Mañueco, un presidente rehén de Vox

De la tormenta política nacional desatada la pasada semana a raíz de las palabras dirigidas durante el pleno de las Cortes por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a la procuradora Noelia de Frutos conviene distinguir dos aspectos: el bochornoso episodio en sí y la tardía y engañosa reacción del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

El episodio en sí es sobradamente conocido. “Le voy a responder sin condescendencia, como si fuera usted una persona como todas las demás”, le espetó García-Gallardo a De Frutos, persona con una severa discapacidad física. La expresión “como si fuera usted una persona como todas las demás” denotaba una vejatoria concepción de la discapacidad que no iba a pasar inadvertida ni para la oposición ni para la opinión pública.

García-Gallardo, máxima cabeza visible de Vox en Castilla y León, podía haber zanjado el asunto al momento, simplemente retirando esas palabras y pidiendo perdón por las mismas a la procuradora y por extensión a todas las personas afectadas por alguna discapacidad. Pero no lo hizo. Por el contrario, se ratificó en todo lo dicho, contribuyendo así a que su “ex abrupto” alcanzara rápidamente dimensión nacional. Esa misma tarde Núñez Feijóo tomaba posesión de su escaño en el Senado, donde, preguntado sobre el episodio, escurría el bulto incurriendo en el lapsus de calificar como “sorprendente” algo que a la vez decía desconocer.

Mientras tanto, como si la cosa no fuera con él, el presidente de la Junta mantenía durante toda la jornada siguiente un ominoso silencio. “Yo apoyo a la Junta de Castilla y León, que para eso soy el presidente”, es lo único que acertó a decir preguntado en los pasillos de las Cortes sobre su apoyo al vicepresidente. Su reacción no llegó hasta el jueves y no vino motivada por el aluvión de críticas políticas suscitadas por el “ex abrupto” de García-Gallardo, sino tras comprobar el enorme malestar expresado por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, la Confederación Española, el CERMI o ASPAYM, que habían deplorado públicamente las palabras del vicepresidente y exigían una rectificación.

“Si alguna persona o alguna entidad, del tipo que sea, se ha podido sentir molesta u ofendida por cualquier cosa que haya hecho el Gobierno de Castilla y León, yo le pido respeto y le pido también disculpas y perdón”, decía Fernández Mañueco el jueves. Unas palabras en las que se alude a la Junta de Castilla y León en genérico, sin citar para nada -y por tanto sin desautorizar- al vicepresidente. Y ello cuando García Gallardo seguía considerando que no tiene nada de qué disculparse, se ratificaba en todo lo dicho desde el banco azul y se presentaba como víctima de una manipulación informativa en su contra.

Una vicepresidencia al servicio exclusivo de Vox

De toda la secuencia anterior, se extrae nítidamente una conclusión: el presidente de la Junta es incapaz de ejercer su autoridad sobre el vicepresidente, quien, considerándose un poder autónomo, actúa como un elemento incontrolado que no reconoce más disciplina que la de su propio partido. Dicho de otra forma: Mañueco se ha convertido en un rehén de Vox.

Aunque el episodio del pasado pleno de las Cortes haya alcanzado singular trascendencia mediática, García-Gallardo no ha asumido en ningún momento el carácter institucional de su cargo y el marco del pacto de gobierno alcanzado con el PP. Desde el minuto uno ha venido actuando como un fanático activista de Vox empeñado en propagar desde la vicepresidencia los excluyentes postulados ideológicos de su partido. Si ya de por sí ello supone difundir el discurso del odio y emponzoñar la convivencia política, el estilo agresivo y faltón del vicepresidente exacerba la crispación hasta extremos insoportables.

Lo ocurrido, sin ir más lejos, el lunes pasado con ocasión de su comparecencia parlamentaria en Comisión supuestamente para presentar el programa de la vicepresidencia fue un completo reflejo de lo anterior. Desde su delirante alusión a una inexistente educación social que enseñaría posturas sexuales a niños de seis años al ataque “ad hominen” a un procurador por las colonoscopias que realiza en su trabajo, pasando por su identificación con las políticas de húngaro Viktor Orbán en materia de familia. Un absoluto disparate.

Como sería para que el portavoz del PP en la comisión, José Luis Sanz Merino, se viera obligado a reprocharle la confusión entre su “rol” de vicepresidente de la Junta y su condición de dirigente de Vox. Una intervención en la que volvió a arremeter contra las Autonomías, “un lujo que no nos podemos permitir”, en alusión al despilfarro y gasto superfluo. ¿Cómo es posible que el titular de una vicepresidencia sin ninguna competencia ejecutiva, que ha supuesto la creación de cuatro nuevos altos cargos a costa del erario, tenga la desfachatez de seguir manteniendo este discurso?

En este punto concreto a García-Gallardo le ha salido respondona nada menos que Isabel Díaz Ayuso, precisamente la lideresa del PP más próxima a Vox. Ayuso ha calificado de “barbaridad” el cuestionamiento del Estado autonómico por parte quien ocupa un cargo en el mismo y además carente de responsabilidades. Con su réplica a García-Gallardo la presidente madrileña dejaba en evidencia a Fernández Mañueco, quien escucha impasible ese disolvente discurso del vicepresidente de su gobierno. [A todo esto, el coste de la vicepresidencia sin cartera sigue engordando, ya que a los sueldos de los cuatro altos cargos que integran su estructura hay que añadir el de los asesores nombrados a dedo a su servicio, el último de ellos el periodista Antonio José Candel, quien el pasado viernes agradecía en Twitter “el privilegio de poder contar con la confianza del vicepresidente Juan García Gallardo”.  A la nómina de 43 asesores a dedo designados hasta el momento se han sumado por parte del PP otros dos apellidos ilustres: David Villanueva, sobrino del malogrado ex vicepresidente de la Junta, y Alberto Fernández Barderas, hijo del “excasitodo” José Manuel Fernández Santiago].

En su discurso de investidura, el presidente de la Junta aseguró que su gobierno actuaría “como una piña” y con una “voz única”. Y ha bastado poco más de un mes para comprobar que de “piña” nada y de “voz única” todavía menos. El vicepresidente solo ve por los ojos de Vox y además se permite opinar en nombre de toda la Junta cuando le viene en gana. Y el socio minoritario, que ya impuso su agenda ideológica en el pacto de gobierno, eclipsa la gestión política impulsada desde las siete consejerías en manos del PP.

En previsión de que algo así pudiera ocurrir, se entiende que Núñez Feijóo no quisiera bendecir con su presencia un pacto político altamente tóxico para el PP. Y se comprende que Juan Manuel Bonilla se muestre espantado ante lo que está deparando la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León. “Me sorprende el uso del ex abrupto como arma política”, ha dicho el presidente andaluz a propósito del episodio. 

Castilla y León se había constituido en un banco de pruebas sobre la participación de un partido de ultraderecha en el gobierno de una comunidad autónoma. Y en muy poco tiempo García-Gallardo ha despejado la incógnita. Lejos de asumir su papel de socio minoritario, atenerse al marco pactado con el PP y respetar la institucionalidad democrática, Vox viene anteponiendo desde el primer día su ideario ultra como si dispusiera por si misma de mayoría absoluta y en la práctica no reconoce la autoridad del presidente de la Junta, el único facultado por el Estatuto de Autonomía para coordinar y dirigir la acción de gobierno.

Una infamia democrática 

El responsable de esta anomalía democrática no es otro que el propio Alfonso Fernández Mañueco, quien desde el primer día ha consentido el secuestro partidista de la vicepresidencia de la Junta al servicio exclusivo del discurso y de los intereses espurios de Vox. Tras la “gallarda” agresión intelectual a la procuradora De Frutos, toda España ha podido comprobar lo que en Castilla y León venía siendo manifiesto: el presidente Fernández Mañueco se ha convertido en la práctica en un rehén de Vox, partido erigido como un poder autónomo dentro de la Junta que no reconoce otra autoridad que la de Santiago Abascal.

Esta aberración democrática no puede ni debe mantenerse un día más. Por su propia dignidad y de la institución, Mañueco está obligado a restablecer la normalidad democrática en el gobierno de Castilla y León. Que no es otra cosa que ejercer su autoridad reconviniendo al vicepresidente para que se abstenga de utilizar su cargo de forma sectaria y partidista, se atenga estrictamente a sus responsabilidades y al pacto de gobierno y se comporte con el mínimo decoro y respeto que exigen las instituciones democráticas. Y si es incapaz de contener su agresividad verbal fascistoide y matonista, que lo haga desde otros foros y aclarando que habla exclusivamente como dirigente de su partido.

El discurso y los modos de García-Gallardo justificarían plenamente el “cordón democrático” que el PP nunca ha querido aplicar a Vox. Pero una vez franqueada su entrada al gobierno autonómico, el partido mayoritario no puede convertirse en rehén de la ultraderecha. Una formación que obtuvo el 17% de los votos en las elecciones autonómicas no puede tener amedrantado al partido que las ganó con más del 31%. Mañueco tiene que poner pie en pared, imponer su autoridad y dejar de ser rehén político de una formación extremista que ya de entrada abomina del régimen de Autonomías. Semejante infamia no puede prolongarse ni un día más.