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IU pide al Gobierno de García-Page "la misma urgencia para desalojar los pisos ocupados por la prostitución" que para la ley anti-ocupación

Sin clientes no hay prostitución

El Área de Mujer de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha pide al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "la misma contundencia" para desalojar los pisos ocupados por la prostitución que para implementar una ley anti-ocupación.

Castilla-La Mancha propone a Moncloa su ley anti-ocupación mientras la legislación regional de Vivienda sigue a la espera

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Lo reclama después de que el Gobierno regional presentase el anteproyecto de la Ley de Medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

IU dice querer "la misma urgencia para desalojar los pisos ocupados por la prostitución y, así, acorralar a las mafias, perseguir el crimen organizado en su entorno y proteger a las mujeres, ni más ni menos" pero, ironiza, "sacar a los puteros de los pisos no es tan mediático como sacar a familias de pisos vacíos de los bancos y para acabar con la prostitución se hace necesario mucho trabajo, impulsar medidas integrales, unificadas en una reglamentación estatal indudablemente abolicionista, asumida por las comunidades autónomas, que provengan del diálogo con partidos, asociaciones, entidades y mujeres en prostitución y por supuesto con dotación económica", ha señalado la responsable del Área de Mujer de IU en la región, Isabel Álvarez.

Y es que, añade esta formación, las entidades que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución "hace tiempo que informan de que esta actividad se está derivando a pisos y chalets, algo que dificulta la identificación de proxenetas y explotadores sexuales y facilita el anonimato y acceso de puteros".

La formación de izquierdas recuerda que en el pasado mes de agosto se consiguió el cierre de los prostíbulos en Castilla-La Mancha fuera cual fuera la licencia de apertura bajo la cual operaban y remover la conciencia de la sociedad y las instituciones posibilitando que la Junta de Comunidades por fin dictara este decreto de cierre, pero considera que la medida "no es suficiente, se necesita mucho más" y considera "arriesgado" que desde Castilla-La Mancha pida valentía al Gobierno central para abordar el cierre de estos locales, cuando "conocemos las denuncias de muchos de estos locales de prostitución en nuestra región que permanecen abiertos, saltándose a la torera la legislación".

Es el caso de un prostíbulo en Ocaña (Toledo) que cuenta con medio centenar de denuncias por seguir abierto pese a la prohibición expresa de la Consejería de Sanidad. Una postura de los propietarios frente a la que, según reconoce el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha "solo queda la vía judicial" o bien, como explicaba la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, el cambio en la normativa nacional. Ayer mismo, la consejera durante una reunión telemática con el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, reclamaba una legislación para todo el territorio nacional “que proporcione los instrumentos y la seguridad jurídica necesaria para poder hacer efectivos esos cierres”.

"Penalizar a los explotadores sexuales y proxenetas como ahora pide la Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha es solo uno de los pasos, puesto que obtener el consentimiento de las mujeres de situación de vulnerabilidad es tan fácil que resulta imposible dilucidar en qué momento la trata y la prostitución pueden separarse si van íntimamente unidas a la necesidad", apunta hoy Izquierda Unida

La formación sugiere una serie de medidas que pasan por el endurecimiento de las penas para proxenetas y explotadores y la identificación de dueños de los inmuebles para su posible imputación, la tramitación por juicio rápido de la prostitución en pisos e inmuebles, denuncias policiales al juzgado con el atestado al dueño del inmueble "ya que se requiere una respuesta rápida si el propietario se desentiende o simplemente es el explotador", explica Álvarez, además de decisiones judiciales de desalojo en 48 horas y sanciones por la utilización de las viviendas para la prostitución y/o la comisión de otro tipo de delitos.

Por último, Alvárez asegura que: "Sabemos que el camino hacia el abolicionismo de la prostitución no va a ser un camino de rosas pero no por ello vamos a desistir en una lucha que muchas compañeras iniciaron hace décadas, y mientras esperamos que el Gobierno de Emiliano García-Page apruebe un Proyecto de Ley Abolicionista tan contundente como el de la "ocupación", utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para continuar con ella".

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Publicado el
25 de septiembre de 2020 - 13:23 h

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