Los cargos públicos castellano-manchegos deberán declarar su participación en sociedades patrimoniales

El último Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la legislatura ha aprobado varios acuerdos con los que se cierra toda la normativa derivada de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo regional aprobó en diciembre de 2016. Se trata de dos nuevos acuerdos para incrementar la transparencia en torno a los gestores públicos. Una de sus novedades es la obligación de informar sobre la participación de los declarantes y de sus cónyuges en sociedad patrimoniales, así como los inmuebles vinculados a dichas sociedades.

La medida forma parte de un conjunto de obligaciones “pioneras” entre la que se encuentra un nuevo modelo de declaración de bienes, rentas y actividades que tienen que presentar los miembros de la Junta en su toma de posesión, en su cese y también anualmente. Son novedades que el Ejecutivo ha adoptado tras las sugerencias realizadas por el Consejo de Buen Gobierno reunido a principios de mayo.

El vicepresidente primero en funciones, José Luis Martínez Guijarro, ha precisado que el nuevo modelo se adapta a la regulación fiscal introduciendo nueva información como la inclusión de todos los ingresos íntegros así como la retenciones del IRPF y las cotizaciones que hacen los gestores públicos a la Seguridad Social o a las distintas mutualidades de funcionarios.

Declarar acciones en función de cotizan en Bolsa o no

Asimismo, en la declaración de bienes deberá constar la diferenciación entre la posesión de acciones o participaciones según estén o no cotizadas en la Bolsa, de tal forma que haya una distinción clara sobre el tipo de empresas en las que los altos cargos tienen invertido su dinero. En esta misma línea, también constarán las donaciones a todo tipo de entidades sin ánimo de lucro, organizaciones políticas o fundaciones.

“Con este acuerdo, el modelo de declaración de bienes en Castilla-La Mancha es el más completo de todos los utilizados por los gobiernos regionales y mucho más que el de los diputados las Cortes Generales”, ha destacado el vicepresidente.

Un segundo acuerdo en la misma línea incorpora una nueva estructura, contenido y publicación del currículum y de la carrera profesional de los altos cargos. El objetivo es “normalizar la información” que se va a dar de aquellas personas con responsabilidades en el Gobierno regional, siendo también en este caso el Gobierno castellano-manchego el primero que establece una regulación específica en este sentido.

Diferenciación de títulos

En este caso, se distinguirá entre los títulos oficialmente reconocidos por el Ministerio de Educación, y aquellos que no tienen esa consideración pero que pueden estar expedidos por universidades públicas o privadas. Y de igual forma, también se diferenciará el currículum profesional del político; el desempeño laboral en empresas públicas del realizado en empresas privadas; así como los puestos de responsabilidad en los partidos políticos o organizaciones.

Con acuerdos “queda cerrada” toda la legislación en materia de transparencia, un “compromiso de la legislatura” que ahora acaba y que tras publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en los próximos días, será ya aplicable tanto a los miembros salientes del Gobierno de García-Page como a las nuevas incorporaciones.

Anteriormente, y en aplicación también de la Ley regional de Transparencia, el Ejecutivo regional ya aprobó los decretos que suponen nuevas regulaciones de conducta para los altos cargos de la Administración y también para los ‘lobbies’ o grupos de influencia.