La prevención del fuego empieza en los ayuntamientos y las diputaciones

Cada verano asistimos a un ritual mediático reiterado. Mientras el humo sepulta comarcas enteras, desde la Serranía de Cuenca hasta la Sierra de San Vicente, pasando por la Alcarria o Alcaraz, el debate público sobre los incendios forestales se desliza por el terreno de la confrontación partidista. Hoy he podido contemplar como las cámaras buscan el reproche cruzado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Aquí sobre el modelo de la empresa pública GEACAM, el despliegue del operativo INFOCAM o la oportunidad de las visitas institucionales. Lo más cómodo: ubicar siempre la responsabilidad lejos del terreno, en despachos regionales o ministeriales. Sin embargo, esta arquitectura del reproche ignora de forma sistemática el nivel más decisivo y cercano del poder público: el ayuntamiento.

Existe la idea preconcebida de que la prevención del fuego es competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. Pero, si bien la gestión de los grandes parques y los operativos de extinción recaen en la escala regional, la ley otorga a los municipios una potestad específica sobre su territorio. Se ignora, de forma sistemática, el nivel más decisivo y cercano del poder público: el ayuntamiento. La legislación forestal y del suelo es categórica: los consistorios tienen el deber y la facultad de exigir a los propietarios privados el desbroce de sus parcelas. Cuando un particular omite esta obligación, la corporación local cuenta con la ejecución subsidiaria: entrar en la finca, limpiar el combustible vegetal y pasarle la factura al titular. Asimismo, la supervisión de las franjas de protección de entre 25 y 50 metros en la interfaz urbano-forestal es una competencia estrictamente municipal, y crucial en tantas urbanizaciones y núcleos rurales rodeados de pinar. La propiedad privada en el medio rural castellano no es un cheque en blanco para el abandono.

La propiedad privada no es un cheque en blanco para el abandono. El principio constitucional de su función social exige que un terreno no se transforme en una amenaza para la seguridad colectiva. ¿Por qué, entonces, tantos alcaldes miran hacia otro lado? La respuesta responde a dos problemas estructurales. El primero es el coste político del cara a cara. En la política de proximidad, abrir un expediente sancionador a un vecino tiene nombres y apellidos, y suele pagarse en las urnas. Resulta electoralmente más rentable culpar a la administración autonómica por «falta de medios» que asumir el desgaste de fiscalizar al propio electorado. El segundo son las carencias financieras del mundo rural. Exigir a un ayuntamiento de 200 habitantes de la Sierra Norte de Guadalajara o del Señorío de Molina, con un secretario compartido a tiempo parcial, que tramite decenas de expedientes sobre fincas atomizadas, con herederos ausentes o desconocidos, es exigir un imposible técnico.

Aquí es donde entra la escala intermedia: las cinco Diputaciones Provinciales de Castilla La Mancha. Para que la prevención municipal sea viable, las Diputaciones deben ejercer como escudo técnico y financiero de los pueblos pequeños a través de tres medidas clave: Servicios jurídicos centralizados que asuman la instrucción y cobranza de los expedientes sancionadores, protegiendo a los alcaldes del desgaste político local; dotación de fondos provinciales dedicados a financiar las limpiezas de oficio de manera inmediata, cobrando posteriormente la deuda al propietario moroso; establecimiento de cuadrillas comarcales que actúen todo el año en la limpieza de franjas de seguridad y montes municipales, priorizando la prevención invernal frente al pánico estival.

Garantizar que nuestros montes y pueblos estén protegidos no es un ataque a la propiedad privada, sino la defensa elemental del bien común y del futuro de nuestra tierra. Es hora de superar el cómodo fetiche de la competencia autonómica y asumir que la primera trinchera contra el fuego se gestiona en las casas consistoriales de Castilla-La Mancha. Solo hace falta la voluntad política de ejercer la competencia y la inteligencia de respaldarla desde el nivel provincial.