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Una asociación de hosteleros publica una foto del vicepresidente Igea y otros 10 altos cargos reunidos en una terraza cuando las limitaciones son de 6

El vicepresidente, Francisco Igea, con consejeros y altos cargos de la Junta en la terraza.

Laura Cornejo

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Una asociación de hosteleros ha tuiteado este miércoles varias fotos en las que puede verse al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, acompañado de otros 10 altos cargos de su partido, en una terraza cercana al Parlamento autonómico, cuando la normativa aprobada por la Junta establece un máximo de seis personas por mesa y estas con una separación de dos metros de distancia.

Igea ha asegurado a elDiario.es que las tres mesas que ocupaban estaban separadas, si bien fuentes hosteleras aseguran que el grupo estaba junto y que no aceptó que les recordasen que debían estar más separados.

En concreto, la asociación Más que bares explica en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es se ha referido al comportamiento “intolerable” de los políticos, “que han demostrado no estar a la altura de las circunstancias”. Así, refieren que el vicepresidente estaba incumpliendo “una de las tantas normas” que ha impuesto la Junta al sector de la hostelería y a la ciudadanía en su conjunto. “En este caso concreto excedían con creces el número máximo de personas permitidas por mesa y ponemos seriamente en duda que fueran convivientes”, dicen en el comunicado. Las fotos, precisan, fueron tomadas por un cliente que al ver la escena increpó al grupo, entre los que se encontraban la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo o el viceconsejero, David Martín.

Entre el cliente e Igea, según la versión de los hosteleros, se produjo un intercambio de palabras y el grupo acabó abandonando la terraza al ver que les estaban grabando.

“Nos  parece  absolutamente intolerable  este  comportamiento,  y también el del establecimiento al permitir superar el máximo de 6 personas por mesa”, critican. La asociación exige “la dimisión inmediata de Francisco Igea y de los miembros de la Junta de Castilla y León que le acompañan si es el caso”. El colectivo concluye que “si una persona no es capaz de cumplir sus propias medidas restrictivas, queda claro que no debería tener ningún tipo de cargo público y mucho menos de representación política”.

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