La PAH denuncia la “chapuza” de desahucio que dejó encerrado en su casa a un hombre sordo
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander ha presentado este viernes un escrito en el Juzgado número 8 de la capital cántabra después de que el pasado jueves, uno de sus miembros, que padece sordera y pérdida de visión, se quedara encerrado en su domicilio de Muriedas (Camargo) durante un desahucio.
En el documento, consultado por eldiario.es, este colectivo denuncia la vulneración de dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución durante este lanzamiento. Se trata de un escrito, tal y como ha señalado a este medio el portavoz de la plataforma, Óscar Manteca, “meramente informativo porque va dirigido al juzgado decano para que tenga conocimiento de lo ocurrido”.
“Que un acto donde se conculca legalmente uno de los derechos fundamentales, la inviolabilidad del domicilio), que reconoce la Constitución, se haga con tanto desdén como para acabar conculcando otro derecho fundamental, como es el de la libertad, habla muy mal de la profesionalidad de las personas implicadas en la comisión”, recoge el texto.
Los integrantes de la PAH se han personado este viernes en el Juzgado número 8 para solicitar explicaciones. Los funcionarios del servicio de notificaciones y embargos, encargados de ejecutar el desahucio, “se han remitido al acta del lanzamiento”, en palabras de Manteca.
En ese documento se recoge que los funcionarios y la comisión judicial comprobaron que la vivienda estaba vacía, “cuando en realidad no lo estaba”. De hecho, según resalta la PAH, los miembros del colectivo han tratado de hablar con el letrado de este servicio citado anteriormente y “no nos ha querido recibir”.
Tras pasar por el juzgado y por el servicio de notificaciones y embargos, “no se ha obtenido ninguna explicación razonable de ninguno” y tan solo se ha producido un “tipico pase de pelota entre ambos órganos judiciales”, subraya.
Es por ello que el portavoz de la PAH de Santander denuncia “un lavado de manos sin asumir ningún tipo de responsabilidades”. “Al ver que no se han dignado ni tan siquiera a recibirnos vamos a interponer una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial informando de estos hechos para que se abra una investigación interna”, subraya Manteca.
El objetivo es “intentar depurar la responsabilidad de una acción judicial que se ha llevado a cabo de forma muy chapucera”, concluye el portavoz de este grupo.
Ocho horas encerrado
Y es que uno de los integrantes de la PAH sufrió un caótico desahucio este pasado jueves a cargo de la comisión del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander. Según esta agrupación, se trata de una persona vulnerable, que tiene problemas de audición y de vista, vive sola y que, pese a estar en la vivienda, no se enteró de que le estaban cambiando la cerradura de la puerta hasta que se habían marchado.
Esta persona, tal y como cuenta la PAH, permaneció ocho horas esperando a que lo sacaran de la vivienda, hasta que se puso en contacto con ellos, y se desplazaron y movilizaron a la Guardia Civil y a los Bomberos del Ayuntamiento de Camargo. El afectado tuvo que ser sacado de la casa por una ventana y trasladado a un centro de salud, “sufriendo gran estrés”.
El colectivo tilda de “imposible” que los allí presentes no se fijaran en su presencia “si hubieran entrado en la vivienda y hubieran revisado bien todas las habitaciones”. “Hubo un fallo muy grave en la actuación de la comisión, que ni tan siquiera dejó una copia del acta del acto de lanzamiento”, reprocha la PAH.
En el documento presentado, se resalta que la víctima de lo ocurrido se siente “doblemente humillado”: primero por “perder la vivienda, de lo que no es responsable el juzgado número 8”, y segundo por “haber permanecido horas en el descansillo de entrada de su vivienda tras una puerta que no podía abrir”.
“Es increíble que ante el desahucio de una persona tan vulnerable no se haya solicitado un informe o una actuación a los servicios sociales del Ayuntamiento de Camargo y así evitar que tengan que ser voluntarios quienes se afanen en proteger a los desvalidos y buscar techo a las personas que se quedan sin ello por causas ajenas a su voluntad”, sentencian.
Así pues, solicitan que lleven a cabo “las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder, en especial que se solicite la actuación de los servicios sociales antes de disponer una fecha de lanzamiento de una persona vulnerable, así como que se extremen las medidas de precaución cuando se produzca el lanzamiento, evitando que nadie pueda quedar encerrado o que se lleve a cabo sobre una propiedad equivocada”.
