El Supremo ve ilegal que la Junta de Castilla y León no convocara elecciones a las cámaras de comercio de Salamanca y Ávila en 2018
El Tribunal Supremo ve ilegal que la Junta de Castilla y León no convocara elecciones a las cámaras de comercio de Salamanca y Ávila en 2018, como sí hizo con el resto de instituciones camerales. Las elecciones deben convocarse cada cuatro años, independientemente de que las cámaras de Salamanca y Ávila hubieran convocado elecciones extraordinarias en 2016.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la decisión de la Junta de Castilla y León “carece de cobertura legal”. Para el Tribunal Supremo, “responde al interés público” implementar un modelo cameral “armonizado que sea eficiente” en sus funciones y que las elecciones se convoquen “de forma coordinada y secuencialmente sincronizada”. “Deben producirse, con carácter ordinario, sin excepción, cada cuatro años”, remata el Alto Tribunal.
Los magistrados no obligan a la Consejería de Economía a pagar las costas a pesar de que rechaza el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
El TSJ no aceptó los argumentos del gobierno autonómico para justificar la no convocatoria de elecciones en Ávila y Salamanca y advirtió que, de convocarse en fechas diferentes, se 'rompería' “ la necesaria uniformidad de todo el proceso electoral”. “Esta situación se podría multiplicar de existir incidencias en las cámaras de otros concretos ámbitos territoriales, lo que provocaría en cadena unas importantes diferencias temporales en los reiterados procesos electorales, lo que generaría una amplia inseguridad jurídica sobre la constitución de cada cámara y el concreto régimen jurídico aplicable”, advertía en 2019 el TSJ.
Desde la Cámara de Comercio de Salamanca, apuntan que la entidad no tiene “potestad” para “convocar o dejar de convocar” elecciones. En Ávila no hay cámara de comercio tras la dimisión en bloque de todos sus plenarios a finales de 2018.
La Patronal exige el cumplimiento
Cuando la Consejería de Economía no admitió el recurso solicitado por la patronal de los empresarios -Cecale entonces, CEOE CEPYME ahora-. Ahora, la patronal salmantina exige el cumplimiento de la sentencia y reclama a la Cámara de Comercio de Salamanca que convoque las elecciones que debía haber convocado en 2018 -la siguiente convocatoria ordinaria será en 2022-.
Como ya se ha excedido el mandato del actual pleno de la Cámara de Comercio de Salamanca, CEOE CEPYME exige la disolución del actual pleno y la creación de una Gestora “que garantice la transparencia” del proceso electoral que deberá iniciarse próximamente.
La confederación empresarial de Salamanca ya reclamaba hace meses el cese del secretario general, Emilio Checa, al que consideran responsable de mantener como tesorero a José Vicente Martín Galeano - inhabilitado judicialmente para representar a su empresa- y “obviar” que uno de los miembros del pleno fue condenado a 18 años de cárcel por el incendio de una caravana, en el que murió una persona. El presidente, Juan Manuel Gómez, reprochaba entonces que la Cámara no cesara a los plenarios que no pagan la cuota cameral a la que están obligados.
La Junta de Castilla y León asegura que todavía no ha recibido la notificación formal de la sentencia, aunque el procurador sí ha trasladado ya el contenido de la misma. La Consejería de Empleo también está pendiente del posterior informe que deberán emitir los Servicios Jurídicos para ver cómo acata la sentencia.
El secretario de la Cámara de Comercio de Salamanca, Emilio Checa, asegura que en los próximos meses el Ministerio abrirá la ventana electoral para que las comunidades convoquen elecciones en 2022, por lo que, para él, esta decisión judicial “no cambia nada”. “Ahora no va a haber elecciones retroactivas, ya coincidirán con el periodo ordinario”, prevé Checa. El secretario de la cámara salmantina cree que se trata más de “una cuestión de matices”, a pesar de la contundencia del Supremo.
1