Construirse la vivienda, una salida “empoderadora y sostenible” para asentamientos chabolistas

El acceso a la vivienda, con todos los derechos y obligaciones que conlleva, sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver no solo en España, sino también en países empobrecidos de América Latina y África. Normalmente es una cuestión que se aborda desde las administraciones públicas a través de ayudas o nuevas regulaciones, pero también en el ámbito académico encontramos múltiples ejemplos de investigadores que apuestan por buscar soluciones alternativas a problemas muy concretos como los asentamientos chabolistas. El objetivo es que también encajen en la compleja legislación urbanística y de vivienda en España.

Un ejemplo lo encontramos en el trabajo que desarrolla el grupo de investigación COOPUAH de la Universidad de Alcalá (UAH). Lo forman 20 investigadores que realizan su labor aplicada a la cooperación al desarrollo y desde un ámbito multidisciplinar: desde geólogos hasta médicos y expertos en educación, con tesis doctorales que buscan equilibrar las desigualdades en el mundo. Dentro del mismo, los arquitectos Paz Núñez y Roberto Goycoolea han especializado su investigación en la habitabilidad, la construcción y los servicios básicos en asentamientos de tipo chabolista, es decir, que afectan a personas en exclusión social o en situación de vulnerabilidad.

Estos dos arquitectos han centrado todo su trabajo en tres ejes fundamentales. El primero de ellos es el análisis del urbanismo en este tipo de poblaciones tanto de países empobrecidos como de países con economías más fuertes como es el caso de España; el segundo, la mejora de las viviendas desde el punto de vista de la construcción, de manera acorde con la población que va a vivir allí; y el tercero, la gestión de los dos procesos anteriores buscando que el beneficiario se implique en el proceso de construcción.

¿Esto cómo se consigue? Paz Núñez ha trabajado en el caso concreto de la Cañada Real de Madrid, como asesora para el anterior Ayuntamiento de Madrid bajo el gobierno de Manuela Carmena. Explica que es un proceso complejo porque debe hacerse conforme a la normativa, a la cualificación de las personas y a los seguros de responsabilidad civil. Pero considera que es posible porque entiende que “cuanto más se implique la población, más sostenible será la intervención”. Con ello se logra, por un lado, que estas personas aprendan un oficio y, por otro, que puedan mejorar su formación e incorporarse al mercado de trabajo.

Administración, población y entes sociales, “todos a una”

Para cumplir los objetivos, opina que debe mejorarse la coordinación entre los distintos actores: la Administración Pública, la población y las entidades sociales deben “trabajar todas a una” para que particulares y familias de estos asentamientos “se consideren ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el resto, independientemente de que sean ilegales, informales, o hayan ocupado el terreno o estén incumpliendo la ley”.

“Es como un triángulo equilátero, si uno de los vértices se estira más, perdemos la forma y no funciona. El primer paso es un pacto entre todos para hacer un itinerario y eso debe pasar por el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y el marco legal”. A todo ello añade la necesidad de tener en cuenta que en este proceso no se aborda solo la vivienda en sí misma, sino también infraestructuras básicas como el agua, el saneamiento y la electricidad.

En el caso de la investigación en otros países, a la hora de realizar la investigación, este grupo de la Universidad de Alcalá busca que haya previamente actores que estén trabajando en el terreno y que puedan proporcionar una base, como universidades o entidades locales. Después, ya estando allí, “identificamos qué problemáticas hay para ver posibles soluciones”. En el caso de las chabolas unas de las cuestiones más importantes es la parcelación del suelo para “asegurar que a la población no se la va a echar” y cada familia “va a poder tener un trocito de tierra para construir una vivienda-semilla y después poder ir mejorando”.

Son procesos muy largos, admite Paz Núñez, pero suponen un “empoderamiento de la persona” y su “reconocimiento como ciudadanos”. Porque opina que entregar la vivienda en mano funciona en algunos contextos y en otros no: hay veces que la persona necesita “una mirada integral”. “En el proceso de construcción una persona puede aprender a confiar en sí misma. Si toda la vida te han dicho que no vales, al final te lo crees y nunca vas a poder salir adelante porque el de enfrente te mira como si fueras un despojo. Cambiar esa mirada es fundamental y nosotros acompañamos en ese proceso”.

Ambos arquitectos del grupo COOPUAH consideran que actualmente se sigue percibiendo la vivienda “como un bien de especulación, de intercambio económico y no como un derecho humano”. Y de hecho, apuntan que incorporar estos mecanismos está costando menos en América Latina que en España, donde hay una “legislación pensada para la clase media” pero no para unos procesos que parten de mucho más atrás en el caso de personas en situación de exclusión social.

Finalmente, piden que las universidades públicas se involucren en este tipo de investigaciones. “Creemos que si ayudamos a las personas y a todo el mundo le va bien, las cosas irán mucho mejor. Invertir en investigación para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, estén donde estén, es una tarea prioritaria y más desde los fondos públicos. Es devolver a la sociedad lo que ha invertido, es un compromiso”.