Castilla y León elimina más de 20 millones de euros dirigidos al Diálogo Social para prevención, orientación y mediación
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo va a reducir en algo más de 20 millones de euros las diferentes partidas destinadas al Diálogo Social, al eliminar seis millones de euros en subvenciones para prevención de riesgos laborales, la mediación del SERLA, así como la “reorientación” de los doce millones de euros que hasta ahora se destinaban a los planes de orientación laboral (PROA). Así lo ha detallado este martes el consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes para explicar las cuentas de su departamento para el año 2023.
Un año en el que, ha señalado, Castilla y León estará “en recesión técnica” y que ha reconocido, como un periodo “desalentador” por “culpa” del “gobierno social-comunista que tan profundas y duraderas heridas está causando a la economía nacional y en los bolsillos de todos los españoles”.
También, ha culpado al “fanatismo climático” de la “rápida desaceleración económica” y del incremento del coste energético. Sus presupuestos, ha indicado, serán “un instrumento estratégico” para “combatir la deriva económica impuesta desde Moncloa y de seguidismo suicida del fanatismo climático”. Por el contrario, el objetivo del gobierno de “coalición de centroderecha es la creación de empleo y la lucha contra la despoblación”.
Diálogo Social
El consejero ha detallado que la partida para la Dirección General de Riesgos Laborales se reduce un 38,9 por ciento, hasta alcanzar los 26,5 millones de euros que responde “a una gestión más eficiente y eficaz” de los créditos destinados a las políticas de prevención de riesgos laborales y relaciones laborales.
Esta “reorientación” del gasto supérfluo, tal y como la ha definido Veganzones, supone la reconversión de las partidas dirigidas a subvenciones de sindicatos a actividades en materia de prevención y que se concretan en seis millones de euros menos para las acciones de prevención de riesgos, llevadas a cabo hasta ahora por estas organizaciones. “Vamos a hacer mucho más, con menos”, ha remarcado el consejero.
Del mismo modo, ha indicado que “por primera vez” se van a llevar a cabo acciones de prevención de riesgos laborales más allá de “visitas carísimas y sin ninguna eficacia”. Así, ha explicado que se destinarán a esta materia 2,8 millones de euros, que supondrán que las visitas a empresas no las realizarán los sindicatos, sino la propia administración.
Al respecto, ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press, que resultaba “carísimo”, dado que cada visita de los sindicatos, según el consejero, costaba 800 euros. “Es más adecuado emplear el dinero para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos laborales, que hacer un asesoramiento estéril y caro”.
Del mismo modo, las cuentas de Industria, Comercio y Empleo eliminan la asignación de doce millones de euros del programa de orientación laboral PROA, gestionado por sindicatos y patronal, y la destinan a programas de formación “con compromiso” de contratación, formación a la carta y formación en la empresa en alternancia con el trabajo“.
“Lo que no vamos a hacer es dejar la orientación en manos de los sindicatos”, ha remarcado, para añadir que no van a destinar dinero a programas “de escasa o nula eficacia y que nacieron como subvención directa y que su mayoría recaían en manos de los de siempre”.
Serla
Del mismo modo, Veganzones ha anunciado también la eliminación del casi millón de euros que destinaba la Administración al SERLA, que se enmarca dentro del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en los que, ha recordado, “no está la Administración”. Este servicio, ha insistido, también lo presta la Junta de forma “público, gratuito, eficiente y eficaz”, frente al coste que ha estimado del SERLA de 160 euros.
También, ha señalado que recibirán 1,9 millones de euros, un 50 por ciento menos (dos millones menos), para el fomento de su participación institucional.
Durante su intervención, Veganzones ha mostrado su intención de alcanzar “nuevo consensos” para reforzar el Diálogo Social pero, a continuación, ha asegurado que “no debe ser un fin en sí mismo”, sino en la medida en la que la sociedad civil participa en la gobernanza porque, ha argumentado, los ciudadanos han elegidos a sus representantes y son ellos los que han de gobernar. “El Diálogo Social no debe coaccionar la responsabilidad del Gobierno”. “Este gobierno es digno y legítimo representante de la mayoría social”, ha remachado.
“No vamos a consentir que coarten las decisiones bajo amenazas de ruptura de la paz social, ni vamos a someternos al chantaje constante de la financiación de las organizaciones sindicales, ni vamos a permitir que nos impongan con quién podemos dialogar”, ha advertido Veganzones.
Garoña
Al mismo tiempo, Veganzones ha anunciado una partida de 200.000 euros para la elaboración de un estudio externo para la promoción de la industria nuclear en Castilla y León para “asumir el liderazgo en España” del “necesario renacimiento” de la industria nuclear.
En este sentido, ha recordado que el mercado de reactores tipo SMR se prevé que alcance un volumen mundial de 300.000 millones de euros, por lo que el efecto tracto de la instalación de una central de este tipo en Garoña y en otras como La Robla o Velilla, “puede dar lugar a un gran salto cualitativo de la industria en el ámbito de los grandes bienes de equipo”.
Presupuestos que “atentan” contra el empleo
La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Palomo, ha calificado este martes el proyecto de Presupuestos de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de “ilegales”, “antiestatutarios” y de “atentado” contra el empleo.
Según Palomo, la comparecencia ha estado plagada de “mentiras” en lo presupuestario y de “muchas verdades” en lo ideológico. “Ahí ha mostrado su verdadera cara”, ha aseverado Palomo, para añadir que “darle un uniforme y un arma a un desalmado es un atentado contra la sociedad y dar 445 millones de euros a Veganzones para que gestione es un atentado contra los castellanoleoneses”.
En este sentido, el consejero ha reconocido que “todos los presupuestos son ideológicos”, pero “más que los de Moncloa no hay”, al tiempo que, en su respuesta a Vox, ha asegurado que la eliminación del gasto superfluo de la Administración supera los 30 millones de euros, repartido entre lo que se ha reducido este año 2022 y los 20,5 que recogen las cuentas para 2023.
Palomo ha explicado que estos presupuestos van en contra del artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, que blinda el Diálogo Social, que ha sido referente en Castilla y León y que el consejero “ha destrozado”.
Además, los ha considerado “ilegales” porque se saltan la Ley 8/2008, que recoge consignación presupuestaria para garantizar el funcionamiento de agentes sociales y patronal como “dinamizadores” y ha culpado también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de ello por consentirlo.
En este sentido, el consejero ha negado esta ilegalidad porque, según ha explicado, se habla de “representantes”, no de “las organizaciones sindicales más representativas”“. ”No nos hemos salido nunca del marco del Diálogo Social, lo que no pueden hacer es criticarnos porque reunirnos con otros representantes. Siempre hemos respetado la ley porque somos el partido de la ley y el orden“, ha remachado.
Finalmente, la socialista ha incidido en que estas cuentas “destrozan las políticas activas de empleo” y “van en contra de todos y de las mujeres”. “Mañueco le ha dado la gorra de consejero a un señor que es su brazo ejecutor”.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado la comparecencia de “discurso delirante” plagado de “negacionismo, trumpismo y toda clase de barbaridades”. Incluso, ha comparado al consejero como “ un gremlin pasado por la ducha”.
También, ha criticado que se destinen 200.000 euros para un estudio de viabilidad de energía nuclear cuando la Comunidad “no tiene competencias” sobre ello, mientras que el consejero ha insistido en que “Castilla y León tiene la oportunidad de coger el tren del futuro y que todos los científicos apuestan por esta energía”.
En su intervención, la procuradora de Soria ¡Ya! Vanesa García ha calificado las cuentas de “corta y pega” de las anteriores, al tiempo que ha censurado que no luchan contra la despoblación, ni tienen nada que indique discriminación positiva para las zonas más desfavorecidas.
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