El PSOE de Alfoz de Lloredo solicitará un pleno extraordinario por las últimas resoluciones judiciales sobre el PGOU

El PSOE de Alfoz de Lloredo solicitará la celebración de un pleno extraordinario “esta misma semana” para “valorar las consecuencias legales y económicas” de la última sentencia sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, tal y como adelantó este medio, podría dejar al municipio en una situación muy delicada, por las posibles reclamaciones de las licencias urbanísticas previas al proyecto.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estima varios recursos contra el PGOU y anula las disposiciones transitorias número 3 y número 4 que permitían ejecutar las licencias anteriores a la entrada en vigor del plan aun cuando fueran incompatibles con este.

Fernando Rodríguez, portavoz socialista en el municipio, ha denunciado públicamente las “mentiras” del alcalde Enrique Bretones, quien, según ha dicho, “pretendía eludir el pago las cuantiosas indemnizaciones a que puede dar lugar el nuevo Plan” gracias a esas dos disposiciones transitorias anuladas por la Justicia.

“Pediremos una valoración por parte de la intervención municipal de las responsabilidades patrimoniales derivadas de la anulación parcial del PGOU”, ha señalado el portavoz sobre el Pleno que solicitará. Asimismo, Rodríguez ha aseverado que Bretones “usurpa” de manera sistemática las funciones propias del pleno. “Sigue personándose en causas judiciales sin la autorización del pleno y sin rendirle cuentas después”, ha afirmado.

“Con estas sentencias se frustra la intención municipal y deberán afrontarse las diferentes indemnizaciones a las que los titulares de esas licencias tengan derecho”, ha indicado Fernando Rodríguez. Para el portavoz, la aprobación del PGOU fue una 'maniobra' realizada por el alcalde basada únicamente en criterios políticos y personales. “Su único objetivo ha sido regularizar y legalizar sus entuertos urbanísticos, perjudicando a terceros, lo que llevara a la bancarrota al Consistorio”, ha indicado el concejal socialista.

Según el portavoz del municipio, “en ningún momento” ha existido un plan de viabilidad económico-financiero para aprobar este PGOU, tal y como reflejan las sentencias. “Bretones ha jugado al Monopoly con los terrenos y fincas de vecinos y promotores, sin embargo, parece que a algunos familiares y concejales de su partido les tocó la lotería con la aprobación de este plan general”, ha expresado.

Por otro lado, hace unos meses se resolvió en un pleno desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial de un afectado porque, a tenor de la disposición transitoria nº4, la licencia podía ejecutarse. Ahora, al quedar anulada por la sentencia del TSJC, es previsible que se replantee esta reclamación y se presenten muchas otras, lo que trata de evitar el Ayuntamiento planteando este recurso de casación. El grupo municipal socialista ha mostrado “su frontal oposición al recurso municipal por tener pocos visos de prosperar dada la clara ilegalidad de auspiciar nuevas urbanizaciones en suelo rústico”.

“Tenemos constancia de que los afectados por este cambio de planeamiento, tienen voluntad de plantear reclamaciones patrimoniales tan pronto como la sentencia alcance firmeza, por considerarse víctimas de sucesivas irregularidades administrativas que imputan al ayuntamiento y en particular al alcalde, por lo que consideran justo que se les indemnice”, ha expresado Rodríguez.

El portavoz municipal también ha denunciado que, tanto el alcalde como su equipo de Gobierno “tenían conocimiento las consecuencias que podría tener este plan ya que se emitieron informes acerca de la situación de las licencias en vigor, hechos a los que hicieron caso omiso”.

'Bancarrota'

Estas sentencias obligarían al Ayuntamiento a indemnizar convenios, ICIOS (Impuesto de construcciones y obras), tasas y lucros cesantes a todos los propietarios de licencias concedidas anteriormente al año 2015, tal y como recogen las antiguas normas subsidiarias.

“Lo que se avecina va a ser mucho peor. Hay numerosos expedientes de responsabilidad patrimonial de empresas y particulares por millones de euros que han sido desestimados basándose en informes del Consejo de Estado con el argumento de que dichas licencias seguirán en vigor. Un razonamiento tumbado por el TSJC, lo cual abre la veda a indemnizaciones millonarias por parte del Consistorio”, ha insistido Rodríguez en relación a esa posible 'bancarrota' a la que podría llegar el Ayuntamiento.

“Seguimos denunciando la inseguridad jurídica, la arbitrariedad, el sectarismo y la discrecionalidad absoluta con la que se tratan todas las cuestiones del Ayuntamiento”, ha alegado Rodríguez en referencia al supuesto “caciquismo” llevado a cabo por Bretones.