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Real achaca las marchas en el SCS a una situación "insostenible" y avanza "incidencias contractuales" en el informe

La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, ha achacado los ceses del director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, a que "están viviendo un momento personal muy duro" tras las irregularidades denunciadas en los contratos del SCS, que hace que ambos estén "atendiendo continuamente a sospechas" y consideran que esta situación es "insostenible".

Además, su presencia al frente del servicio "no beneficia en este momento al Servicio Cántabro de Salud", ha agregado la máxima responsable de la Consejería después de conocerse las dimisiones, a preguntas de los periodistas al finalizar el Pleno del Parlamento, a los que ha confirmado que ya ha concluido el expediente informativo encargado en el seno de su departamento sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones, informe en el que "aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar".

"Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoria", ha asegurado Real, que ha desvinculado las marchas en la cúpula del SCS del informe.

Según ha asegurado, las dimisiones -presentadas este lunes- obedecen a que Pérez Gil y González "en lugar de estar gestionando, tienen que estar continuamente atendiendo a esas situaciones" derivadas de las irregularidades denunciadas por la jefa de contratación del SCS y por el PP, y que investiga la Fiscalía a raíz de una denuncia de IU a la que se sumó otra de los 'populares'.

"Por eso han pedido cesar en sus cargos", ha insistido la consejera, para añadir que le ha "parecido razonable aceptarlo". Al ser altos cargos, y aunque es una dimisión, el cese se tramitará y aprobará este próximo jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera, de la que dependen ambos, y que serán sustituidos por miembros "de la casa", esto es, de Sanidad.

INFORME

En cuanto al informe llevado a cabo por la Inspección Médica durante aproximadamente un mes, después de que el encargado del mismo solicitara una ampliación del plazo inicial por quince días más, la titular de Sanidad ha indicado que se ha presentado este mismo lunes, y ha agregado al respecto que no ha "tenido tiempo de completar la lectura" del mismo.

Según ha explicado, se ha remitido desde la Consejería de Hacienda a Intervención, y desde la de Presidencia para su debate en el Consejo de Gobierno y, también, a la Comisión de Sanidad, ante la que Real ha pedido comparecer, para explicar el informe que, como ha reiterado, "acaba de llegar y tiene que ser valorado".

Aún así, y tras recordar -como ya expuso en su comparecencia en el Parlamento- que en 2017 el número total de contratos en el SCS superó los 40.000 mientras que los expedientes que el PP "califica como sospechosos" son "una decena o catorce", María Luisa Real ha avanzado que en dicho informe "aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar". "Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoria", ha agregado para finalizar.

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