La Plataforma por el Derecho a la Vivienda critica la nueva ley de Castilla-La Mancha: “Es un parche legal”

La nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha es un “parche legal” para la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que asegura que la recién aprobada norma “elude la necesidad de una verdadera ley integral”.

Este texto, que las Cortes autonómicas han aprobado este jueves gracias a la mayoría absoluta del PSOE en esta cámara, ha salido adelante tras una tramitación de apenas dos meses y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Entre los aspectos de la ley que sí apoya la plataforma se encuentra que la ley persiga el objetivo de incrementar el parque de vivienda social, con medidas como la posibilidad de destinar edificios y parcelas públicas en desuso a vivienda protegida.

Sin embargo, denuncia que la protección permanente y la duración mínima de cincuenta años del régimen de alquiler que incorpora solo se aplican a las viviendas financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, un matiz que dejaría fuera “a buena parte del parque público autonómico, que sigue sin ese blindaje”.

También considera que quedarían “gravemente desprotegidas” las personas más vulnerables frente a desalojos administrativos: “El mero impago de una cuota puede bastar para justificar el desalojo, sin que en ningún momento se valore la situación personal, económica o familiar de las personas afectadas —tampoco la presencia de menores—”, añaden en un comunicado.

Además, la plataforma asegura que la norma prioriza la construcción y la reclasificación de suelo frente a “fórmulas más ágiles”, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante tanteo y retracto, y echa en falta un plan regional de movilización de vivienda vacía que incorpore al mercado residencial las viviendas desocupadas, junto con medidas de adquisición, rehabilitación y recuperación de vivienda existente.

“Esta desprotección, además, ignora que la crisis de la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Golpea especialmente a las mujeres, porque las desigualdades económicas y sociales también se reflejan en el acceso a un hogar digno: la brecha salarial, la precariedad laboral, las pensiones más bajas y la mayor carga de cuidados hacen que muchas mujeres tengan más dificultades para pagar un alquiler o acceder a una vivienda propia. Esta situación golpea especialmente a las familias monomarentales y a las mujeres víctimas de violencia de género, para las que tener una vivienda segura es fundamental para alcanzar la autonomía y romper con la dependencia”.

Críticas a las enmiendas de PP y Vox

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda también ha criticado en su comunicado la postura que han mantenido PP y Vox durante el debate parlamentario, así como las enmiendas que presentaron a la nueva leu.

Las propuestas del PP de rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre la vivienda del 9% al 6% con carácter general, y del 5% al 3% para empresas que compren vivienda para su reventa, y la ampliación de los motivos de desahucio administrativo en el parque público, han sido calificadas por la plataforma como “beneficios fiscales a grandes compradores y fondos de inversión”, y de más facilidades para desalojar, “justo lo contrario de lo que la crisis de vivienda exige”.

Por su parte, la propuesta de Vox de dar prioridad a la población española en el acceso a la vivienda protegida, al parque público de alquiler y a las ayudas autonómicas ha sido rechazada por la plataforma, que asegura que “disfraza la discriminación”, “vulnera derechos humanos reconocidos” y “alimenta el racismo y la xenofobia”.

“Ambos partidos dejan así clara su posición de fondo: mientras la Plataforma exige frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda para toda la población, PP y Vox proponen bajar impuestos a quien compra vivienda para el mercado y restringir el acceso por origen o nacionalidad”.

Por ello, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha “exige” una Ley de Vivienda integral para la región “que regule el alquiler, garantice una alternativa habitacional ante cualquier desahucio y reconozca este derecho humano con todas sus garantías, y seguirá vigilante ante el desarrollo reglamentario de la norma aprobada” y asegura que la norma muestra “por qué es necesario” secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre.