Castilla-La Mancha modificará la Ley de Agricultura Familiar para que la cesión al banco de tierras sea sólo de uso y no de propiedad

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a plantear una modificación a la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, a través del Grupo Parlamentario que lo sustenta en las Cortes regionales, para establecer que la cesión de propiedades al banco de tierras público que recoge en el título III de esta ley sea sólo de uso y “en ningún caso” de propiedad.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en el transcurso de una rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha añadido que con este cambio se añade “certeza y seguridad” y se afianza a Castilla-La Mancha “como la región con la mejor Ley de Agricultura Familiar de toda España, una normativa que protege a los pequeños y medianos productores”.

La creación de este banco de tierras público ha sido, desde el inicio, el punto de esta ley que ha despertado más críticas, sobre todo por parte de ASAJA y del Partido Popular. Así, ASAJA había exigido al Gobierno regional que se eliminase la expropiación de tierras de la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de la Comunidad Autónoma.

El artículo 22 de esta ley señala en unos de sus puntos que el banco de tierras estará constituido, entre otras, por “las parcelas o fincas objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización agraria”.

Por ello, la organización mostraba su disconformidad con que  las tierras que no tengan un aprovechamiento agrario óptimo pueden pasar a ese banco mediante una expropiación y de ahí a otras personas, algo que para ASAJA llevaba consigo “contradicciones insalvables” de las que se deriva “una gran incertidumbre”.

Así, apuntaba que este hecho atenta contra la Ley de Seguridad Jurídica que recoge la Constitución, socava el derecho a la propiedad privada que también establece la Carta Magna y no tiene en cuenta la Ley del proceso administrativo común porque “obvia” el tramite de audiencia.

Ninguna expropiación

Esther Padilla ha afirmado hoy de forma contundente que, desde la entrada en vigor de la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha, el 18 de abril de 2023, “el Gobierno del presidente García-Page no ha expropiado ninguna tierra a ningún propietario, ni la va a expropiar”, a pesar de las numerosas acusaciones en este sentido desde el PP y Vox.

No obstante, “para no dejar ninguna duda y acabar con cualquier inquietud que el PP haya podido generar entre los agricultores”, la portavoz del Gobierno regional ha detallado que esta enmienda “establece claramente que la cesión al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y en ningún caso de propiedad”, a la vez que ha hecho hincapié en que “ello se hará con la compensación correspondiente y previa tramitación del expediente”.

Además, el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de la tierra “podrá suspenderse en cualquier momento cuando exista un acuerdo con la propiedad de la parcela y finca rústica”, ha remarcado Padilla.

Este cambio, tal y como ha expresado la portavoz regional, “confirma lo que el presidente García-Page ha dejado claro desde el primer momento, pese a los bulos del PP, y es que no se plantea la expropiación de la tierra a ningún propietario”, ha incidido.

La portavoz del Gobierno autonómico ha recalcado también que, con esta modificación, lo que se pretende “es mantener la condición de las tierras agrícolas, al tiempo que se facilita el relevo generacional”.

Por todo ello, Esther Padilla ha vuelto a recordar que “no ha habido ninguna expropiación de una tierra desde la aprobación de la ley, ni la va a haber”, y ha añadido que “lo que hacemos es poner fin a una mentira del PP fabricada con fines electoralistas”.

Durante su alocución, la consejera ha puntualizado que “somos el Gobierno que más ha hecho por la agricultura y ganadería y lo vamos a seguir siendo”, tras recordar que “nuestra agricultura supone el 18 por ciento del PIB, el doble que en España y el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas”.