Maniobras populares en la oscuridad

Hemos vuelto a caer: la maniobra de distracción del PP para que no hablemos de la Gürtel ha funcionado. Les estaba estallando el juicio en la cara y salió a todo correr la vicepresidenta a contarnos que habían consultado al Consejo de Estado si podían impugnar preventivamente la investidura de Puigdemont. El Gobierno convertido en la brigada Precrimen de Minority Report. Lo siguiente es detenerte por los delitos que podrías cometer. El estado policial era y es esto.

Como el Consejo de Estado, en buena lógica, les mandó a paseo, fueron a lloriquearle al Constitucional, que también rechazó el recurso, pero que se sacó de la manga una resolución en la que obliga a Puigdemont a pedir la autorización judicial para ser investido. Por no dejar a Rajoy con el culo totalmente al aire, el alto tribunal se ha inventado una vía “que nadie le había pedido, que legalmente no puede acordar y que carece de sentido jurídico”, en palabras del ex letrado del TC, Joaquín Urias. El Constitucional dictando normas anticonstitucionales y los autodenominados constitucionalistas atacando a la Constitución para defenderla. Todo en orden.

El PP ha convertido el Estado democrático de derecho en el Estado paradójico del revés. Se saltan la ley para mantener la legalidad y asesinan a Montesquieu en nombre de una democracia que se basa en la separación de poderes. Luego que si la justicia es independiente. A los ejemplos me remito. El TC acaba de afinarle al Gobierno la investidura de Puigdemont. La semana pasada, en un auto delirante, el juez Llarena evitó dictar una orden de detención contra él porque decía que eso podía favorecer la estrategia del líder independentista. Un juez haciendo política en lugar de hacer cumplir la ley. Por si quedaban dudas de que la Justicia española está politizada.

El Gobierno, con la inestimable colaboración de algunos jueces, sigue retorciendo el brazo de la justicia para que le solucione los problemas que no es capaz de resolver con la política. Al PP no le importa usar al Estado en beneficio propio, ya sea tapar la Gürtel, para recuperar el terreno que le está quitando C’s o para intentar evitar que Puigdemont les deje en evidencia. Lo último no lo han conseguido. El caso del ex president catalán ha evidenciado que quienes dicen defender la democracia, la pisotean para servir a sus fines ideológicos y políticos.

Puigdemont se había puesto él solito fuera de la ley cuando declaró la independencia simbólica y después se dio a la fuga. Él solo se alejó de la investidura al huir. Pero con sus maniobras judiciales en la oscuridad, el Gobierno le da la razón a él y al independentismo: esto no es un Estado de derecho, es un Estado fallido y represivo.

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