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El Ayuntamiento conquense de Villalpardo recibió la siguiente misiva por parte de la dirección general de Familia, Menores y Promoción social:
“Hemos detectado que el número de profesionales que realizan sus funciones en el área 1609 de Servicios Sociales, entre los que se incluyen el personal del Convenio Supramunicipal que suscribe esta Consejería de sanidad y Asuntos Sociales con el Ayuntamiento de Villalpardo, está muy por encima de los ratios establecidos en la vigente ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y en el Decreto 147/2004 que regula la estructura territorial de zonas y áreas de Servicios Sociales, por lo que para el ejercicio solo se financiará, a través del citado convenio, un Auxiliar Administrativo y un Educador Social.
Reciba un cordial saludo.
Silvia Valmañan,
Directora General de la Familia, Menores y Promoción Social.
El área mencionada, 1609, abarca según el Decreto 287/2004, 16 municipios, liderados por el Ayuntamiento de Iniesta. En 2008, estos municipios abarcaban más de 15000 personas, que es un número que raya lo ridículo para este número tan escueto de personal. Este tipo de recortes pone en duda cómo se realizará una atención social primaria eficaz, en las áreas de planificación, desarrollo y evaluación de prestaciones de las mismas, deberes que están establecidos en la Ley de Servicios Sociales vigente en Castilla-La Mancha. Este tipo de recortes sin tapujos, van en claro detrimento de las áreas protegidas por dicha legislación, como son la protección de las personas mayores, juventud, infancia y personas que requieren una atención especializada por su situación de discapacidad o problemas de integración.
Dicho Ayuntamiento fue protagonista en el 2013 de otra polémica, por la suspensión del proceso selectivo para la posición de un trabajador social en la zona. En esta instancia, se elevaron autos ante el Juzgado Social número 1 de Cuenca, reclamando la decisión de revocar este tipo de derechos sociales esenciales en el desarrollo apropiado de una sociedad. Pero, sin embargo, el área debe ver de nuevo cómo sus servicios sociales se van desintegrando, y cómo se van, paulatinamente, violando medidas legales, que fueron impuestas por el mismo Gobierno que las ha impuesto.
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