Han pasado más de tres años desde que los vecinos y vecinas de una gigantesca urbanización en el municipio de Albalate de Zorita (Guadalajara) denunciaron que parte del dinero que pagan para conservar y mantener las instalaciones se destinaban a urbanizar terrenos de una empresa privada que después ponía las parcelas a la venta..
Aseguraban que lo hacía en connivencia con el Consejo Rector de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC) que se ocupa de la gestión y el mantenimiento de la urbanización, que hoy en día sigue inacabada, a pesar de que su construcción data de los años 70 del siglo XX y cuenta con más de 5.000 parcelas.
De esta entidad forma parte Mar de Castilla SA, la empresa propietaria de buena parte de los terrenos, tanto urbanizados como sin urbanizar, que posteriormente comercializa. Una empresa que cuenta con mayoría entre los miembros del Consejo Rector.
La Asociación de Propietarios ‘Nueva Sierra’, que agrupa a 600 vecinos y vecinas, acusa a la empresa de no cumplir con su obligación “histórica” de urbanizar (y de pagarlo) desde hace más de tres décadas.
Desde que hicieron pública esta situación y protagonizaron varias movilizaciones, hubo elecciones municipales, en mayo de 2023, y la asociación vecinal se presentó a los comicios bajo las siglas del Grupo Independiente GRIAL. Consiguió representación en el Ayuntamiento: dos concejalías, una para Diana da Silva, presidenta de la asociación de propietarios.
Con ello, la asociación vecinal estaba convencida de que podrían tener acceso a más información y que la urbanización fuera terminada y recepcionada por el ayuntamiento. Pero no ha sido así. Ni con el PSOE, que gobernaba en la anterior legislatura y perdió las elecciones, ni con el PP, que las ganó en 2023.
El vaivén en la Alcaldía y 14 renuncias en dos años
Desde junio de 2023 Albalate de Zorita ha tenido ya dos alcaldes y hasta 14 concejales de la oposición han presentado su renuncia de forma sucesiva en un pueblo donde gobierna el PP y tienen representación el PSOE y dos agrupaciones locales, tanto el Grupo Independiente GRIAL, que tiene dos ediles, como Hablamos Albalate, que tiene uno.
Julio Vicente Villalba, alcalde del PP elegido en junio de 2023 se marchó a mediados de 2025 y dejó también su acta. Llevaba meses acarreando problemas de salud. Su número dos Maribel Ortiz había ejercido en funciones durante ocho meses y asumió la Alcaldía. Dos ediles del PSOE dejaron el acta, también uno de los ediles de GRIAL y los once que conformaban la candidatura de Hablamos Albalate declinaron acceder al acta de concejal tras dimitir el edil electo. Ha tenido que ser la Junta Electoral Provincial la que designe a un representante para ocupar esa plaza y, curiosamente, lo ha hecho una persona que iba en las listas del PP.
El objetivo inicial de GRIAL al presentarse a las elecciones no se ha cumplido. Diana da Silva explica a elDiario.es de Castilla-La Mancha que ante la falta de información que solicita por escrito el grupo municipal, ella misma se ha personado en varias ocasiones en el Ayuntamiento para pedirla. Todo ello después de que fuera rechazada su propuesta para abrir una comisión de seguimiento y transparencia sobre lo que ocurre en la urbanización.
Los vecinos denuncian ante la asamblea de la urbanización —y también han intentado hacerlo a través de su representación en el ayuntamiento— que la entidad urbanística que gestiona esta macrourbanización privada abusa de sus competencias. La Asociación de Propietarios ha intentado en varias ocasiones anular las decisiones que se toman en las asambleas vecinales.
La última iniciativa ha sido el recurso de alzada interpuesto el pasado mes de noviembre, alegando “indefensión” de los vecinos. Han instado al ayuntamiento a “tomar medidas como último garante y director de todos los procesos urbanísticos, sean de transformación, ejecución o conservación” y consideran que el consistorio es “la administración urbanística con obligación y potestades suficientes para imponer al Consejo Rector de la entidad el cumplimiento de la normativa urbanística”.
No es la primera vez que lo hacen. Es tan solo uno de los requerimientos que los vecinos han intentado, sin éxito a los últimos años. El caso ha llegado a los tribunales, vía contencioso-administrativo, ante el juzgado número 1 de Guadalajara, a la espera de resolución.
En paralelo, según ha podido saber este medio, la Fiscalía de Guadalajara inició una investigación tras la denuncia de otro vecino en marzo de 2023 y se presentó el caso ante el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara, donde se abrieron diligencias previas.
De verdad que necesito que un juez me diga ya cuáles son mis competencias y se aclare la responsabilidad de la entidad y la del ayuntamiento. Hasta entonces, estamos en el limbo
La alcaldesa asegura que sus competencias están “limitadas” y que el ayuntamiento está a la espera de la resolución de tres contenciosos-administrativos en los juzgados. “Estoy esperando a que un juez me diga cuáles son las competencias del ayuntamiento. Tengo la esperanza y la necesidad de que con los contenciosos un juez resuelva”.
Maribel Ortiz argumenta que el de Albalate de Zorita es “un ayuntamiento pequeño que no puede hacer frente a la gestión de una urbanización de estas dimensiones como se nos pide”. También rechaza su papel efectivo para paralizar las asambleas vecinales donde se aprueban presupuestos e inversiones. “He dejado de ir, no tengo obligación, porque es un circo: el presidente de la entidad falta al respeto a los vecinos y al revés”.
La edil explica que asiste a las reuniones del Consejo Rector donde está representado el ayuntamiento “para defender sus intereses”. Paradójicamente ella misma es vecina de la urbanización. “Este es un problema de hace más de medio siglo”. Y no se resuelve. “No estoy a favor de nadie y menos de la entidad”, asegura, tras reconocer que la relación entre la empresa gestora y el ayuntamiento “no es buena” o que “las otras administraciones públicas tampoco ayudan mucho”.
Dice sentirse abrumada. “Hemos estado un año sin arquitecto, otro año sin secretaria, ocho meses con un alcalde de baja por sufrir un ictus y yo llevo seis meses como alcaldesa. Jamás estuve en política y he tenido que asumirlo todo, con los problemas de una urbanización que, como muchas en España, no está recepcionada por el ayuntamiento porque no está terminada”.
Aduce además que “el ayuntamiento es un órgano de control, pero no de jerarquía” ante la entidad que gestiona la urbanización, tras una consulta realizada a la Diputación. “No puedo paralizar una asamblea”.
La urbanización y las tensiones políticas y vecinales
Mientras, y en el ayuntamiento, las tensiones entre el equipo de Gobierno y quienes representan a los vecinos de la urbanización han escalado hasta una tensión que ha terminado en los tribunales.
Fue en una de esas ocasiones cuando se desató la última polémica. El pasado 12 de noviembre, Diana da Silva, concejala de GRIAL y presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Sierra' acudió por enésima vez al Ayuntamiento para solicitar información sobre la urbanización —en concreto las licencias concedidas para la tala de árboles— a la Secretaría del Ayuntamiento. Acudió la alcaldesa, Maribel Ortiz (PP). Comenzaron a discutir y desde la Alcaldía llamaron a la Guardia Civil, que se personó en las dependencias del Consistorio.
En el atestado que se llevó a cabo, al que ha tenido acceso este medio, la Guardia Civil constata que la concejala de GRIAL acudió para entrevistarse con la secretaria y el arquitecto del Ayuntamiento, a lo que se negó la administrativa. La alcaldesa informó a los agentes de que esta última estaba “muy nerviosa y alterada” porque la concejala había amenazado con publicar en redes sociales que no se la atendía debidamente.
La alcaldesa informó entonces a los agentes de su intención de denunciar a Diana da Silva por coacciones, amenazas y acoso. Esta última sufrió entonces una crisis de ansiedad y fue atendida en el sitio por los servicios médicos, según consta en el parte sanitario. Tras encontrarse mejor, manifestó igualmente su intención de denunciar por “no ser atendida” en el Ayuntamiento.
El juicio por la denuncia de la alcaldesa, la secretaria y la administrativa contra Diana da Silva por presuntas coacciones, amenazas y acoso estaba previsto para el martes, día 16 de diciembre, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Guadalajara, pero la jueza acordó un aplazamiento porque faltaban documentos. De momento, no hay fecha para la nueva vista.
Se están riendo de los vecinos y desde que estamos las dos concejalas, ha ido incluso a peor. No nos hacen caso ni desde el Ayuntamiento ni desde el Gobierno regional, cuando esto es un agujero negro urbanístico
“El ayuntamiento facilita toda la información que está en nuestras manos. No puede decir que no tiene acceso porque toda está depositada en los juzgados debido a los contenciosos que ella misma [Diana da Silva] ha interpuesto”, sostiene la alcaldesa.
El caso es que en mitad de las tensiones y del periplo judicial, siguen sin resolverse los problemas de la urbanización ‘Nueva Sierra de Altomira’. Desde la asociación vecinal relatan que el último episodio que ha causado indignación a los propietarios es la tala de árboles “de forma indiscriminada”. Una acción relacionada con el Plan de Autoprotección contra incendios en la urbanización para el que la alcaldesa esgrime un informe favorable de la Diputación Provincial a la hora de conceder licencia.
Este medio ha intentado en reiteradas ocasiones contar con la versión de la empresa que gestiona la urbanización, sin éxito. “Se están riendo de los vecinos y desde que estamos las dos concejalas, ha ido incluso a peor. No nos hacen caso ni desde el Ayuntamiento ni desde el Gobierno regional, cuando esto es un agujero negro urbanístico”, detalla la portavoz de GRIAL.
Otra vecina: “Tengo problemas desde que soy concejala”
Al margen de esta cuestión, también dice haber tenido problemas la otra concejala de este grupo independiente y miembro también de la asociación vecinal, María Dolores Torrero. Ocupó este puesto el pasado mes de marzo en sustitución del edil que concurrió por el grupo en mayo de 2023 y que renunció por cuestiones laborales.
Para entrar a su casa en la urbanización, Torrero, que tiene una discapacidad que afecta a su movilidad, debe pasar por un camino de tierra que es propiedad de Mar de Castilla. El pasado mes de septiembre, mientras ambas concejalas estaban en un pleno municipal, acudió un albañil y le comunicó a su hija que iban a colocar una puerta y dos vallas para cerrar el camino.
“No hay otra manera de acceder a mi vivienda. Cuando compré la casa, lo hice precisamente por ese acceso, porque me permite llegar con el coche hasta la puerta”, explica.
Tras solicitar información al respecto, el Ayuntamiento le comunicó que la empresa tiene derecho a cerrar ese camino y cumple todos los requisitos legales, “sin tener en cuenta que es el único acceso a una parcela con vivienda y que se convierte en camino de servidumbre”.
Esta concejala también afirma haber recibido amenazas de acciones legales por parte del Consistorio por sus solicitudes de información. “Dicen que les estoy hostigando, pero es que estos problemas yo solo los tengo desde que soy concejala. Y si la ley avala esto, desde luego la ética y la moral, no”.
La alcaldesa sugiere que presente una denuncia y asegura que el “acoso” también lo sufrió el anterior equipo de Gobierno en la pasada legislatura. Gobernaba el PSOE. “No se trata de ideologías, es que no es fácil. De verdad que necesito que un juez me diga ya cuáles son mis competencias y se aclare la responsabilidad de la entidad y la del ayuntamiento. Hasta entonces, estamos en el limbo”, insiste.