La Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha entra ‘en capilla’ tras aceptarse un 95% de las aportaciones ciudadanas

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado esta semana el proyecto de ley de ‘Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha’ y el texto será sometido ahora a un plazo para presentar enmiendas que concluye el 12 de abril.

El Gobierno regional ha apostado por la tramitación de la norma por la vía de urgencia para que pueda ser aprobada este mismo mes de abril. De conseguirlo, el proyecto redactado por el Comisionado de Reto Demográfico, dependiente de Vicepresidencia del Gobierno regional, constituirá la segunda ley en ver la luz en este cuarto periodo de sesiones (tras la aprobación en febrero de la Ley SUMA de trámites urbanísticos) y la vigésima en lo que va de legislatura.

Será una norma muy participada aunque no unánime, ya que distintas voces de la región advierten que esperarán a ver en qué se traduce realmente esta ley en la práctica, y sobre todo en presupuesto, a través de las medidas de la futura Estrategia Regional frente a la Despoblación. Ya lo dejaban caer los partidos de la oposición meses atrás

De momento al texto de la ley se han incorporado el 95% de las aportaciones que se realizaron durante la celebración de la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha que arrancó en verano de 2019 y que concluyó el pasado mes de diciembre tras 13 sesiones y la intervención de 47 ponentes.

Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno explican que también se han incluido 11 aportaciones realizadas durante el periodo de información pública de la ley, de las que siete lo fueron “parcialmente” y cuatro de forma íntegra.

También se abrió un proceso de consulta a través del Portal de Participación Ciudadana de la Junta de Castilla-La Mancha y por esta vía fueron aceptadas de forma íntegra 36 aportaciones y otras seis de forma parcial.

¿Cuáles son las principales incorporaciones de colectivos y particulares?

1.- Las medidas trasversales

En total la norma cuenta con 118 medidas (seis corresponden a competencias del Gobierno de España) de las que 14 tienen carácter transversal y una de ellas dependerá de la futura financiación autonómica y local.

2.- Medidas de ámbito territorial

En este ámbito se enmarca la mejora de la conectividad tecnológica y la capacitación digital en el ámbito rural. De las cuatro medidas propuestas en este aspecto, la ley incluirá tres mientras que la cuarta, centrada en la implantación de una agenda digital regional, no va a ser incluida en la norma pero forma parte de las actuaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Además se han implementado otras cinco de las seis medidas propuestas relacionadas con otras infraestructuras necesarias en las zonas rurales tales como el transporte a demanda, la mejora de la red viaria, del abastecimiento de agua y depuración, la modernización de los regadíos ligada al ahorro de agua así como la accesibilidad a los servicios financieros y bancarios.

En cuanto a la sexta medida que distintos colectivos han propuesto para mejorar la infraestructuras de suministro de luz, el Gobierno regional aduce que “no es competencia de la Comunidad Autónoma, como tampoco lo es restablecer las líneas de transporte –autobús o ferrocarril- que suprimió o recortó servicios la Administración del Estado con la pandemia”.

En materia de Vivienda no hay novedades en el texto e incluso el Gobierno regional considera satisfechas ciertas demandas a través de la nueva Ley SUMA que entre sus objetivos también busca frenar la despoblación.

En lo que tiene que ver con la organización del territorio, la ley ya incluía establecer una zonificación por tipos de áreas rurales, mejorar los tiempos de acceso a los servicios básicos, la cooperación entre administraciones públicas a la hora de prestar servicios o la colaboración con los municipios más pequeños para que puedan elaborar sus planes de urbanismo.

Otra de las propuestas para la ley sugería modernizar los servicios de seguridad del Estado en las zonas rurales, que no es una competencia de la comunidad autónoma.

3.- El ámbito social

Este es uno de los aspectos que, de forma más amplia recoge la ley y han sido numerosas las propuestas al texto normativo. Algunas de las relacionadas con los servicios sanitarios ya se contemplaban, como la potenciación de la Atención Primaria en las zonas rurales, los avances tecnológicos y la Telemedicina o la garantía de las Urgencias y Emergencias en los pueblos.

Eso también ocurría con los servicios educativos. Las seis propuestas al respecto ya se recogían: más infraestructuras y recursos además de equipamientos tecnológicos, posibilidad de que las escuelas puedan funcionar con tan solo cuatro niños, garantía de transporte y comedor escolar, actuaciones educativas que valoricen el medio rural y adaptar la oferta formativa a las zonas despobladas.

En cuanto a los servicios sociales, también las cinco propuestas estaban ya contempladas en el texto: envejecimiento activo, cartera servicios para que personas mayores permanezcan en su domicilio, más servicios de teleasistencia y atención a la Dependencia-teleasistencia, más recursos residenciales e inclusión social.

La norma también recoge cuestiones sobre la natalidad y la crianza de los hijos y tres de las propuestas forman parte de la ley: la atención a la infancia, ampliar servicios atención a menores de 0 a 3 años y el apoyo a las familias en especial a las más vulnerables.

Una cuarta sugerencia pasaba por regularizar o flexibilizar medidas relativas al cuidado de menores en guarderías además de introducir programas específicos para el cuidado de los niños y niñas. Una propuesta que, dice la Junta, en su primera parte “ofrece dudas legales”.

Después están las medidas para mujeres y jóvenes. Se han incluido ocho propuestas que pasan por garantizar la igualdad de oportunidades, medidas de acción positiva, apoyo al emprendimiento individual y colectivo, visibilizar el trabajo de la mujer, reducir la brecha digital, un conjunto de acciones para los jóvenes, como el empleo y la formación, el relevo generacional en la agricultura y una oferta suficiente de servicios de internet, de cultura y de ocio. La única que no se ha incluido en la norma se refiere a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. En este aspecto se ha considerado que ya se viene trabajando desde hace tiempo en esta cuestión.

Por otro lado se ha incorporado una medida para fomentar el retorno al medio rural pero se ha declinado una colaboración entre administraciones para desarrollar una estrategia de integración de inmigrantes en el medio rural al considerar que “no es un tema objeto de esta ley”.

4.- Las cuestiones económicas

En la ley se habla de emprendimiento e innovación en el medio rural y de las 11 medidas propuestas todas forman parte de la ley, entre otros el apoyo al emprendimiento, un nuevo marco fiscal que habrá que definir (y los incentivos habrá que negociarlos con el Gobierno de España) o la mejora de las infraestructuras TIC.

Además, y en relación al desarrollo sostenible hay diez de las 12 propuestas que ya se contemplan en la nueva ley aunque se han dejado fuera las relacionadas con la sensibilización y educación ambiental que ya viene desarrollando la Consejería del ramo y por otro lado, la propuesta de un Estatuto Básico del Pequeño Municipio no se ha incorporado porque es el Gobierno central el que ya trabaja en ello.

Otro de los aspectos económicos importantes es el sector agrícola, ganadero y forestal. Se han incluido nueve de las diez medidas, entre ellas potenciar los canales cortos de comercialización, crear un Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios regionales o buscar la gestión sostenible de las explotaciones agrarias.

Se propusieron cuestiones para la ley como la creación de un Banco de Tierras Público o la puesta en marcha de un Marketplace y una marca de productos de calidad diferenciada en los que ya viene trabajando la Consejería de Agricultura.

Otras sugerencias centradas en apoyar al turismo, la artesanía, la economía social o la cultura, el ocio y el deporte también están incluidas en la futura ley.

La Estrategia frente a la Despoblación, el siguiente paso

Una vez que la ley pase el filtro de las Cortes regionales será el turno de la Estrategia frente a la Despoblación. Se está trabajando de forma paralela -entre otras cosas porque puede nutrirse de los fondos europeos de recuperación derivados de la COVID-19- e incluso se abrió un proceso de participación ciudadana con 11 preguntas.

Los ciudadanos han respondido a un total de 2.078 encuestas, confirman desde la Vicepresidencia del Gobierno y está ya sobre la mesa de todas las consejerías que integran el Ejecutivo regional debido al carácter “transversal” tanto de la ley como de la futura estrategia, subrayan las mismas fuentes.