“Los acuerdos de paz en Colombia han dado seguridad a los de arriba; al pueblo, la muerte”

Entre los años 1986 y 1994, casi 350 personas fueron asesinadas cruelmente en el municipio de Truillo, en Colombia, en medio del conflicto armado protagonizado por diferentes actores: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el narcotráfico, la guerrilla, la policía, las FARC… Unos sucesos estremecedores que, 25 años después, siguen impunes. La religiosa dominica Maritze Trigos lo vivió de cerca y, desde entonces, se ha convertido en todo un referente en el activismo por los Derechos Humanos en Colombia, promotora de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, y, por tanto, perseguida en el país. Durante unos meses, toma un respiro en España, a través de la figura del Defensor de los Derechos Humanos, que promueve la Asociación Mundubat, en un programa financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

Visita España junto con otras dos destacadas líderes sociales colombianas: Claudia Jimena, activista indígena, y Maricel Sandoval, activista afrocolombiana. Buscan huir por una temporada de la persecución, rebajar el nivel de presión y estrés, y recibir formación para regresar a Colombia y continuar con su labor pro Derechos Humanos. Un camino marcado ahora por el último acuerdo de paz, el de 2016 suscrito por el Gobierno de José Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que, según Maritze Trigos, el actual Ejecutivo colombiano está incumpliendo. No se reúnen garantías para alcanzar la estabilidad social, en un entramado de intereses políticos y económicos, que deja a Colombia como uno el país del mundo con más asesinatos de activistas sociales: 312 en 2017, según datos oficiales.

Su activismo social comienza a raíz de los llamados sucesos de Trujillo. ¿Cómo vivió usted aquella etapa de la historia más reciente de Colombia?

Había un sacerdote. Le echaron la culpa por organizar cooperativas y organizar al pueblo. Tiberio Fernández, párroco de Trujillo, fue señalado como guerrillero. Fue capturado, asesinado, descuartizado y tirado al río Cauca. He visto el dolor de una madre. Le mataron a sus seis hijos… Llevamos 60 años de conflicto armado, cuando América Latina estaba candente, y nos aplican desde Estados Unidos la doctrina de la Seguridad Nacional y el Gobierno responde aplicando planes de terrorismo: Plan Patriota, Plan Colombia… Fueron 342 víctimas en los sucesos de Trujillo. A día de hoy, esos crímenes siguen estando impunes. Los acuerdos de paz no han prosperado. Los acuerdos han dado seguridad para los de arriba; para el pueblo, para los poderes populares, la muerte, la tortura, el señalamiento. Ahí es cuando nace la guerrilla como organizaciones para defender derechos del pueblo. Ahí se agudiza la mayor represión. Los defensores de los Derechos Humanos éramos también guerrilleros y aumenta la espiral de violencia.

Son varios los actores que intervienen en el conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son?

El ELN, las FARC y el EFL, y un pequeño grupo, el M19. Colombia ha tenido ya varios acuerdos de paz que no han salido de adelante. Acuerdos de paz que apuntan a problemáticas muy fueres de necesidad del pueblo. El problema de la tierra, la reforma agraria y cultivos ilícitos. Detrás de todos estos acuerdos de paz, los actores fuertes son la guerrilla; el narcotráfico, defendiendo sus intereses; los paramilitares, población civil armada, financiada por narcos y apoyada por el Ejército. La masacre de este pueblo, Trujillo, fue comandada por un mayor del Ejército y un teniente de la Policía. Por eso son crímenes de lesa humanad, crímenes de Estado.

Todo ello, a pesar de haber un acuerdo de paz firmado recientemente pero, eso sí, sólo con uno de esos actores que usted señala.

El acuerdo se firma con las FARC. Esos acuerdos que se empezaron con el anterior Gobierno de Santos están hoy en crisis, porque el actual Gobierno no tiene el compromiso de defenderlos. Con los acuerdos están primero atacando problemas estructurales. El primero es que se desmovilice una guerrilla, eso disminuiría ya la violencia. Han sido 8.000 de las FARC desmovilizados. Dentro de los acuerdos, el último punto era el desarme, la desmovilización e integrarse a una vida democrática. Ellos lo hicieron. El Estado, con las ayudas internacionales que hemos tenido y que estamos teniendo, se comprometió a, al menos, darles un sueldo mínimo y proyectos productivos para iniciar su nueva vida. Y eso no lo han cumplido, están sobreviviendo con la solidaridad de mucha gente nacional e internacional. Eso es una falla.

¿Cuál es el motivo por el que el actual Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, no cumple, como ha dicho, ese último acuerdo de paz?

Los acuerdos empezaron con el presidente Santos y continúan ahora con un gobierno muy de derechas, de centro democrático, donde hay intereses muy fuertes porque muchos de ellos están involucrados en la criminalización. En los acuerdos hay varias comisiones importantes, una de ellas la Comisión de Esclarecimiento de Hechos, que también la están criticando, la están rechazando. No se va a poder saber la verdad completa. Pero los integrantes de esa Comisión están exigiendo respeto, porque es bueno para todos que se esclarezcan los crímenes. La segunda comisión, la de Justicia Especial para la Paz, ya había pasado por el Congreso, la Cámara y la Corte Constitucional. Tanto la ONU como el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional lo apoyaron todo. Ahora, el actual presidente le pone nuevas objeciones y una muy peligrosa: que los militares no se presenten a elecciones, sino que haya una jurisdicción especial para ellos, lo que no nos garantiza nada.

Se ha referido también a uno de los problemas históricos de Colombia, el narcotráfico. Dentro del conflicto, ¿qué papel ocupa?

Uno de los puntos especiales, son seis puntos de acuerdos, es la eliminación de cultivos ilícitos, con erradicación manual. El glifosato con helicópteros produjo muertes y las mujeres embarazadas perdían a sus hijos. Entonces se pidió que fuera con eliminación manual y juzgar a los responsables, a los grandes narcotraficantes. Son responsables de financiar paramilitares y se pide que sean juzgados, pero no es así. Un ejemplo es el de Trujillo, de donde son las dos grandes cabezas del narcotráfico. Diego Montoya, que está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico. Pero debe ser juzgado por la criminalización, no solo por narcotráfico. Y Henry Loaiza, llamado ‘El Alacrán’. Pagó 20 años de cárcel por narco. Llevamos tres sentencias condenatorias, cada una a 30 años por los hechos de Trujillo, pero resulta que por la reforma del Código Penal, un colombiano que lleva 20 años de cárcel si estudia, trabaja y se porta bien, tiene derecho a libertad condicional. Él no ha pagado ningún año por las víctimas de Trujillo y lleva tres condenas. Hace año y medio le dieron ese beneficio de libertad condicional. Volvemos a tenerlo en la región, a una hora de Trujillo. La gente vuelve a sentir miedo. En 2018 se volvió a agudizar el problema de seguridad con la presencia de grupos de narcos como ‘Los Rastrojos’ o ‘Águilas Negras’, que están controlando el territorio.

A nivel internacional, uno de los actores más activos en el conflicto armado en Colombia han sido los Estados Unidos. ¿Ha variado su postura con el cambio de Gobierno en Colombia y por la crisis en Venezuela?

Ha aumentado la presencia militar de Estados Unidos. Hay varias bases militares gringas por el problema de Venezuela. Nuestro presidente apoya esa oposición venezolana. Tenemos miedo de que Colombia sea, como decimos vulgarmente, un idiota útil para la ocupación militar de Venezuela. Las cosas deben solucionarse en el interior de cada país, respetando la soberanía y la autonomía de los pueblos. Pero ahora Estados Unidos aprovecha esa coyuntura con Venzuela. Vemos entonces la injerencia que es permanente de Estados Unidos con Colombia. Eso nos parece grave.

Frente a toda esa situación, hablando también de actores internacionales, ¿cuál es la postura de la Unión Europea y de España?

Muy importante. En los acuerdos de paz hay una Comisión de Seguimiento. Cada tres meses debe dar un informe. Hay dos informes internacionales, entre ellos uno del expresidente español Felipe González. El otro de José Mujica, expresidente de Uruguay. Acá, como España, deberían exigirle al presidente de Colombia que se haga la verdad, que en esos informes no vaya a permitir la impunidad. Aquí, en mi bolso, llevo una carta a la ONU pidiendo que intervenga, que la justicia especial no la vuelvan trizas.

¿Hay sensibilidad por parte de Europa con respecto al conflicto en Colombia?

Desde los países europeos ya lo están haciendo, para el desarrollo de los acuerdos de paz y la protección a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Además de las medidas a nivel político para alcanzar una paz definitiva, ¿cree que haría falta también una labor a nivel cultural o social entre los colombianos tras décadas de conflicto armado?

Los acuerdos no apuntan más que a las FARC, a solo uno de los grupos. Faltaría presionar que el Gobierno se abra a negociar con el ELN y con el EPL, aunque son menos numerosos. El más fuerte es el ELN a nivel ideológico; menos armado, pero más ideológico a nivel político. A nivel de la sociedad, hay todo un problema general, sobre todo a nivel de funcionarios, de corrupción, y eso atenta al nivel de recursos de lo que se debe invertir a la paz. A nivel de los acuerdos, la concentración de tierra, Colombia ocupa el segundo o tercer lugar a nivel mundial. El 1% de los colombianos posee el 76% de tierra, y va a ser un problema la equidad en la repartición de tierras para los indígenas, afros o las propias FARC, que dejan sus territorios y se les debe adecuar tierra.

Habla de cargas ideológicas ¿En qué sentido?

Hay todo un problema a nivel ideológico. Los que estamos a favor de la paz es que estamos a favor de la guerrilla. No se entiende que la paz debe ser construida con valores éticos, con justicia, con la parte educativa desde los colegios, hacer de esas cátedras de paz una pedagogía de paz. Para la convivencia es necesario que, como ciudadanos colombianos, nos abramos a una reconciliación. No una reconciliación con impunidad, sino con exigencia de verdad, de justicia y de reparación.

Se encuentran ahora en España tres mujeres activistas colombianas. ¿La paz en su país pasa inexorablemente por atribuir un papel protagonista a la mujer?

Como religiosa, veo a las mujeres de las FARC que están viniendo a nuestros grupos, que se sienten recibidas, integradas. Ellas tienen una formación política y ellas dicen que no se van a echar atrás, tienen que favorecernos el espacio para seguir con la militancia política. Creo que las mujeres en Colombia somos motores. Siempre estamos ahí, presentes en la lucha.