“Trazar una secuencia demasiado plácida de la transición no hace más que restarle valor”

El 2 de marzo de 1974 fue ejecutado en la cárcel Modelo de Barcelona Salvador Puig Antich, la última persona asesinada en España mediante el siniestro método del garrote vil. El caso de este joven anarquista se convirtió en un ejemplo del funcionamiento del aparato represor del franquismo, que no encontró otra manera de perpetuarse en el poder que recurriendo al uso de la violencia. Un proceso que está de plena actualidad por la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo y la solicitud a la justicia española de la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados por la justicia argentina.

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, dijo Salvador Allende, pero el problema es que normalmente nos la cuentan los vencedores y hay que hilar con mucha paciencia para alejarnos de la versión oficial de los hechos y tejer un relato alternativo de la realidad: la historia, en este caso, de las víctimas, de los que vivieron la represión de la dictadura más larga que ha sufrido Europa Occidental y que situó a España a la cabeza mundial en desaparecidos, junto con Camboya.

A ello se ha dedicado Gutmaro Gómez Bravo, profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que ha escrito “Puig Antich. La transición inacaba”, un libro cuyo objetivo es, en palabras del autor, «comprender el funcionamiento de los aparatos de seguridad del franquismo siguiendo una causa judicial; en definitiva, acceder al interior de un sistema represivo que supuso la principal fuente de continuidad y estabilidad» de la dictadura.

El libro se basa en un minucioso análisis del sumario del caso, algo novedoso, pues la mayor parte de lo escrito hasta ahora se ha basado en material periodístico de la época, censurado y controlado por la dictadura. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza, es si el autor ha podido acceder fácilmente a estas fuentes documentales: “No”, nos dice al autor, “las judiciales me las facilitó la familia, pero las policiales siguen estando reservadas. Las más abundantes son las políticas, pero por eso mismo las menos importantes. Las diplomáticas, importantes por la dimensión internacional que alcanzó el caso, son accesibles en su mayoría. Las de la embajada norteamericana han sido recientemente desclasificadas y son vitales para entender el contexto”.

¿Por qué se convirtió el caso de Puig Antich en un caso tan paradigmático?

El momento fue crucial. Se cruzó con todos los puntos decisivos que iban a jalonar el final del franquismo. Pero no fue en ningún modo fruto del azar o la mala suerte. Su caso ejemplifica como pocos la tensión interior del franquismo por encontrar una vía de continuidad y su imposibilidad por mantenerse sin el uso de la fuerza. El recurso a la pena de muerte, y a otros métodos expeditivos y ejemplares, fue la respuesta más clara tanto en 1974 como en 1975 y, al parecer, llevaba camino de serlo también en 1976....

En el libro podemos leer cómo se vulneró sistemáticamente su derecho a la defensa. ¿Se puede tomar su caso como un ejemplo del funcionamiento de la justicia durante el franquismo?

Es lo que he intentado mostrar, ya que a través del sumario se puede reconstruir el funcionamiento de ese mundo desde su lógica interna: justicia militar, policía política, justicia civil... Una maquinaría perfectamente engrasada al final del régimen, que no es exactamente igual a sus comienzos, que ha evolucionado y ha sufrido mutaciones a lo largo de casi cuatro décadas, pero que mantiene intactos sus objetivos fundacionales. El caso se cruza con algunos de los personajes que mayor protagonismo tuvieron en el diseño del sistema represivo franquista, como el propio Arias Navarro, jurídico militar y director general de Seguridad, antes de ser Ministro de Interior y Presidente del Gobierno.

¿Por qué ensañamiento con las víctimas y esa violencia extrema en nombre del orden social?

En mi opinión, es una dimensión que solo se puede entender a través de un fenómeno como la guerra civil, la fractura moral es de tales dimensiones que se ha hablado de crisis civilizatoria. Solo así se puede entender ese grado de persecución pero, lo cierto es que desde sus inicios el régimen se institucionaliza a través de un enorme peso de la violencia, que precisa de un aparato gigantesco y favoreció la implicación de una importante parte de la población en él. La legitimación fue la defensa del orden social, del orden público, que sirvió de proyección al militarismo. Sólo así adquirieron “normalidad” y continuidad las medidas excepcionales represivas de la guerra que se instalaron con total “normalidad” en la posguerra. Un ejemplo, el sistema penal y penitenciario, que a pesar de sufrir modificaciones importantes, se mantiene hasta 1977.

En tu libro señalas que la causa contra Puig Antich no fue defendida por ningún grupo de oposición emergente, pero sin embargo, al final vemos cómo la Embajada de Estados Unidos, califica los disturbios ocurridos tras su muerte como “los peores en años”, ¿qué ocurrió para que se diese este giro?

Esto se puede entender muy gráficamente a través de dos figuras: el Puig Antich militante anarquista, que no provoca la protesta de ningún grupo de la oposición antifranquista, y el Puig Antich asesinado, reivindicado como mártir desde el día siguiente de su ejecución por todo el espectro antifranquista. El mito en torno a su figura, al que contribuyó el cine, olvida la primera, tácticamente incómoda para unos grupos que estaban preparando su salida de la clandestinidad, y tiende a apoyarse en la segunda, víctima de la barbarie franquista, sirve especialmente para el propósito democrático ante la opinión pública. A pesar de eso, es indudable que la reacción estudiantil posterior a las ejecuciones fue seria y prolongada, al igual que los ataques a los intereses españoles en el extranjero. Diplomáticamente, la mayor medida de presión fue el bloqueo de la negociación de entrada en el mercado común europeo, que al año siguiente, sería finalmente descartada.

¿Por qué crees que en España nunca ha prosperado ningún recurso de revisión de una sentencia de un consejo de guerra por crímenes políticos?

Falta voluntad política para cambiar el procedimiento de revisión de las sentencias. Toda vez que no se ha llevado a cabo, la justicia se ampara en que solo aplica la ley, y curiosamente siempre encuentra motivos formales y técnicos para no hacerlo. Lo que está de fondo en tela de juicio, es la participación del poder judicial en el propio sistema legal franquista. Creo que no es directamente un problema de repartir culpas, porque el grueso de la represión la dirigió la justicia militar, y el ejército ha aceptado la revisión de su papel pasado, en general. Sin embargo, el poder judicial, la justicia civil, el mundo jurídico, parece no aceptar su importante implicación en la legitimación de la dictadura, que quedó revestida siempre de “orden institucional”. Eso es fundamental para reconocer que todas esas sentencias eran injustas y arbitrarias. Es el punto de partida

Hace unas semanas hemos conocido que la sección argentina de Interpol a solicitado al Gobierno la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran José Utrera Molina y Carlos Rey, relacionados con la ejecución de Puig Antich, aunque ya estamos viendo como nuestro Gobierno está obstaculizando el procedimiento. ¿Se perderá otra oportunidad para que se haga justicia?

Me temo que sí. A nadie se le escapa ahora la importancia de la justicia universal, y del valor que esta tiene. Si los acuerdos políticos siguen obstaculizando su desarrollo en España, la memoria seguirá judicializada, y el tema de la reparación de las víctimas seguirá pendiente. A veces pienso si eso no es lo que interesa a determinados sectores....

¿Tiene alguien la llave para desmontar todo ese sistema de legalidad ficticia de que se dotó la dictadura?

El propio poder judicial. Y si este no lo hace, el político, la voluntad política, las mayorías. Ya lo hemos visto en otras latitudes: comisión de la verdad, anulación de las sentencias y apertura de archivos.

La imagen de la transición que nos vendió la Historia oficial siempre ha sido modélica, pero cada vez estamos pudiendo comprobar con mayor certeza que no fue así y que después de finalizar la dictadura hubo un gran continuismo en las estructuras de poder político y económico, en el judicial... ¿qué tendríamos que hacer para poner fin a esa “transición inacabada”?

Sobre todo lo que he mencionado anteriormente, archivos, porque la historiografía profesional, española y extranjera, hace tiempo que ha refutado esa santa transición, no por no ser modélica politológicamente, sino por deformada. La violencia y la incertidumbre planearon mucho más tiempo que la estabilidad y la ausencia de conflictividad. Trazar una secuencia demasiado plácida de la transición no hace más que restarle valor y las nuevas generaciones ni son tontas, ni tienen miedo al pasado.

¿Por qué es tan importe que se empiecen a revisar las sentencias?

Porque de este modo, las posiciones de víctima y criminal que fijara el franquismo en sus comienzos, se invertirán definitivamente y la transición podrá darse por terminada.

“Puig Antich. La transición inacabada” se presenta este viernes en Toledo en el Centro Cívico Padilla (C/ Garcilaso de la Vega, 2) a las 18:30 h. y el sábado en el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (Plaza de España) a las 19:00 horas.