Así cojea la futura Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha según PP, Ciudadanos y Podemos

En el primer trimestre de 2021 verá previsiblemente la luz la llamada Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y se comenzará a elaborar la estrategia concreta que ponga mayor luz y concreción al texto legislativo.

Hasta el 13 de octubre el texto recibía 233 opiniones o aportaciones ciudadanas o de distintos colectivos presentadas a la Oficina del Comisionado para el Reto Demográfico en la región. Ahora, la ley permanece en periodo de exposición pública para las alegaciones al borrador del anteproyecto.

Al margen de estas consideraciones hemos pulsado la opinión de PP, Ciudadanos y Podemos Castilla-La Mancha sobre la norma que se prepara. Los tres partidos políticos coinciden en señalar que, aunque el texto es necesario, se queda en una declaración de intenciones, “una ley de medidas, sin medidas”.

Asunción Mateos es secretaria de Mundo Rural, Estrategia contra la Despoblación y Transición Energética en Podemos Castilla-La Mancha y considera que se trata de un texto normativo “escaso” y, a pesar de reconocer que “supone por fin el primer paso de una estrategia regional”, encuentra “varias carencias”.

En Podemos reseñan “la trampa” que ya supone hasta el propio nombre de la ley cuando habla de “medidas” porque, dice, “no encontramos una medida concreta, estipulada y con el gasto que se va a realizar sino generalidades y consideraciones abstractas” y aunque Mateos reconoce que “las leyes deben ser amplias, si se habla de medidas económicas y sociales, no solo hay que enumerar aquello hacia lo que queremos ir, sino cómo hacerlo”.

"Vamos a ver si de verdad hay presupuesto y si hay coordinación entre las distintas administraciones”, dice Ciudadanos

“Es un proyecto ambicioso, pero habrá que ver la voluntad política que hay detrás de él porque hay que desarrollarlo. Así veremos si de verdad vamos a luchar contra la despoblación”, apunta la coordinadora regional de Ciudadanos, Carmen Picazo.

Dice que en su partido “la música gusta porque han tenido en cuenta muchas de las medidas de la Comisión de Despoblación que promovió Ciudadanos y que salió adelante en las Cortes regionales” pero, muestra cautela: “Vamos a ver si de verdad hay presupuesto y si hay coordinación entre las distintas administraciones”.

En el Partido Popular nos derivan a la diputada nacional por Albacete y secretaria de Sostenibilidad y Despoblación del Comité Ejecutivo Nacional, Carmen Navarro, para fijar posición.

La norma que se prepara, dice, “es oportuna y necesaria” porque la despoblación “es uno de los problemas principales de la agenda política y los territorios que más lo acusan son Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha” y porque hay “una falta de pulso nacional para hacer una verdadera política de Estado”. Y sin embargo, afea, “no concreta, solo le da al chau-chau”.

En cuanto a la ley castellanomanchega destaca “la zonificación que marca Europa como pilar para realizar medidas concretas” o el hecho de que recoja “las tres partes de financiación que se han de tener para luchar contra la despoblación y contra el cúmulo de problemas por la dispersión geográfica, el envejecimiento, la baja natalidad…”. Se refiere a los fondos europeos y a la apuesta de la propia comunidad autónoma con recursos propios.

La “imprecisión” de la fiscalidad y “ponerlo fácil” a jóvenes y mujeres

Para la ‘popular’ Carmen Navarro el texto tiene “imprecisiones” en cuanto a la fiscalidad porque “se habla de bajar impuestos sin concretar o cuenta con expresiones como por ejemplo. ¡Hombre, no! La norma que emane del Parlamento ha de recoger la labor del legislador”.

La norma, señala, “tiene lagunas porque no desciende al problema concreto”. En su opinión, “se pueden hacer muchas cosas” respecto al Impuesto de Transmisiones o al de Actos Jurídicos Documentados. “Hombre, concrete más. ¿Lo va eliminar, lo va a bajar? ¿Y cómo?”.

Ciudadanos recuerda que “siempre” ha reclamado una rebaja del 60% en el IRPF para quienes viven en zonas rurales. Y además abogan por adaptar las cuotas de autónomo a los ingresos reales. “Si tengo un bar, pero mi municipio tiene 150 habitantes los ingresos no serán los mismos que los de una capital. Hay que adaptarlo y ponerlo fácil, sobre todo al principio a jóvenes y a mujeres”.

Carmen Picazo sostiene que “si queremos asentar población en las zonas rurales, los empleados públicos tendrían que tener un complemento salarial”. La ley se limita a hablar de incentivos económicos, lamenta Picazo. “El problema es que es una declaración de intenciones. Vamos a ver si podemos atarlo presupuestariamente porque llevamos muchos años sin creernos la despoblación”.

Para Asunción Mateos, economista de profesión, la ley tiene “muchas carencias” en el aspecto tributario. Podemos apuesta por una batería de propuestas para propiciar un “desarrollo sostenible” del medio rural con “incentivos fiscales a las empresas y la creación de cooperativas en la zona, implementar una estrategia de reindustrialización verde y la economía circular, la agricultura ecológica. Todo ello permite consolidar las comunidades en el medio rural”.

La democracia participativa, una de las “grandes lagunas”, según Podemos

Según la formación, otra de las “grandes lagunas” del anteproyecto tiene que ver con la democracia participativa. “La gente ha de poder decidir sobre políticas públicas en función de sus necesidades, asesorada por expertos en cuestiones técnicas”. De ahí que Podemos sugiera incluir en el Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y Frente a la Despoblación incluir a expertos, pero también a asociaciones o movimientos sociales y ciudadanos a título particular.

“En la anterior legislatura conseguimos aprobar la Ley de Participación Ciudadana y hay que seguir construyendo en este sentido”.

La norma habla a lo largo de su articulado de “garantía” de los servicios públicos relacionados con la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. La formación morada cree que “es un paso esencial” pero advierte que “esa garantía no se consigue con un proyecto de ley. Hay que verlo en los Presupuestos de Castilla-La Mancha”.

Para Carmen Navarro, del PP, “es fundamental garantizar la equidad, aunque ya sabemos que no podemos poner una infraestructura hospitalaria en cada núcleo de población, pero tenemos que buscar parámetros de igualdad”.

En este sentido, “el reto está en reformar la financiación autonómica que es donde se costean los servicios básicos de todos los españoles” y reclama un reparto atendiendo a la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional. Eso, asegura, “no es fácil si el gobierno central está en cosas como el independentismo, los filoetarras y sin preocuparse de los problemas reales de los españoles. Ni siquiera tenemos definidas cuáles son las zonas afectadas por la despoblación con sus características variadas en una hoja de ruta para cada territorio. La política no puede ser lineal”.

El retorno de los jóvenes al pueblo es “interesante” si no se aborda como “un parche”

La norma contempla medidas orientadas a la cohesión social, económica y territorial de la región. Una de ellas es el desarrollo del Programa de Retorno del Talento Interno para facilitar a las personas con titulación el retorno a las zonas rurales fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

Asunción Mateos, de Podemos, califica de “interesante” la propuesta. “Vamos a ver si se realiza. La despoblación no solo profundiza en el desequilibrio de la estructura socioeconómica actual, sino que es el resultado de ese desequilibrio no resuelto”.

En ese sentido, advierte que este programa puede resultar “un parche a una educación universitaria o a la investigación y desarrollo, a la formación profesional que no se ha consolidado en la región. Nuestros jóvenes han tenido que marcharse y no por gusto”.

El problema, dice, debe tratarse “como algo estructural y no como un mero desequilibrio demográfico”.

Para Carmen Navarro, mujeres y jóvenes asientan población. “Son los verdaderos protagonistas del reto demográfico y ha que generar oportunidades de calidad. Hay jóvenes muy formados que pueden volver al pueblo, pero no se trata de que lo hagan a golpe de talonario y durante un tiempo”.

Cree que hay que crear oportunidades “atendiendo a las nuevas titulaciones y fomentando la innovación social. Es curioso que en reuniones que he tenido con el Consejo de la Juventud de España es que el principal obstáculo para volver al pueblo sea la falta de oferta cultural y de ocio”.

Picazo, de Ciudadanos contempla el programa de retorno con buenos ojos, pero matiza: “Si un titulado se queda en el pueblo lo hará por la calidad de los servicios públicos. Habrá que fomentar además que quiera emprender” y apunta a la necesidad de “deslocalizar la universidad para implantarse en distintos municipios. Hay carreras como la de perito agrónomo que podrían hacer allí sus prácticas”.

“Nos gusta lo que dice la ley sobre la Formación Profesional, que sea adecuada a las necesidades del municipio porque podemos sacar todos los años cursos de auxiliar administrativo cuando quizá hay exceso de personas formadas en esta materia”. En este sentido, reclama “más ambición” y “saber qué necesitan las empresas”.

"El problema de la despoblación debe abordarse como algo estructural y no como un mero desequilibrio demográfico”, según Podemos

Una referencia a la igualdad de género escasa y arcaica“ y falta más inclusión LGTBI y migratoria

Otro de los defectos de la norma para Podemos es que en el texto “la igualdad de género está únicamente basada en la prevención y sensibilización contra la violencia, pero la referencia es escasa y arcaica” y por eso proponen medidas concretas.

Por ejemplo, abogan por favorecer la formación en cooperativismo para promover el relevo generacional o el fomento de planes de igualdad para incorporar a más mujeres en puestos de responsabilidad del entorno rural.

“Creemos que desde el primer artículo de la ley el papel de la mujer rural tiene que tener más relevancia como mecanismo para garantizar el mantenimiento de la población y la viabilidad social y económica del medio rural”. Las medidas en igualdad no deben ser un complemento más, señala Podemos, sino “el centro de las leyes”.

Para Mateos falta además “más inclusión para los colectivos LGTBI y para la diversidad migratoria”. El hecho de que los entornos rurales sean diversos, sostiene, “permitirá un desarrollo habitacional y económico”.

Ciudadanos: “Es fundamental la conectividad y la movilidad”

Ciudadanos pone el acento en que los vecinos de los pueblos “tengan servicios públicos de calidad y la ley es cierto que parece reflejar voluntad de que eso sea así”.

Es “fundamental la conectividad”, el acceso a los servicios de Internet “porque hablamos de teletrabajo, pero la mayoría de los ponentes de la Comisión de Despoblación nos decía que en sus pueblos era muy difícil o que había que subirse a un cerro. Con ley o sin ley si no trabajamos en ello, se lo ponemos muy difícil”.

También pide incidir en las soluciones a los problemas de movilidad “sobre todo entre una población envejecida que necesita trasladarse a un servicio básico”. Y es que, apunta, “cuando vemos que los bancos retiran cajeros automáticos o que cada vez hay más dificultades para coger el transporte público…llama la atención”.

La diputada regional pone varios ejemplos en las carencias de servicios públicos en la Castilla-La Mancha despoblada. “El hecho de que en Albacete, en una pedanía de Pozohondo, lleven seis meses sin que el médico pase por baja de la facultativa que pasada una vez por semana. O el señor de la comarca de Talavera que cuando ha de ir al especialista ha de hacer noche en un hotel el día de antes por falta de transporte”.

Vivienda: no a los “chiringuitos” según PP y Ciudadanos y sí a recuperar la ley del cajón“, según Podemos

Carmen Picazo también comenta las pinceladas sobre la vivienda en el texto normativo. “Al Gobierno de Castilla-La Mancha le encanta hacer oficinas”, ironiza Carmen Picazo sobre la intención del Ejecutivo de García-Page de facilitar el acceso a la vivienda de las personas que viven en el medio rural creando una Oficina de Fomento de este tipo de viviendas además de establecer una nueva tipología: la Vivienda Rural Protegida.

En su opinión, “ya hay consejerías competentes en la materia que pueden gestionarlo. Nosotros hemos apoyado la Ley Suma que va a facilitar la vivienda y la rehabilitación en pequeños municipios. Es una manera de generar empleo y actividad para las empresas. Igual que debemos apoyarnos en el turismo rural y meterlo en la ley”.

Su opinión es casi calcada a la de Carmen Navarro, del PP. “Mas chiringuitos no queremos, oficinas para no hacer nada, no. Falta vivienda en el medio rural y más que va a faltar porque la pandemia y el teletrabajo han abierto oportunidades”. En su opinión hay que “remover” el parque inmobiliario rural que ya existe a través de “incentivos fiscales para que los propietarios pongan su vivienda rural en arrendamiento y para eso hay que dar seguridad jurídica. No se trata de ponerse a construir como locos”.

En cuanto al planteamiento que el texto normativo hace sobre la vivienda, Podemos cree que es “una humillación a la ciudadanía castellanomanchega” porque, recuerda, “el Gobierno tiene una ley en el cajón desarrollada en la legislatura pasada que incrementaba la vivienda social, promovía las ayudas a la vivienda…No entendemos el planteamiento cuando ya existe una ley a desarrollar”.

También alude la ley a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y en este apartado habla de “prevención y minimización de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo”.

Podemos cree que este aspecto de la ley no es compatible con la proliferación de macrogranjas industriales. “Son consecuencia de la estructura de la despoblación y se basa en un deterioro medioambiental grave en aras a conseguir un beneficio económico”. En su opinión, “no favorecen el empleo local y terminan contribuyendo a la despoblación”.