Imputado el ex-presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño
El juzgado número 2 de Illescas ha abierto instrucción contra el ex-presidente de la Diputación de Toledo y ex-alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, por un presunto delito de prevaricación en el Ayuntamiento illescano. Los hechos se refieren a una factura de 348.000 euros y la denuncia ha sido presentada por el actual alcalde, Fernando Cabanes, siguiendo las recomendaciones que han hecho los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Tofiño fue hasta 2011 alcalde de la localidad toledana y presidente de la Diputación durante dos legislaturas, hasta que en los pasados comicios municipales y autonómicos perdió su partido (PSOE) tanto la Alcaldía de la localidad como la presidencia de la Diputación, quedando en manos de Arturo García-Tizón que lo más probable es que la abandone el próximo mes de mayo.
Cabanes ha sido el que ha anunciado la denuncia interpuesta al anterior alcalde y señala que lo hace siguiendo siempre los criterios de los juristas municipales, que consideran puede haber un indicio de delito en los hechos de esa factura. “Yo tenía la obligación de denunciar los hechos como máxima autoridad del municipio”, según ha indicado Cabanes, que ha señalado que el posible delito “no ha prescrito”.
Según Cabanes lo ocurrido viene desde el plan de recalificación de terrenos del año 2005, siendo Tofiño alcalde, cuando se recalifican unos terrenos rústicos e industriales para hacerlos residenciales y construir una gran urbanización con unas 20.000 viviendas, en la época en la que también estaba en construcción el complejo residencial de Seseña nuevo o poco antes de que comenzara el de Valdeluz en Yebes (Guadalajara). Se preparó un plan que soterraría las vías del tren con lo adquirido en la recalificación, pero finalmente la obra urbanística no se realizó.
Sin embargo se ingresó un dinero en teoría para hacer ese soterramiento por parte, según indica el ahora alcalde, de los llamados “postulantes agentes urbanizadores”, que fueron una figura creada por el Gobierno local de Tofiño. Cuando la obra dejó de estar en proyecto esta figura pidió el dinero que dio para el soterramiento, y el Ayuntamiento pagó esos 348.000 euros en una factura a una empresa que redactó un informe urbanístico. Esta factura fue encontrada según Cabanes por el actual gobierno del PP tras estudiar los gastos del anterior Equipo de Gobierno en el plan urbanístico. Los interventores municipales no dieron el visto bueno al pago de esa factura, pero no obstante presuntamente Tofiño ordenó pagarla. “Además a los cuatro días, cuando el Ayuntamiento venía pagando a 180 días”.
La licitación del plan urbanístico a esa empresa, que en teoría y según acusa el PP no se sacó a concurso público y simplemente se contrató directamente, el pago de esa factura en contra de los interventores y la falta de informes que justifiquen ese pago y el trabajo realizado a cambio de ese dinero serían tres puntos que pueden ser constitutivos de delito de prevaricación, de donde viene el origen de la denuncia.
