La FeSP UGT alerta de las repercusiones en la función pública con un gobierno en CyL con participación de Vox

Responsables de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León han expresado hoy su honda “preocupación” ante un hipotético nuevo gobierno regional salido de las próximas elecciones autonómicas, a partir del 26 de mayo, con participación Vox, única formación, como así advierten, dispuesta a adelgazar el sistema público.

“¡Si el nuevo gobierno depende de Vox lo vemos con mucha preocupación porque sabemos lo que piensa de la función pública, en la que no cree!”, ha incidido Tomás Pérez, secretario general de la FeSP UGT CyL, quien por ello insta a lo ciudadanos a que valoren muy bien a la hora de votar para que apoyen a cualquiera de las otras formaciones que, a diferencia de la liderada por Santiago Abascal, son conscientes de que “sin una función pública fuerte y segura no es posible una sociedad del bienestar”.

Y es que, como así recuerda Pérez, “adelgazar el sistema pública” supone contar con menos médicos, menos profesores...menos empleados en la lucha contra los incendios...cuando precisamente la función pública es la única que puede contribuir a la lucha contra la despoblación“.

El máximo responsable de la FeSP UGT en la Comunidad se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de las principales reivindicaciones que el sindicato trasladará a los distintos partidos políticos con cuyos representantes tiene previsto reunirse en breve, a excepción de VOX, para trasladarles las principales reivindicaciones de cara a la próxima legislatura en la que, como así precisa, “se abre por vez primera la posibilidad de cambios tras más de treinta años de gobierno del Partido Popular”.

“La empresa más grande”

Pérez recuerda la importancia de que el nuevo ejecutivo autonómico ponga en marcha todas las medidas necesarias para recuperar los derechos perdidos por el sector público desde 2011, algo que considera crucial si se tiene en cuenta que se trata de la “empresa más grande en Castilla y León, con cerca de 85.000 empleados”, al tiempo que ha insistido en su “preocupación” respecto de un posible gobierno con participación de VOX, “un partido que desconoce por completo la realidad de esta comunidad autónoma”.

En esos encuentros con los partidos con posibilidad de gobernar, entre los que incluye a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, la FeSP solicitará, entre otras muchas peticiones, que a mitad de la legislatura no haya ni un trabajador público que perciba al mes menos de 1.000 euros, revertir al sector público la privatización de servicios, un acuerdo sobre la carrera profesional--no están de acuerdo con la actualmente planteada--, recuperar las ayudas de Acción Social para los empleados públicos, un nuevo convenio para el personal laboral, mejorar las condiciones de los fijos-discontinuos y convocar las plazas pendientes de 2017 y 2018.