El Ayuntamiento de Toledo reivindica los servicios sociales frente a la nueva ley de reforma local
El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado solicitar al Gobierno central la modificación o la retirada de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y “afrontar una reforma de la Administración Local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente para prestar servicios públicos básicos a la ciudadanía”.
La propuesta, suscrita conjuntamente por PSOE e IU y presentada por la concejal de Bienestar Social, Ana Saavedra, establece que el nuevo marco normativo “genera incertidumbre y preocupación social”, ya que relega a los ayuntamientos a una función de “meros evaluadores y derivadores del riesgo y la exclusión social”
De esta manera, la mayoría de la Corporación municipal (la moción ha contado con el rechazo del Grupo Municipal Popular) considera que los ayuntamientos pierden autonomía y en la prestación del servicio se suprime la cercanía, proximidad y sensibilidad que requiere la atención de estos asuntos. De hecho, la nueva Ley “ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar”.
En el texto se destaca que los municipios “han demostrado con creces su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los ciudadanos y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos sociales en nuestro país”. Por el contrario, los cambios legislativos contribuirán a percibir los servicios sociales como “beneficencia”, un estadio superado con creces en las últimas décadas.
Por todo ello, la propuesta aprobada hoy en el Pleno pretende “reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de las oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos descentralizados y de proximidad para la ciudadanía”.
Asimismo, se acuerda “solicitar la modificación o la retirada por parte del Gobierno de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y afrontar una reforma de la Administración Local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a la ciudadanía”.
