Europa señala a España por cinco vertederos “ilegales” en Guadalajara
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha acusado a España de incumplir sus obligaciones para asegurar un tratamiento de residuos “sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente” en un total de 61 vertederos incontrolados e ilegales en varias regiones del país.
Entre esas regiones, se encuentra Castilla-La Mancha. En la sentencia, la Comisión Europea cita expresamente a a los vertederos de Arbancón, de Galve de Sorbe, de Hiendelaencina y de Tamajón, situados todos ellos en la provincia de Guadalajara para explicar que, de los documentos aportados por el España con su escrito de contestación “se desprende que, si bien se ha demostrado en la actualidad la clausura, sellado y regeneración de estos cuatro vertederos, también consta que la infracción ”sólo cesó tras la expiración del plazo fijado“.
Además, se refiere al vertedero de El Casar, también en la provincia de Guadalajara, dado que del escrito de contestación se desprende que “el proyecto de clausura, sellado y regeneración se está elaborando” pero España reconoce que aún no han finalizado la aprobación y ejecución de las operaciones de sellado y regeneración de este vertedero. Por tanto, concluye la Comisión, “el incumplimiento de las obligaciones resultantes del artículo 13 de la Directiva 2008/98 es patente”.
Hay que recordar, aunque la sentencia no lo cita de forma expresa, el incendio en el vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo) que originó un fuego de grandes dimensiones que está siendo investigado en los tribunales, tanto lo que tiene que ver con su origen como sus consecuencias medioambientales.
En su sentencia, el TUE considera que estos vertederos han funcionado “durante un largo periodo” de manera “incontrolada e ilegal” así como que los residuos vertidos “no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medio ambiente” y en particular “sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora”.
El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar “vertederos ilegales”. Bruselas dio un nuevo paso en este procedimiento de infracción en 2014, cuando volvió a instar a las autoridades españolas a actuar para atajar el “significativo número de vertederos incontrolados” que seguían en funcionamiento.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario denunció a España en 2015 ante la justicia europea por su “deficiente gestión” de residuos en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y argumentó que no había tomado medidas para “cerrar, sellar y restaurar ecológicamente 61 vertederos ilegales”.
España se defendió alegando que ha impulsado el “complejo” proceso para cumplir con las normas europeas y resaltó el “inmenso esfuerzo adicional” realizado en un periodo de “graves dificultades económicas y presupuestarias”. Aún así, las autoridades nacionales expusieron la habilitación de líneas de financiación específicas para el acondicionamiento de los vertederos.
En la sentencia de este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo ha determinado que España incumple sus obligaciones para asegurar que los residuos son tratados como establecen las reglas comunitarias.
Además, el TUE afirma que España no ha demostrado que los incumplimientos cesaran antes de expirar el ultimátum de Bruselas de 2014 y recuerda que un Estado miembro “no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos” que establece la legislación europea.
