La Junta de Castilla y León dice ahora que sólo licitará un estudio para reabrir la central de Garoña si hay un promotor interesado

Han bastado siete días para que la Junta de Castilla y León se desmienta a sí misma. Si el pasado 14 de septiembre anunciaba la licitación de un estudio para comprobar la viabilidad de reabrir la central nuclear Santa María de Garoña como una central de última generación, este jueves 'aclaraba' que sólo se lo plantearía si había algún promotor interesado. Así lo explicó el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El entuerto, del que ninguno de los dos partidos que gobiernan en coalición, da razones, empezó con Vox. El vicepresidente, Juan García-Gallardo decidió hacer una visita institucional a la central nuclear, inactiva desde 2012 y en proceso de desmantelamiento. En ese momento, desde la propiedad, Nuclenor, se le trasladó claramente que “transcurridos más de 5 años desde la declaración de cese definitivo de la central, ejecutadas las desconexiones y desmontajes durante estos años para avanzar en el desmantelamiento, y teniendo en cuenta las autorizaciones, los muy elevados costes y plazos requeridos que serían similares a los de una nueva autorización, no sería viable la reapertura de la central”. Sin embargo, García-Gallardo, que había citado a la prensa a la salida de la central, aseguró que, aunque no era fácil, la Junta licitaría un estudio para abordar la viabilidad de su reapertura. Añadió además, a preguntas de los periodistas, que la Junta estaba al tanto de esa decisión. Y horas después, la Junta, efectivamente, refrendaba al vicepresidente con la nota de prensa.

La Junta desechó las opiniones que advertían que no se podía licitar un estudio para favorecer a una empresa privada y que además carecía de competencias para decidir sobre la reapertura de una central nuclear. Convencido estaba el gobierno autonómico hasta el pasado miércoles, momento en el que había que aprobar una Proposición No de Ley de Vox para la reapertura de Garoña y para la licitación del estudio. Lo que pasó esa mañana en los despachos no se ha explicado, lo cierto es que Vox presentó la PNL para a continuación autoenmendarse y pedir a la Junta que inste al Gobierno de España a realizar un estudio para abrir una planta nuclear nueva en el Valle de Tobalina, misma zona en la que está Garoña. Desde la Junta, miran para otro lado y no dicen claramente que anunciar la licitación que pretendía García-Gallardo había sido un error.

Carriedo ha insistido en que la postura de la Junta “no ha cambiado”. “Nos pareció inadecuado el cierre precipitado de las minas, de las térmicas y de las central nuclear de Garoña”, ha respondido, Según el portavoz, esos cierres provocaron la subida de la factura de la electricidad, por lo que pide que “la tecnología prime sobre la ideología”. Carriedo no ha valorado que Vox diese por buena la posibilidad de reabrir Garoña a pesar de la negativa de Nuclenor, es más, ha insistido que es el promotor quien tiene que pronunciarse -y lo ha hecho- a pesar de que en este caso quien lo hizo fue García-Gallardo.

“Quien tiene que presentar un proyecto de una iniciativa concreta es un promotor, nuestra obligación es estar al tanto, la Junta no va a sustituir la figura del promotor”, ha insistido.