semana de 1980 ya estaba prácticamente redactado un primer borrador. El PRC no estuvo de acuerdo con el proyecto y el 27 de enero declinó su participación en la asamblea mixta, a la que regresó el 8 de marzo. El 2 de junio se aprobó el anteproyecto de Estatuto, que fue entregado el 19 de ese mes al presidente de las Cortes, Landelino Lavilla. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en agosto el anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Cantabria. Todavía continuaron un año más los trabajos. A fines de marzo el Congreso concluyó el estudio del Estatuto. El 25 de junio la Comisión constitucional del Congreso dictaminó el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cantabria tramitado por la vía del artículo 143 de la Constitución. En dicho proyecto, el apartado 1º del artículo 1º configuraba Cantabria como entidad regional histórica. El 14 de octubre se votó la totalidad para aprobar el Estatuto en el Pleno del Congreso, que pasó al Senado donde, a su vez, se aprobó el 3 de diciembre. Por fin el día 15 de ese mes, a las 19.37 horas quedó definitivamente aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados.
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