La Junta aprueba el primer trámite para crear la agencia autonómica de lucha contra el fraude y la corrupción

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior abre hoy, en el Portal de Gobierno Abierto, la consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de ley destinado a la creación de una agencia responsable de la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción en Castilla y León. Uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. El vicepresidente Francisco Igea ha informado este jueves, en la reunión posterior al Consejo de Gobierno, de los objetivos y del alcance de la iniciativa que se plantea desde la consejería que dirige. 

La principal finalidad que se persigue con esta nueva ley es “abarcar cualquier irregularidad en la toma de decisiones y el manejo de fondos y recursos públicos mediante la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.” Asimismo, no solo se persigue una adecuada gestión pública sino también una correcta utilización de fondos públicos por parte de quienes los reciben, ya sean entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas.

Desde una perspectiva de la prevención contra el fraude y la corrupción, la norma ha de facilitar la creación de alertas y mapas de riesgos o cualquier otro método preventivo que ayude a detectar amenazas y posibles riesgos de fraude y corrupción; y sancionar tales conductas cuando sean demostradas.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior considera indispensable “la implicación de los empleados públicos y de los ciudadanos, y para ello es imprescindible adoptar medidas que proporcionen protección a los posibles denunciantes ante posibles represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada”.

Así, la Junta de Castilla y León quiere abordar de forma integral la lucha contra el fraude y la corrupción al incorporar las estipulaciones de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. De este modo, con el procedimiento participativo para la aprobación de este nuevo anteproyecto de ley -que se inicia hoy y estará disponible hasta el 22 de noviembre- se podrán considerar e incorporar las aportaciones realizadas durante el pasado mes de septiembre, cuando se habilitó la fase de información pública de la modificación de la citada ley de 2016.