El Ayuntamiento de Santander aparta al jefe del Servicio de Parques y Jardines mientras se estudia la ejecución de la contrata

Tras siete años haciéndose cargo de la limpieza y mantenimiento de parques y jardines de Santander, la ejecución de la contrata por Urbaser-Piñera está siendo revisada tras detectar la Intervención supuestas irregularidades en las condiciones del contrato público, apartando mientras tanto física y funcionalmente de su lugar de trabajo al jefe de Servicio, un funcionario que estaba en comisión de labores.

Gema Igual, alcaldesa de la ciudad, ha comparecido esta mañana por iniciativa propia y de forma urgente para dar cuenta del plan de actuación cautelar que se ha puesto en marcha, una vez la Intervención detectó que los pagos mensuales de 680.000 euros al contratista no estaban soportados documentalmente, es decir, y al parecer, se validaban sin tener constancia fehaciente del cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de personal, maquinaria, mejoras a introducir, así como la revisión del precio.

La alcaldesa ha sido muy cauta a la hora de dar detalles sobre el alcance económico de las supuestas irregularidades, así como de la identidad del jefe de Servicio, aunque sí ha dicho que la sospecha también se amplía a la gestión durante el período del titular de la plaza, que se jubiló en 2015.

Y es que la Intervención General de Santander ha detectado posibles irregularidades en el Servicio de Parques y Jardines desde 2012 a 2018, por lo que el Ayuntamiento ha abierto un expediente al jefe del servicio, al que ha apartado del mismo como medida cautelar mientras se investiga la gestión de estos años, y otro sancionador a la empresa adjudicataria en dicho periodo, la UTE Urbaser-Contratas Piñera.

En concreto, la Intervención ha analizado el periodo entre el 15 de febrero de 2012, cuando se adjudicó a la UTE servicio, y el 31 de diciembre de 2018, periodo en el que ha habido dos jefes de servicio, el primero hasta abril de 2015, cuando se jubiló, y el segundo, al que se ha abierto el expediente sancionador con medidas cautelares, que lo sustituyó aunque sin tener la plaza en propiedad, por encomienda de labores. Desde 2018 la empresa ha mantenido las labores del servicio fuera ya de contrato, a la espera de un nuevo adjudicatario, lo que se materializará en dos meses.

El informe habla de “grandes deficiencias” en la organización del servicio y de incumplimientos de la empresa en materia de personal, medios o mejoras, e incide en la “poca colaboración” y documentación que han obtenido sus requerimientos tanto por parte de la UTE como del jefe del servicio.

Unas presuntas irregularidades que no se han detectado antes porque las facturas que llegaban a Intervención estaban “correctas”, es decir, firmadas por el jefe del servicio. Sin embargo, las “incongruencias” de éste en el siguiente contrato de Parques y Jardines, unidas al “cuantioso” gasto que supone esta prestación, 48 millones de euros en seis años, llevaron a la Intervención a realizar este informe que ha detectado que el visto bueno del jefe del servicio a las facturas -de 680.000 euros mensuales- no estaba respaldado por ningún documento.

Gema Igual ha pedido reiteradamente “prudencia” pues ahora tanto el jefe del servicio como la empresa deberán aportar documentación y podrán alegar. El primero ha sido apartado de Parques para “no interrumpir la investigación”, pero no ha sido suspendido, es decir, sigue trabajando y cobrando. En todo caso, la propia Intervención ha recomendado sacar la plaza a concurso.

La regidora ha indicado que además de los expedientes, el servicio se reestructurará. Ha explicado que el jefe apartado no tenía buena relación ni con la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, ni con dos administrativas, que tras un informe psicosocial fueron trasladadas a otras dependencias.

También ha anunciado que el nuevo contrato de Parques y Jardines se adjudicará en dos meses, dado que Intervención recomienda que se lleve a cabo pues actualmente Urbaser-Piñera se ocupa del mismo sin soporte contractual y una vez que ha constatado la “legalidad” de la oferta de la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa puesto que “sí tiene dinero para pagar a los trabajadores y las subidas salariales de cuatro años”, ha indicado Igual.

El informe de Intervención fue emitido el pasado 22 de noviembre. Tres días después, el equipo de gobierno estableció un plan de actuación, que validó la Intervención el 28 de noviembre. Entre ese día y el 29 de noviembre se dio traslado de las medidas al personal. El 2 de diciembre, este lunes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la apertura de los expedientes y las medidas cautelares. Ahora se convocará la Comisión de Medio Ambiente en la que están representados los grupos municipales.