El problema de transparencia del cementerio nuclear de Villar de Cañas

El proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) situado en la localidad conquense de Villar de Cañas acusa ahora mismo un grave problema de transparencia. La plataforma de Ecologistas en Acción de Cuenca he realizado repetidas solicitudes para tener acceso a los informes geológicos de los terrenos donde se proyecta la construcción del también llamado Cementerio Nuclear, todas sin ningún éxito.

Tanto las peticiones elevadas al Ministerio de Industria, en la misma línea que la realizada por el Diputado Jordi Jané, como las levantadas directamente a la empresa ENRESA, institución pública a cargo de gestionar los residuos radiactivos del territorio español, e, incluso, aquellas dirigidas al Ayuntamiento de la localidad han encontrado una fuerte resistencia, que ha levantado las dudas y las sospechas en la población.

Las peticiones dirigidas al Ayuntamiento de Villar de Cañas se han resuelto con tardanza, en un principio, si bien han sido más expeditas en el transcurso de este proceso, y se han refugiado en su falta de poder en el tema. Por parte de esta institución existen, sin embargo, distintas muestras de que si es posible que este informe se encuentre en su poder, una situación que, de ser cierta, podría poner a este consistorio en una situación inadmisible para un poder público. Ocultar esta información crucial, no sólo por su importancia, sino por las reiteradas demandas que se han hecho para acceder a ella, implica una total falta de ética y respeto hacia las personas que confían en estos trabajadores públicos para llevar adelante su localidad. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca está llevando a cabo un recurso vía administrativa, que, de no ser exitoso, podrá derivar en uno de tipo judicial, con la ayuda del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus.

La preocupación de esta plataforma, conformada por un inmenso universo de instituciones públicas que abarcan un espectro de tendencias políticas importante, viene de ciertas reticencias en los primeros informes gubernamentales respecto al proyecto. En el resumen del examen de los terrenos se especifica claramente que “Si, en base a investigaciones futuras del propio emplazamiento, se confirmara que en cualquiera de las zonas propuestas el riesgo a medio plazo de potenciales disoluciones en el subsuelo no es despreciable, sería mejor centrarse en los emplazamientos presentados carentes de este tipo de procesos.” La necesidad de reafirmar que el terreno es completamente apropiado y que no presenta ningún tipo de riesgos para la población o el entorno es la prioridad para esta Plataforma y debería serlo también para los encargados del proyecto.

La estrategia comunicativa que está llevando a cabo ENRESA es reprochable, no sólo por su condición de institución pública, sino porque también está llevando a cabo una contradicción legal, específicamente hacia la Ley 27/2006 que determina que “cualquier persona física o jurídica” puede solicitar acceso a información ambiental. La ley garantiza también la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de manera paulatina y lo más amplia posible. Ecologistas en Acción ha vuelto a pedir la información a ENRESA, cumpliendo las demandas administrativas impuestas por la empresa, y ha dirigido la situación también al Consejo de Seguridad Nuclear.