Denuncian “irregularidades” en la gestión del centro de la mujer de Guadalajara donde gobiernan PP y Vox

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para el próximo lunes una comisión de seguimiento extraordinaria para “abordar de manera urgente” supuestas irregularidades detectadas en el centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara y “exigir responsabilidades” para que el recurso funcione correctamente.

Se trata de un centro de acogida que está dentro de la red de recursos de protección a las mujeres del Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha. El Gobierno regional lo paga pero está gestionado por el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, cuya alcaldesa es la 'popular' Ana Guarinos, y derivó la responsabilidad de esa gestión a una empresa privada. Es uno de los más grandes de la región, con capacidad para once mujeres y sus hijos e hijas, cinco de atención urgente y seis de media y larga estancia.

El servicio municipal funciona gracias a un contrato valorado en 936.000 euros que se adjudicó hace unos meses a la empresa con sede en Lalín (Pontevedra) Alvalop Servicios XXI SL, por dos años. Según Aike, esta es una empresa “sin ninguna experiencia en el sector, con múltiples denuncias, impagos de nóminas e implicada en la Operación Qatedra por presuntos fraudes en las subvenciones para la formación”, según asegura la portavoz del grupo municipal Susana Jiménez, que se ha sumado hoy a las críticas denunciando “graves deficiencias” e “incumplimiento del contrato”. La situación según la formación municipalista se produce desde hace meses.

La concejala dice que no se cubren las bajas, lo que ha supuesto estar sin coordinación o actualmente sin psicóloga y las dificultades para cubrir los turnos de un servicio (teóricamente) ininterrumpido de 24 horas, a lo que hay que sumar el “retraso reiterado” en el pago de las nóminas. La empresa concesionaria, Alvalop Servicios XXI SL, ha sido noticia por denuncias de impagos a sus trabajadores en servicios municipales de los que es adjudicataria, como son los casos del Centro de Día de Castro Urdiales y de las ludotecas y otros servicios en Melilla.

Después, la portavoz de AIKE dice que existen problemas para la manutención de las mujeres y menores residentes, que están racionando la comida para llegar a fin de mes o que no pueden comprar material escolar para empezar el curso o productos de higiene básicos. Además, apunta, se suman problemas de mantenimiento del espacio, con electrodomésticos estropeados, sin lavadora en un centro con 11 familias, escasez de menaje, humedades, persianas y ventanas rotas.

“Recordemos que son mujeres y menores que han huido de situaciones de violencia muy complejas, las instituciones deben garantizar una atención digna, que tengan sus necesidades básicas cubiertas, se sientan seguras, protegidas y cuidadas”, ha subrayado Martínez.

“La Consejería está preocupada”

En paralelo, la consejera de Igualdad Sara Simón ha explicado que en agosto su departamento ya remitió un escrito al ayuntamiento y mantuvo una reunión en la que este se comprometió a adoptar soluciones. A estas alturas, dos meses después, la consejera afirma que las medidas no se han ejecutado, así que la Junta de Castilla-La Mancha intervendrá.

Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para el próximo lunes una comisión de seguimiento extraordinaria. Intervendrá para exigir soluciones y responsabilidades.

Simón también ha asegurado que la Junta “pone todos los recursos a disposición, pone todo el dinero a disposición” para garantizar la atención. Este centro está gestionado por el Ayuntamiento pero lo financia el Ejecutivo regional con una subvención de 525.000 euros.

“La Consejería está preocupada” por la persistencia de estas anomalías, ha añadido la titular de Igualdad en la comunidad autónoma, que ha subrayado que la Administración regional deriva a dicho centro a las mujeres víctimas y financia “íntegramente” su funcionamiento, por lo que exige a las entidades gestoras “que se comprometan a que estos centros, a que estos espacios funcionen bien”, en referencia al Ayuntamiento de la capital.

El Ayuntamiento descarga la responsabilidad en la empresa

La respuesta por parte del equipo de gobierno de las derechas no se ha hecho esperar. En un comunicado, el consistorio ha achacado los problemas detectados a “cuestiones internas” de la empresa adjudicataria de este servicio municipal.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara dice haber cumplido puntualmente con los pagos a la empresa y haber realizado los requerimientos oportunos ante las incidencias registradas.

En cuanto a los suministros, afirman que “en la última Junta de Gobierno Local se aprobó notificar formalmente a la empresa los impagos detectados y se ha abierto un expediente administrativo. En función del resultado, se exigirá el abono inmediato o se procederá a la detracción de las cantidades correspondientes”.

Respecto a las declaraciones del grupo Aike, el concejal de Igualdad, Roberto Narro (PP), asegura que las condiciones de manutención, higiene y seguridad del centro “están garantizadas”. “Las incidencias puntuales se atienden con la mayor rapidez posible”.