Así es la Ley Suma que busca "un nuevo modelo de urbanismo" en Castilla-La Mancha y potenciar la "vivienda asequible"

Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha presentado hoy el anteproyecto de la llamada ‘Ley Suma’ que “establecerá un nuevo modelo de urbanismo en la región y que se verá materializado en la futura LOTAU”, según ha dicho el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y que según el presidente regional “va a abrir camino en España, porque le viene bien a ayuntamientos, a empresarios, a ciudadanos y a la economía”.

La principal característica de la norma, ha dicho Emiliano García-Page, es que “va a ser muy útil porque va a reducir trámites y procedimientos” pero “no será la ley de la selva”, ha advertido.

Se trata, agregaba Hernando, de una ley con “más de 60 innovaciones” que se irán desgranando a lo largo de las próximas semanas.

De momento, hoy se han detallado diez medidas concretas que tienen tres objetivos: una mayor dinamización de la economía a través de una simplificación y agilización de trámites, reactivar solares paralizados y conseguir una mayor oferta de viviendas asequibles para el conjunto de la población así como abordar el reto demográfico potenciando el desarrollo de nuestros pequeños municipios”.

La nueva ley se presenta con el consenso de PSOE y Ciudadanos bajo el paraguas de Pacto para la Reconstrucción firmado en junio entre los dos partidos y el Gobierno autonómico, entronca con Economía Circular y busca favorecer los objetivos de la Agenda 2030, según sus promotores.

La Ley Suma quiere "fomentar el crecimiento económico, especialmente el de los municipios más pequeños”, ha asegurado el consejero de Fomento, bajo el concepto de “humanización del urbanismo”.

“Lo que pretendemos es ordenar el territorio haciendo un uso racional del suelo en pos de su conservación y protección, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, prevenir y reducir los efectos del cambio climático, favorecer la economía circular, la movilidad sostenible y la cohesión social”.

Se trata también de “garantizar una vivienda digna, fomentar la innovación digital y el tránsito a un consumo energético de fuentes renovables, así como mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza”.

Flexibilizar las figuras y el planeamiento urbanístico

En cuanto a las figuras vinculadas al urbanismo y al planeamiento urbanístico, Hernando ha detallado que hay cuatro medidas principales.

Por un lado, la puesta en marcha de la llamada ‘Comunicación Previa y la Declaración Responsable’ que se amplía a obras de escasa entidad y a edificios ya existentes siempre que no se altere los parámetros de ocupación o de altura, ni que conlleve un aumento en la edificabilidad o en el número de viviendas.

Además, "se introducen cambios en cuanto a la primera ocupación, los cambios de usos permitidos y la instalación de energías renovables", decía el consejero.

El promotor al que sea aplicable la llamada “declaración responsable’ podrá iniciar las obras “al día siguiente de haber presentado la solicitud". En este aspecto, “los ayuntamientos tendrán un plazo de 20 días para emitir 'algún pero' y si no lo hicieran el silencio administrativo será positivo”, detallaba.

Habrá un nuevo régimen de autorización provisional. En este aspecto, se van a poder autorizar en suelo rústico, en el urbanizable y en el no consolidado y mediante licencia urbanística, previo informe de la Comisión de Urbanismo, actividades económicas como ferias, alojamiento de temporeros, actividades de ocio, mercados ambulantes, aparcamientos públicos y similares, ha explicado.

El consejero espera que la ley permita que la región “sea más atractiva para sector industrial y logística” y por eso se plantea “la innovación” en las actuaciones urbanizadoras. Por ejemplo, con la regulación de los aparcamientos en los polígonos industriales. “No pediremos por encima de las necesidades reales”.

Por eso también se “flexibilizará el régimen de zonas verdes en polígonos industriales para evitar la visión de parques alejados de la población que para nada sirven”, ofreciendo como alternativa “un diseño particularizado para cada actuación” que incluya su creación en otro punto del municipio e, incluso, si se opta por no hacerlo, que la actuación “se pueda monetizar en otras mejoras urbanas más urgentes para el municipio”.

Se cambia la regulación de la reserva de suelo dotacional

Hernando ha anunciado también la modificación de la regulación de la reserva de suelo dotacional, aquel destinado por ejemplo a crear espacios públicos o privados como colegios, centros culturales… para evitar “el café para todos en los requisitos”.

De esta forma, decía, “los ayuntamientos que necesiten dotaciones concretas podrán tenerlas a la carta”. Es, ha dicho, “de sentido común para que, por ejemplo, un polígono con una avenida que no sea más ancha que la plaza del pueblo”.

Eso, sostiene, permitirá “reducir gastos innecesarios, haciendo atractiva la inversión del sector privado”.

Medidas "muy potentes para lograr vivienda asequible" y reactivar solares abandonados

“En esta ley planteamos medidas muy potentes para propiciar la vivienda asequible así como para desbloquear solares que se han convertido en monumentos a la pasada crisis económica”, ha dicho Hernando.

Y por eso, ha dicho, la Vivienda de Protección Oficial puede ser una herramienta que sirva en momentos de mercado expansivo, pero “supone una barrera si el mercado de vivienda está deprimido”.

En este punto, ha recordado cómo la VPO, que llegó a ser hasta un 49,3% más barata que la vivienda libre, “hoy es todo lo contrario”. Ocurre en las cinco provincias de la región, pero en particular en Ciudad Real, donde la vivienda protegida es un 25,2% más cara que la libre.

“Se va a habilitar a las administraciones públicas” para optar por una o por otra dependiendo de la situación del mercado y que se puedan reactivar viviendas o solares abandonados.

El Gobierno regional permitirá reconvertir espacios de vivienda protegida “en vivienda libre asequible” si el propietario solicita licencia de obra en un plazo máximo de 12 meses. El objetivo, decía, es “evitar la especulación”.

Además, se eximirá de la reserva de VPO a aquellos municipios de más de 50.000 habitante cuya población esté en declive en tres de los últimos cuatro años o cuando hayan perdido población según el dato acumulado de los últimos seis años. Para los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes la reserva responderá a la demanda del registro de vivienda y para los municipios de menos de 5.000 habitantes no será obligatorio realizar esta reserva de suelo para “evitar cortapisas al desarrollo de otra serie de actuaciones propias del ámbito rural”, tales como pueden ser las viviendas de carácter estacional y las turísticas, “que están impulsando la actividad económica de nuestros pequeños municipios”, ha explicado.

“Se permitirá aumentar el aprovechamiento en la edificación residencial de forma que no computen las actuaciones de envolventes de la edificación y de suma energética”.

Nueva definición de núcleo rural

Una de las medidas vinculadas al reto demográfico será la creación de una nueva definición de núcleo rural tradicional de tal manera que “resolvemos un vacío que dejaba a nuestras tradicionales aldeas en un limbo urbanístico” relacionado con aquellos suelos que no puedan ser calificados como urbanos o urbanizables en el planeamiento municipal.

Se permitirá la concesión de licencias para nuevas viviendas en suelo rústico de los núcleos rurales tradicionales “siempre que el planeamiento incluya ordenanzas específicas para regular sus aspectos constructivos, estéticos y sobre todo paisajísticos”.

No podrán superar las ya existentes y no podrán autorizarse en parcelas donde ya hay edificaciones de uso residencial.

Medidas simplificación en el medio rural

En este aspecto, debido a la abundancia de pequeños municipios en la región se va a habilitar a los colegios profesionales y diputaciones provinciales para que emitan informes que otorguen licencias urbanísticas para paliar carencias ayuntamientos

“No comprometemos en la redacción del planeamiento general de los municipios también” y además se eximirá de la petición de licencia de obra para conservación y mantenimiento de edificios en suelo rústico. “Por ejemplo para que los agricultores no tengan que hacerlo cada vez que han de arreglar una nave”

Cambios en la fiscalidad de pequeños municipios

Nacho Hernando ha anunciado que se propiciará una menor fiscalidad en los pequeños municipios para atraer inversión que se verá “compensada” con los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas ya que se podrán destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.

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Publicado el
5 de octubre de 2020 - 15:24 h

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