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El Gobierno abre un expediente a Iberdrola por el desembalse de Ricobayo

Una zona del embalse del Ricobayo (Zamora), sin apenas agua

Ángel Villascusa

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El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha informado este jueves de la apertura de un expediente informativo contra la empresa Iberdrola por el vaciado del embalse de Ricobayo en Zamora. Tras una reunión con los alcaldes de los municipios ribereños afectados por el vaciado del principal pantano de la provincia, Morán ha anunciado el inicio de este proceso, que se resolverá en los próximos días. “Si se constata que ha habido una mala praxis se pondrá en marcha el mecanismo sancionador correspondiente”, ha indicado.

La actuación de la hidroeléctrica en el embalse del Duero no va a ser la única que será analizada, según Morán, y va a examinarse también lo sucedido en otras cuencas como el Miño-Sil o el Tajo, donde en varios embalses, la cota de agua ha disminuido coincidiendo con el precio máximo de la energía eléctrica y por el cambio en los mercados de la energía eléctrica. El 1 de junio, día que entraron las nuevas tarifas, Ricobayo contaba con 658 hectómetros cúbicos de agua. Desde entonces la cota del embalse se ha reducido hasta los 133.

El secretario de estado ha señalado que los niveles de explotación del embalse zamorano han estado “por encima de lo recomendable”, por lo que ha pedido a la empresa una revisión y actualización de las prácticas de las empresas hidroeléctricas en todo el país. “Más allá de que se hubiese producido todo el proceso de gestión dentro de los limites concesionales se ha superado lo que el sentido común recomienda”.

Morán, que ha anunciado un encuentro próximo entre la empresa concesionaria Iberdrola y los municipios afectados ha pedido a la empresa un mayor sensibilidad con el territorio: “las concesiones deben tener que adaptarse a la nueva realidad que vivimos”, ha indicado, en relación a las quejas de vecinos, alcaldes, empresarios y organizaciones ecologistas. El secretario de estado no ha querido pronunciarse sobre el alcance del expediente sancionador, que se ha iniciado tras la denuncia de una veintena de municipios.

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