CCOO y UGT denuncia en Fiscalía la convocatoria de la subvención ilegal de la Consejería de Empleo

CCOO y UGT de Castilla y León han pedido a la Fiscalía Provincial de Valladolid que investigue “la convocatoria excepcional” de la subvención directa que corresponde a los agentes sociales por su participación institucional sin que haya una orden que regule en base a qué reciben esa cuantía, las condiciones o cómo se debe justificar, con lo que consideran que es “ilegal y podría ser constitutiva de ilícito penal”.

En un comunicado, los dos sindicatos han concretado este jueves que el pasado martes ya dirigieron el escrito a la Fiscalía ya que entienden que la convocatoria de esa subvención por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que corresponde a Vox en el Ejecutivo autonómico, “incumple la Ley de Subvenciones estatal y la Ley de Subvenciones regional, así como la Ley autonómica 8/2008, de Diálogo Social y Participación Institucional”.

La pasada semana, UGT y CCOO explicaron que el director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo, que corresponde a Vox en el Ejecutivo regional, les ofreció que se acojan a una subvención directa de 494.982,50 euros para cada uno de los dos sindicatos sin que exista convocatoria pública, lo que podría ser “objeto de un delito de prevaricación”.

Para CCOO y UGT, “lo que se está produciendo es un ataque a las organizaciones sindicales más representativas por parte de la extrema derecha en el gobierno y los más perjudicados son los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León”.

A su juicio, “el gobierno -autonómico- se está posicionando en contra de los principios legales democráticos”, y así esperan que lo demuestren los tribunales.

Las dos organizaciones han explicado, una vez más, que son quienes democráticamente obtienen la mayor representación en las elecciones sindicales que se realizan en las empresas y en las administraciones públicas, que es lo que les legitima como “más representativas” para defender los intereses de los trabajadores en sus entornos laborales.

UGT y CCOO han recordado que con anterioridad han tenido que denunciar ante los tribunales las malas prácticas el actual ejecutivo autonómico en otras materias de su competencia, como inmigración, prevención de riesgos u orientación para el empleo.

“En esta ocasión actuamos después del proceder de la Consejería de manera sumamente arbitraria y antidemocrática”, han añadido los dos sindicatos, que entienden que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, no les ha dejado “otra salida que la judicialización del conflicto”.

La Junta respeta la decisión

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo ha señalado que la Junta de Castilla y León “respeta” que UGT y CCOO hayan pedido a la Fiscalía Provincial de Valladolid que investigue sobre la convocatoria al entender los sindicatos que es ilegal y podría ser constitutiva de ilícito penal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo ha trasladado que estarán “atentos” y ofrecen “la máxima colaboración” ante cualquier solicitud que se le haga para esclarecer los hechos. “Sí alguien discrepa del procedimiento establecido por los responsables de la Consejería está en su derecho de acudir a los cauces que establece el Estado de Derecho”, ha apuntado.

Carriedo ha defendido que desde la Junta utilizan el procedimiento “más adecuado” siempre pero ha invitado a cualquier que discrepe a acudir a donde estime. El consejero no ha precisado el método empleado en otras convocatorias, aunque sí ha defendido la voluntad del Ejecutivo de hablar con los sindicatos y resto de agentes del Diálogo Social.