PSOE y Vox aprueban iniciar el desarrollo de una ley que limite la instalación de renovables en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la toma en consideración para iniciar la tramitación de la Proposición de Ley presentada por Vox para regular la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en el territorio autonómico, con el objetivo, según el texto, de proteger el paisaje y el patrimonio agrario frente a la proliferación de proyectos. La iniciativa contó con el apoyo de PSOE, UPL-Soria ¡Ya!, Unidas Podemos y el Grupo Mixto.

Solo el PP y los dos procuradores no adscritos optaron por la abstención. Por su parte, la Junta de Castilla y León, con las firmas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de la Presidencia, Luis González Gago, trasladó su “no conforme” a esta toma en consideración y tramitación. Ahora, la iniciativa pasa comisión parlamentaria para la presentación de enmiendas y su posterior debate en pleno, aunque con el escenario electoral marcado en marzo de 2026, su tramitación y aprobación peligra ya que apenas quedan dos meses para que Mañueco disuelva las Cortes y convoque elecciones.

Para defender la toma en consideración de la Proposición de Ley, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha afirmado que Castilla y León necesita de una ley que “ordene y planifique” el desarrollo de las energías verdes, evitando “la invasión descontrolada de molinos y placas solares” que, a su juicio, “pone en riesgo la actividad agrícola, ganadera y el paisaje de Castilla y León”.

Menéndez ha matizado que su partido “no está en contra de las renovables”, pero sí del modo en que se están implantando en la Comunidad: “Esto no es un capricho, es una exigencia democrática. Castilla y León merece un desarrollo ordenado, equilibrado y respetuoso con su gente”.

El texto de Vox propone suspender durante un año los procedimientos administrativos vinculados a la declaración de utilidad pública de las nuevas instalaciones energéticas —excepto las de autoconsumo o las que ya estén avanzadas— hasta que la Junta elabore un mapa que defina las zonas compatibles con la implantación de estos proyectos.

“No conformidad” de la Junta y abstención del PP

Antes del debate, el pleno conoció el informe de “no conformidad” de la Junta, que se opone a la tramitación de la norma al considerar que supondría un impacto económico negativo. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, el frenazo a las instalaciones en curso podría provocar indemnizaciones por lucro cesante superiores a 368 millones de euros, una pérdida recaudatoria de unos 16 millones y una merma de 300 millones en ingresos ligados a proyectos en tramitación.

La procuradora del PP, Lorena de la Fuente, ha defendido estos argumentos para advertir de las “graves consecuencias” que tendría la iniciativa y ha acusado a Vox de mantener “una pinza” con el PSOE, por apoyar esta tramitación, al igual que con la Ley de Publicidad Institucional.

“Van de la manita con los socialistas para paralizar la economía del medio rural”, ha señalado para remarcar lo “contradictorio” que es que Vox promueva esta ley en Castilla y León mientras el PP aprobó una medida similar en La Rioja y acusó a la derecha radical populista de actuar movidos por intereses electorales.

PSOE: “Sí a las renovables, pero no así”

Por parte del PSOE, la procuradora Virginia Jiménez ha reprochado el “oportunismo” de Vox, aunque ha admitido que la iniciativa coincide con los postulados de su partido —algo con lo que también ha ironizado Francisco Igea—.“Decimos sí a las renovables, pero no así. No se trata de frenar, sino de gobernar el proceso con planificación, criterios claros y seguridad jurídica”, ha explicado.

Jiménez ha afirmado que el Gobierno autonómico “lleva años improvisando” y ha instado a que sea la propia Junta la que elabore una normativa que evite conflictos, especulaciones y desequilibrios territoriales además de que la transición energética deba ser “justa e inclusiva” y no suponer un perjuicio para agricultores y ganaderos.

La procuradora ha vinculado la falta de control con la“trama eólica”, que ahora está siendo juzgada en Castilla y León. Esta ausencia de planificación “abre la puerta a la corrupción y al negocio fácil”, ha agregado. “No frenamos las energías limpias, frenamos el descontrol y la dejadez del Gobierno autonómico”, ha remachado para marcar la posición de Grupo.

Igea asegura que Castilla y León necesita decidir “si gobierna la Junta o las grandes compañías eléctricas”

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, también respaldó la propuesta al considerarla “muy razonable”, y aprovechó para recordar su etapa en el Ejecutivo autonómico: “Castilla y León no necesita seguir aumentando su generación eléctrica. Lo que necesita es decidir quién gobierna de verdad, si la Junta o las grandes compañías eléctricas”. El portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, respaldó la tramitación al considerar “necesario” debatir sobre la saturación de proyectos energéticos, aunque advirtió que las renovables “no pueden convertirse en la solución para todo”.

En la misma línea, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, apoyó la iniciativa de Vox, que ha calificado de “razonable”— al entender que Castilla y León “no puede seguir siendo el pagano energético de España”. “Renovables sí, pero no así”, ha afirmado, reclamando una planificación “ordenada y justa” que evite que el territorio “se convierta en un vertedero de molinos y placas al servicio de las grandes eléctricas”. Fernández ha ironizado al referirse a los dirigentes de Vox como “arrepentidos”, recordando que “fueron cómplices de esta política cuando gobernaban con el PP”, y ha preguntado a Vox si “seguirán sosteniendo a Mañueco, el lacayo de Iberdrola”, en la próxima legislatura.