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Diez claves del reto demográfico en Castilla-La Mancha para un 2021 que deberá despejar la incógnita de los fondos europeos

Paterna del Madera (Albacete)

Carmen Bachiller

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Castilla-La Mancha, tercera comunidad autónoma más extensa de España y entre sus 919 municipios hay 69 en los que no hay ningún habitante menor de 20 años, otros 202 no hay ningún niño de entre 0-4 años y en 72 pueblos la población de más de 75 años supera el 50% del total de sus vecinos.

La despoblación se ceba en los municipios con menos de 2.000 habitantes. Suponen el 80% de los municipios de la región,  pero en ellos tan solo vive el 15% de la población castellanomanchega.  

En el arranque de 2021 el reto demográfico sigue siendo exactamente eso, un reto. El fenómeno no es nuevo pero la maquinaria política es lenta cuando se habla de estrategia y, sobre todo, de ponerla en práctica.

Quizá por eso PSOE, PP y Ciudadanos, que son los grupos políticos que actualmente tienen representación en las Cortes regionales, se plantean “una lucha contra la despoblación a medio y largo plazo” y eso a pesar de que dicen ser “muy conscientes de que puede haber algunos municipios en gran riesgo”.

Es lo que sugieren después de año y medio de trabajo de la ‘Comisión no permanente de estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha’, creada en el seno de las Cortes regionales.  Sus conclusiones se aprobaban por unanimidad al límite de cerrar el año 2020, el 29 de diciembre.

Con estos y otros mimbres hay 10 claves sobre las que Castilla-La Mancha incidirá en los próximos meses y años.

1.- Una nueva legislación regional con margen de maniobra limitado por la financiación autonómica

A la posibilidad de revertir la despoblación le queda un largo y tortuoso camino. Entre otras cosas porque la legislación al respecto que el Gobierno regional esperaba ver aprobada antes de que terminase 2020 tendrá que esperar todavía, al menos al primer trimestre de este año y su texto inicial despierta muchas dudas entre PP, Ciudadanos o Podemos, tal y como analizaban para elDiarioclm.es hace unas semanas.

Desarrollar esa ley requerirá, no solo de medidas concretas que la oposición echa en falta en el borrador del texto, sino también de presupuesto. Al margen de los fondos propios de Castilla-La Mancha, el Parlamento castellanomanchego apuesta por una revisión del modelo de financiación autonómica y local que “debe incluir criterios en los que se tenga en cuenta el coste real de los servicios prestados”.

Pero eso es algo que dependerá no solo del Gobierno de España sino de las negociaciones con el resto de comunidades autónomas, con necesidades y aspiraciones muy diferentes.

2.- Los fondos de recuperación europea Next Generation-EU y la ‘espada de Damocles’ de los FEDER y los Fondos de Cohesión

Otra de las grandes fuentes para frenar la despoblación son los fondos europeos en dos vertientes. Por un lado, con la llegada de un nuevo año se espera más claridad sobre si los fondos europeos ahondarán más en el problema de la despoblación y si las ayudas a la reconstrucción post COVID, los fondos Next Generation-EU harán lo propio.

En el primer caso, existen muchas dudas sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y sobre la nueva política de cohesión de la Unión Europea con horizonte 2027. Esta misma semana la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica alertaba de “un retroceso de extrema gravedad” si se confirma la supresión de ayudas contra la despoblación en el diseño de estos fondos. De momento, todo está en el aire.

En cuanto a los Next Generation-EU todo dependerá de si los proyectos que se presenten desde Castilla-La Mancha pasan o no el filtro nacional y después el europeo. Si lo logran deberán ser capaces de implementar medidas de choque eficaces a medio y largo plazo. También está por ver.

3.- Incentivos fiscales, del conjunto de las Administraciones Públicas, para hacer frente a la despoblación

Sin dejar de hablar de dinero el tema de los incentivos fiscales en las zonas despobladas es algo por lo que apuestan los distintos partidos políticos castellanomanchegos, aunque Podemos -que ahora no está en el Parlamento regional- cree que de entrada la legislación que se plantea tiene muchas “carencias” en el aspecto tributario.

De momento, PSOE, PP y Ciudadanos creen (según las conclusiones de la Comisión celebrada en las Cortes regionales) que hay que “ofrecer un nuevo marco fiscal, promovido tanto por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos” para impulsar la actividad económica y el empleo estable.

4.- Simplificación normativa y administrativa para erradicar frenos al desarrollo de proyectos

Vinculada a la cuestión fiscal estaría la reducción de la burocracia en el ámbito rural (aunque en eso también se lleva tiempo avanzando, lentamente, en las zonas urbanas).

Y además, para impulsar el desarrollo de proyectos también se apuesta por la colaboración público-privada, por  un papel de la actividad económica privada ante el reto de la  despoblación“ más activo.

5. Definición de las zonas rurales de prioridad demográfica, teniendo en cuenta la gravedad e intensidad del problema

Otra de las cuestiones que la región se marca como prioritaria y que ya recoge la futura ley es definir qué y cuáles son las zonas rurales de prioridad demográfica.

En cualquier caso, en este aspecto se plantea un cambio en organización del territorio. PSOE, PP y Ciudadanos sugieren ( ya lo hicieron algunos de los expertos que pasaron por la Comisión de las Cortes regionales) avanzar hacia un modelo que mejore la funcionalidad interna de la zona rural y su relación con sus núcleos de referencia y con el resto del territorio. Eso incluye cambios en el Urbanismo (Ley SUMA y Ley de Proyectos Prioritarios).

Si se plantea modificar la fiscalidad en las zonas despobladas otro tanto se quiere hacer con la normativa urbanísticas con “un régimen especial para los pequeños municipios, la innovación de las ITP de suelo rústico y la futura ley de Simplificación Urbanística y de Medidas  Administrativas” o Ley SUMA.

6.- Incorporar el impacto demográfico en la elaboración de las leyes y reglamentos, contemplando las necesidades y circunstancias del mundo rural

Esto tendría que ver, por ejemplo, con la Educación. PSOE, PP y Ciudadanos ven “necesario” que la oferta educativa permita “flexibilizar” las ratios aplicados en educación, teniendo en cuenta la ruralidad en general y la situación específica de las zonas con bajas densidades de población.

Se aboga por colegios rurales abiertos siempre que cuenten al menos con un mínimo de cuatro alumnos y alumnas, que cursen los niveles de Educación Infantil y de Educación Primaria y, su mantenimiento de forma excepcional con menos alumnos y alumnas.

7.- Conectividad y tecnología en la recuperación demográfica.

En plena Nochebuena de 2020 la Sierra del Segura en Albacete se quedó sin teléfono e internet. Lo denunciaron los vecinos de la zona.  Más allá de averías puntuales, lo cierto es que la pandemia ha puesto de manifiesto la situación en las zonas rurales y eso que Castilla-La Mancha, y eso lo dice hasta la oposición política en privado, no está entre las regiones con más problemas de conectividad.

El objetivo ahora es lograr que el conjunto de las Administraciones pidan a las operadoras cumplir “de forma efectiva” la conectividad digital, de banda ancha y móvil así como promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 4G y 5G, y fibra , que permitan paliar el déficit tecnológico de los núcleos rurales.

Se habla incluso de implantar una ‘Agenda digital Rural’ siguiendo un planeamiento y una hoja de ruta priorizando las zonas más deficitarias. Al margen, se aboga por “formar en competencias digitales a todas las personas del mundo rural” y en particular a las personas mayores y a las mujeres, con el objetivo de reducir la brecha digital.

Pero hablar de tecnología es hacerlo también de su aplicación a servicios básicos como la luz o el agua tanto para abastecimiento humano como regadíos o garantizar el acceso de toda la población a estos servicios básicos y favoreciendo una oferta diversa, a través de las nuevas tecnologías (oficinas, cajeros, oficinas móviles, etc…).

De nuevo en esta cuestión se habla de fijar “una agenda real y priorizada” de inversiones. Sin más datos.

Por cierto que, PSOE, PP y Ciudadanos apuestan por la telemedicina para el mundo rural “sin menoscabo de las necesarias consultas médicas presenciales en los Consultorios Locales”.

8.- La economía sostenible y las fuentes de energía alternativa

Esta es otra de las apuestas fuertes de los partidos que tienen representación en el Parlamento regional: fomentar la actividad y el desarrollo económico de una manera sostenible, aprovechando las oportunidades que brindan el Pacto Verde europeo, las tecnologías de la información y la comunicación, la existencia de importantes recursos naturales y patrimoniales y la existencia de un importante sector agrario y de así como la atención y cuidado de las personas mayores.

Más allá de lo que dé de sí la nueva PAC, se propone la creación de “bancos de tierra” como a herramienta que pueda facilitar el acceso a los jóvenes a tierras que garanticen el éxito de su incorporación y que a la vez puedan recuperen “tierras agrícolas que de otra manera pueden terminar o ya están abandonadas”.

“Hay que favorecer la agricultura y la ganadería ecológica, así como apoyar a la ganadería extensiva” se apunta y también “se debe fomentar una gestión adecuada y sostenible de las explotaciones agrarias con el fin de reducir la contaminación de los suelos y aguas y evitar la pérdida de biodiversidad”, dicen PSOE, PP y Ciudadanos, aunque paradójicamente no dejan de incrementarse las macrogranjas en la región.

En cuanto a las energías alternativas, solo hay que ver el despliegue de plantas eólicas o fotovoltaicas en los últimos tiempos. Si eso termina o no frenando la despoblación, todavía está por ver. En lugares como Higueruela (Albacete) parece haber funcionado.

9.- Retorno de migrantes e integración de inmigrantes

Uno de los aspectos que se plantean desde el Parlamento regional tiene que ver con estas personas y se hace una declaración de intenciones, sin especificar medidas.

“Hay que fomentar tanto el retorno de personas que en su día se marcharon de los pueblos como de aquellas personas que se quieran instalar por primera vez”. Es la propuesta para los migrantes.

En la otra cara de la moneda, se afirma que “la población extranjera inmigrante tiene que ser vista como un activo que ayude a desarrollar el medio rural, tanto por el lado del mercado laboral, como por la incorporación de jóvenes y niños”.

Se apuesta por “la colaboración” entre la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales, para desarrollar una estrategia de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional que “permita garantizar la cohesión social y la vertebración territorial y dar respuesta al desafío de los flujos migratorios.

¿Cómo podría hacerse? Tan solo se apunta como “fundamental” la colaboración del Tercer Sector.

10-. La necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las actuaciones

“Las mujeres desempeñan un papel esencial y transformador en las zonas rurales”. Es una frase repetida hasta la saciedad años atrás. De nuevo se utiliza en la hoja de ruta base que marcan las Cortes regionales: igualdad de oportunidades, emprendimiento femenino, acceso a la formación, a la actividad agraria mediante la titularidad compartida siguen siendo lugares comunes que se repiten una y otra vez.

La integración de la perspectiva de género en todas las actuaciones y medidas que vayan a plantearse es algo que impregna, poco a poco la actividad política y legislativa regional.

Esta cuestión también incluiría otra necesidad: la de eliminar estereotipos y valorizar la imagen del medio rural. Todavía está por definir cómo hacerlo más allá de las campañas puntuales que vienen realizando algunos departamentos del Gobierno regional, diputaciones o ayuntamientos.

Todas estas cuestiones, como ocurre con la futura Ley de Despoblación, están todavía por desarrollar y de momento se habla, en líneas generales, de “diseñar una estrategia estatal y regional contra la despoblación”. En realidad, casi todo está por hacer. 

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