Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia amenazan con llevar al Gobierno a los tribunales si se prohíbe la caza del lobo

Los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia mantuvieron este viernes una reunión por videoconferencia para estudiar cómo recurrir la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de incluir al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, lo que en la práctica limitará la posibilidad de cazar ejemplares.

Los representantes de las cuatro comunidades autónomas que albergan el 95% de los lobos de España, piden a la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Teresa Ribera que abandone “la política de imposición” y que se siente con ellos para abordar el asunto “dese el diálogo”. Prohibir el control cinegético al norte del Duero supondría “un grave perjuicio al medio rural”. En caso contrario, los consejeros amenazan con acudir a los tribunales: “Está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero”, señala la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

Los cuatro consejeros denuncian, tanto la forma “indebida” en la que se celebró la reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, como las consecuencias “tan perjudiciales” para las comunidades que resolvieron en ella. Además, aprecian “defectos de forma” en la sesión, por ejemplo, al no facilitar la participación en las votaciones a la ciudad autónoma de Ceuta, teniendo en cuenta que el resultado de la votación fue muy ajustado: nueve a favor de prohibir el control cinegético del lobo al norte del Duero -incluido el voto del Ministerio- y ocho votos en contra.

Según Castilla y León, la iniciativa del Ministerio supone una “invasión de competencias exclusivas de la comunidad, impide la gestión de la conservación y control población del lobo, y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario”. Además, creen que la postura defendida por el Ministerio va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico, aprobada anteriormente por el Gobierno junto a todas las comunidades, “en un momento en el que la especie era muchísimo menos abundante que en la actualidad”.