Los informáticos de la Junta de Castilla y León denuncian su precariedad y alertan de la seguridad de datos

La Asociación de Personal Informático de la Administración de Castilla y León (APIACyL) ha llevado este martes sus protestas ante las Cortes de Castilla y León para denunciar sus precarias condiciones laborales, con un “abandono total” por parte de la Junta, a pesar de la importancia de la seguridad de los datos sanitarios y de todo tipo que manejan.

Representantes de esta asociación han subrayado que de su trabajo dependen gestiones importantes vinculadas a la seguridad informática de citas médicas, expedientes y funcionamiento educativo, completar trámites administrativos y el cumplimiento de la ley en materia de seguridad e interoperabilidad por parte de la administración autonómica.

En este sentido, además de reclamar un cambio en su vinculación laboral con la Administración autonómica, para pasar a ser personal funcionario y no personal laboral, los informáticos han alertado de que la “externalización total de algunos proyectos empieza a dejar exclusivamente en manos de empresas privadas los datos de los ciudadanos, su seguridad y su tratamiento sin supervisión desde la informática corporativa”.

“El abandono es total desde el siglo pasado y mantenemos los sistemas como buenamente podemos con una carga masiva creciente en estos 25 años con los mismos recursos, sin coordinación de servicios de informática, sin Plan TIC, con la misma plantilla y más envejecida”, han subrayado.

En este sentido, la asociación reivindica el desarrollo de un Plan Director que organice la informática de la Junta de forma adecuada, para dejar definidas funciones, estrategias y recursos.

Otras de las reivindicaciones de esta asociación son el aumento de la plantilla para sumir el incremento de la carga de trabajo y la convocatoria de plazas, ya que las bolsas de empleo están vacías y las plazas temporales se cubren a través de ofertas del Servicio Público de Empleo Ecyl, en procesos en los que aseguran que “no se respetan los principios de mérito, capacidad e igualdad”.